Escapando de las hostilidades de su país, decenas de miles de venezolanos pasaron las fronteras en busca de mejores condiciones de vida. Hoy, están de vuelta, ante la estrechez de empleos a causa de la paralización económica por la pandemia. Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins denuncian el «trato abusivo” del régimen de Venezuela al hacerles cumplir la cuarentena en condiciones insalubres.
Estos venezolanos llevan tiempo deambulando entre incertidumbres, amenazas y sinsabores en la búsqueda de un refugio. Cargando con niños y mayores, con necesidades y limitaciones, y un mundo de ilusiones donde reposar los sueños de un futuro lleno de oportunidades.
A su regreso se encuentran atrapados en un nuevo laberinto que, a momentos, parece no tener salida. Estas organizaciones denuncian “las condiciones insalubres a las que las autoridades venezolanas someten a cerca de 130.000 personas que han vuelto de otros países. Con escasos alimentos, agua y atención médica. En circunstancias de hacinamiento que probablemente aumentará la transmisión de la COVID-19 en el país».
Human Rights Watch y los Centros Johns Hopkins precisan que “algunos retornados que protestaron por dichas condiciones fueron amenazados con ser detenidos”.
Además, señalan que a muchos se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena “durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la OMS debido a demoras en las pruebas de diagnóstico y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo”.
Venezuela: cuarentena sin condiciones
A los múltiples obstáculos que arrastran estos migrantes venezolanos, se suma esta cuarentena alargada en el tiempo y en sitios superpoblados. Caldo de cultivo para acrecentar los contagios y las amarguras.
Entre junio y septiembre, Human Rights Watch entrevistó a 76 personas, incluyendo a 23 retornados (entre ellos, 10 mujeres y 13 hombres) procedentes de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos. También a periodistas, personal humanitario, representantes de organizaciones no gubernamentales y residentes de zonas a las cuales llegan retornados.
La ONG, dedicada a la defensa de los derechos humanos, analizó información proporcionada por organizaciones internacionales y venezolanas. Vídeos de declaraciones de funcionarios gubernamentales y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud venezolano. Una investigadora de los Centros Johns Hopkins participó en algunas entrevistas y analizó documentos del Ministerio de Salud.
Al 12 de octubre, refirió HRW, Venezuela había confirmado 83.137 casos positivos y 697 muertes por esta enfermedad. “Es muy probable que la cifra real sea mucho mayor”, señaló.
El informe de HRW recoge que la mayoría de los retornados que fueron entrevistados indicó que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación. Muchos también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad. Afirmaron que tuvieron fuertes dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y fórmula para niños.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de cuidar de aquellos que están en centros de cuarentena y está obligado a atender sus necesidades básicas. Las condiciones que describieron los retornados en algunos centros no cumplen con sus necesidades básicas, y, en algunas instancias, su gravedad podría constituir trato degradante. Este hecho está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes”, resumió la ONG.
El Proceso de Quito y la protección a los venezolanos
Desde 2014 más de 5 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos.
Como consecuencia de las medidas de confinamiento y la afectación económica de países de América Latina, muchos se han regresado a Venezuela sin poder tener un trabajo estable. Sin siquiera contar con ingresos mínimos para sobrevivir en las naciones que le dieron acogida.
Alrededor de 130.000 venezolanos han regresado en medio de la pandemia y atravesando difíciles circunstancias. Human Rights Watch dice que esta situación, agravada con el “trato abusivo” del régimen de Venezuela durante la cuarentena, “debe ser abordada con urgencia” por los ministros de Relaciones Exteriores de la región cuando se reúnan el 19 de este mes por el Proceso de Quito.
Los Gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito en 2018 con el propósito de proponer una respuesta común al éxodo venezolano. En esta cita los países miembros deben expresar su compromiso con proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios. Al mismo tiempo, sugiere HRW, deben considerar la adopción de un régimen de protección temporal de alcance regional, que les otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período determinado de tiempo en sus territorios.
El Proceso de Quito también debe fomentar la protección de los derechos de los retornados y exigir al Gobierno de Venezuela que ponga fin a las condiciones abusivas de cuarentena. Inclusive, que busque alternativas como el confinamiento domiciliario, cuando sea viable.
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