La “dictadura bicéfala”, como llama la disidencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, adelanta con rigor la pulverización de los derechos humanos y las libertades. Insisten en reprimir a la sociedad civil, encarcelar a los políticos de oposición, acechar a la Iglesia Católica. El régimen de Nicaragua ordenó el cierre de otras 100 ONG nacionales e internacionales.
A la vista de todos. Como un asalto brutal a plena luz del día, el régimen totaliza, a la fecha, la disolución de 1.269 las organizaciones civiles sin fines de lucro en lo que va del año. Y un acumulado de 2.375 desde las revueltas populares de abril de 2018.
Desde entonces, el régimen se ha encargado de endurecer aún más las violaciones a la libertad e integridad personal, detenciones y desapariciones forzosas, atentados a la libertad de expresión y asociación y la libertad de prensa. Así como otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos.
De estas 100 organizaciones no gubernamentales, 51 son internacionales y 49 nacionales. De las 23 originarias de países europeos, 8 son de Italia, 4 de España, 2 de Austria, 2 de Francia, 2 de Dinamarca. Y una de cada uno de los siguientes países: Alemania, Bélgica, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido,
Un total de 19 de las 51 ONG canceladas son originarias de Estados Unidos, 3 de Canadá y 2 de Costa Rica. También les canceló la personalidad jurídica de una ONG de Guatemala, una de Panamá, una de Puerto Rico y otra de Venezuela.
Nicaragua pulveriza las ONG y los derechos humanos
El régimen afirma que las 51 ONG incumplieron las Leyes de Nicaragua. «No reportaron por más de 5 a 30 años juntas directivas del país de origen ni la actualización del poder del representante legal y estados financieros fiscales», dicen. Del total de ONG internacionales ilegalizadas, 88 han sido disueltas en los últimos 8 días. De ellas, 27 de Estados Unidos, 10 de España, 10 de Italia, 7 de Francia, 6 de Alemania, 4 de Austria y 4 de Canadá.
También se canceló la personalidad jurídica de 49 ONG nacionales, más de una veintena ellas son de asociaciones religiosas, en su mayoría evangélicas.
En Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, o a través del Ministerio de la Gobernación, han ilegalizado al menos 2.375 ONG locales y extranjeras, reseñó la agencia Efe.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre 2021. En las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. Con un país en conflicto, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio y con una apretada agenda de represión y violación de los derechos humanos.
En julio, durante otra oleada de cierres de estas organizaciones, el embajador Brian A. Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE UU criticó la decisión. “El régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONG pues teme que puedan socavar su poder. Privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educación y otros que el gobierno no proporciona”.
Atropellos nacionales e internacionales
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó. “El propósito es ejercer un control absoluto y silenciar sobre la sociedad. También perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único. Se violentan los derechos humanos de los nicaragüense”, señaló el colectivo.
Además de las arbitrarias cancelaciones, los diputados aprobaron la Ley de reforma y adiciones a la Ley 1115 Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. Entre otros aspectos, le da la potestad al Mingob de otorgar y cancelar la personalidad jurídica de las asociaciones civiles. Una atribución constitucional exclusiva, excluyente y de potestad indelegable de la Asamblea Nacional.
Con esta aprobación, advirtió, “el régimen realiza una concentración de poder inconstitucional para simplificar los trámites y los abusos. En perjuicios de derechos humanos del pueblo de Nicaragua”.
Nicaragua fue el principal tema político de la 52 Asamblea Anual de la OEA, en Perú.
La relación entre esta organización y la nación centroamericana se ha tornado especialmente tensa desde la campaña de represión que lanzó el Ortega contra los sectores opositores en 2018. Una situación que incluso ha derivado en que Nicaragua abandonara la OEA en noviembre de 2021. Hechos que más tarde fueron seguidos con el cierre de la oficina de esta organización en Managua y la salida de sus representantes del país.
Persecución y cárcel
La persecución de líderes políticos opuestos al oficialismo y aquellas personas que han alzado la voz contra Ortega-Murillo son las situaciones más alarmantes para la OEA.
Actualmente se estima que hay unos 200 presos por motivos políticos, entre los que se cuentan siete excandidatos presidenciales, periodistas y figuras destacadas como el obispo Rolando Álvarez.
El residente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique manifestó en la plenaria de la OEA su gran preocupación por la grave crisis de DDHH en Nicaragua.
Resaltó que “el 3 de oct se dictaron medidas provisionales disponiendo la libertad de 45 personas que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además refirió que la Corte ha dictado varias decisiones y declaró al Estado de Nicaragua en situación de desacato ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
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