El reconocimiento del Congreso de los Diputados a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela ha desatado una crisis diplomática entre ambos países, y ha puesto al descubierto el creciente número de españoles e hispano-venezolanos presos en las cárceles del régimen de Nicolás Maduro. Son once hombres y cinco mujeres, incluidos dos turistas vascos recientemente acusados de ‘terroristas’.
Al respaldo parlamentario se sumó la “cálida acogida” que dio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, a González Urrutia en La Moncloa. «El encuentro demostró el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos», publico Sánchez en sus redes sociales.
Mientras se agitan las tensiones diplomáticas entre ambos países –con amenazas de ruptura de relaciones de Venezuela y la exigencia de publicar las actas electorales a Maduro por España y la Unión Europea– las detenciones arbitrarias de nacionales y españoles llenan los calabozos venezolanos.
Los casos más recientes son los de José María Basua Badovinos, de 35 años de edad, y Andrés Martínez Adasme, de 32, que planeaban visitar los atractivos naturales de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas. Fueron arrestados y acusados por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, de tener «vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia» español. Aseguró que ambos junto con figuras de la oposición que estarían preparando un plan para asesinar a Maduro.
“El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de otro organismo estatal”, informaron desde el Ministerio de Exteriores de España. Entretanto, el Foro Penal venezolano, una organización que defiende los derechos humanos, resalta el salto exponencial de arrestos en las últimas semanas. Y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU observó «una modalidad más dura y violenta» de represión en el país.
Venezuela tiene 16 españoles presos
Antes de las elecciones del 28 de julio había 305 presos políticos, actualmente hay 1.808. De los cuales, 1.748 son adultos y 60 adolescentes, el mayor número de detenciones en la historia de Venezuela en el siglo XXI. En ese elevado número se encuentran 16 ciudadanos españoles.
La detención de Basoa y Martínez se produjo luego del anuncio del resultado que no coincide con las actas de votación. Además de los dos turistas vascos otros seis hispano-venezolanos fueron encarcelados.
Entre los presos españoles en las cárceles de Venezuela hay figuras como Jorge Alayeto, empresario detenido en 2017 y gravemente torturado. María Auxiliadora Delgado, encarcelada por su relación familiar con un militar acusado de conspiración. Ángela Expósito, por cuidar los perros de otros presos políticos.
Igualmente, Karen Hernández, señalada de formar parte de la Operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020, y el estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, el capitán que liberó a Leopoldo López.
El régimen venezolano apresó este año a Rocío San Miguel, conocida activista, a su exmarido Alejandro González y al empresario Ricardo Albacete, cercano a María Corina Machado. Todos acusados de conspirar contra Maduro. Las «pruebas» en su contra han generado indignación entre familiares y defensores.
«En pocas semanas se ha duplicado la cifra de presos españoles en Venezuela. Es muy grave”, afirmó Verónica Noya, hermana de Fernando y al frente de una plataforma pro libertad de presos.
¿Rehenes para negociaciones políticas?
Desde que se conoció la detención de los dos turistas vascos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. Su silencio contrasta con otras situaciones similares, como la detención de españoles en Irán, donde Albares intervino rápidamente. La falta de información sobre contactos diplomáticos con el régimen de Maduro preocupa a los familiares de los españoles presos, que enfrentan condiciones inhumanas y carecen de atención consular. Algunos no han recibido visitas de sus abogados ni han podido acceder a sus derechos básicos. Las detenciones políticas en Venezuela implican el traslado a la prisión del Helicoide con un alto índice de torturas, asesinatos y muertes no explicadas.
“Es fundamental que el Gobierno español incremente la presión diplomática sobre Venezuela y exija la liberación inmediata de los presos españoles», asentó Noya.
Ernesto Pascual, profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya se refirió a las posibles causas de las detenciones. “Se trata de un aviso a navegantes para España ante un eventual reconocimiento de Edmundo González: ‘Si me complicáis la política interior, yo puedo complicar la vida de vuestros ciudadanos en nuestro país”.
En los últimos dos años, Estados Unidos ha logrado intercambiar a varios de sus ciudadanos detenidos en Venezuela por figuras cercanas al régimen chavista. Preocupa que los presos españoles sean utilizados como rehenes para negociaciones políticas.
Represión consciente y planificada
La Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas elaboró un informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. Indicó que las autoridades venezolanas llevaron de manera «consciente y planificada» acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, impedir las protestas pacíficas e inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas
«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia», afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU.
Añadió que la protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron otro hito en el deterioro del Estado de derecho. «Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo», destaca.
El informe precisa que la «represión a las manifestaciones ha generado un clima de miedo generalizado en la población que forma parte de una política para silenciar, desalentar y anular la oposición».
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello. Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada «Tun Tun» -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes, especialmente de los barrios pobres.
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