En la continuidad de su hostigamiento a personas, organizaciones e instituciones que defienden la democracia y los derechos humanos, el repudiado régimen de Daniel Ortega inició en el segundo trimestre de 2022 una escalada de persecuciones contra líderes de la Iglesia Católica. Tras varios meses de tribulaciones orquestadas por las autoridades de Nicaragua, llevaron a juicio este 10 de enero al obispo nicaragüense Rolando Álvarez. Acusado de conspiración y propagación de noticias falsas.
Álvarez preside la diócesis del departamento norteño de Matagalpa y desde agosto, el régimen ha ejercido contra él, su parroquia y la Iglesia, ataques y acosamientos públicos y privados.
En una audiencia realizada en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua y en medio de denuncias de graves irregularidades en el proceso, se remitió la causa del obispo a juicio. Álvarez fue presentado sin sus vestimentas religiosas, según imágenes difundidas por el Poder Judicial. Además, se omitió su condición de obispo.
El prelado está acusado de «conspiración para atentar contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información. Y en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense».
La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar y decidió mantener al Monseñor Álvarez bajo arresto domiciliario. Asimismo, “admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio. Sin precisar fecha”, indicó el tribunal.
También se mantiene una orden de detención contra el sacerdote Uriel Antonio Vallejos. El organismo judicial informó que ha pedido nuevamente a la Interpol que ordene la captura del padre, quien se exilió antes de ser apresado por los mismos delitos que recaen sobre el obispo. Vallejos es párroco de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia de la ciudad de Sébaco.
Régimen de Nicaragua envía a juicio al obispo Rolando Álvarez
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) este 10 de enero es una fecha “trágica” para el país. Se instaló la dictadura de Daniel Ortega-Rosario Murillo. Se cumplen 45 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Además, el régimen de Nicaragua escogió esa fecha para “la más infame de las acusaciones” en contra del obispo Rolando Álvarez.
Álvarez se convirtió en 2022 en el primer obispo de la Iglesia católica enjuiciado políticamente bajo el régimen de Nicaragua. Es una de las voces proféticas de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Reconocido por su labor pastoral en el norte del país y su defensa de los derechos humanos frente a la opresión estatal.
El hostigamiento contra el monseñor data desde 2018. Pero los últimos episodios ocurrieron en 2022, antes de que la policía lo secuestrara. Entre mayo y agosto de ese año, Álvarez fue objeto de agresiones por parte del régimen. Finalmente lo sitiaron en la Curia de Matagalpa desde el 4 de agosto, junto a ocho sacerdotes y colaboradores.
Fue capturado el pasado 19 de agosto en su ciudad, Matagalpa (la séptima más grande del país, en el centro), tras cinco días de cerco policial a la curia. Después, trasladado al domicilio de unos familiares, lo mantuvieron bajo el control estatal. Permaneció privado de libertad sin acusación formal durante casi cuatro meses.
En octubre, Ortega arremetió duramente contra la Iglesia católica. Acusando a la institución de ser una “dictadura” y practicar una “tiranía perfecta”. E incluso de haber utilizado a sus obispos en Nicaragua para conspirar y dar un golpe. Esos ataques coincidieron con la captura de Enrique Martínez Gamboa, el undécimo religioso católico apresado en menos de seis meses. Álvarez es, por el momento, el representante religioso de más alto rango en ese grupo.
Vulnerada la libertad religiosa
El estado policial instaurado por Ortega y Murillo no se ha limitado en los últimos meses a la detención de sacerdotes, sino que ha boicoteado también procesiones y actividades católicas.
El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (Olire) denuncia el asedio y hostilidades a líderes religiosos. “Las limitaciones a su libre movilización, con el consiguiente impedimento para realizar servicios religiosos de manera regular nos permiten ver cómo el derecho a la libertad religiosa sigue siendo vulnerado. Y de una manera cada vez más directa bajo el régimen de Daniel Ortega”.
El impacto en la feligresía es pasado por alto muchas veces, pero no es menor, destaca. Los mismos sacerdotes han manifestado cómo los feligreses han comenzado a dejar de visitar los templos, de participar en las celebraciones religiosas por temor a ser blanco de algún tipo de represalia.
Además, la presencia de agentes del orden frente a los templos, los controles de identidad o identificación de quién entra y sale de un templo, sin motivo que pueda justificarse en una democracia. Forman parte de las estrategias disuasivas del régimen. Y representa una grave violación a la libertad religiosa en cuanto a su dimensión privada, pública y colectiva.
En este largo y minucioso proceso de persecución a la Iglesia Católica, que el régimen de Nicaragua, ve coronado con el juicio que adelanta al obispo Rolando Álvarez, también están incursos periodistas.
En diciembre, según la agencia EFE, dos periodistas que colaboraban con la diócesis nicaragüense de Matagalpa y que habían sido arrestados en diciembre, fueron acusados por el Ministerio Público. Sin precisar el delito que se les imputa, informó entonces el Poder Judicial de Nicaragua.
Periodistas detenidos y acusados
Los periodistas arrestados son Manuel Antonio Obando Cortedano, jefe de medios de la diócesis de Matagalpa (norte). Y Wilberto Artola Mejía, periodista del canal digital TV Merced, de la misma diócesis que dirige el obispo Álvarez.
La jueza Karen Chavarría Morales es la misma que admitió la acusación en Managua contra el obispo Álvarez, muy crítico hacia el Gobierno del presidente Daniel Ortega, por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.