El Gobierno no cree que haya cuestionamiento alguno por parte de la Unión Europea acerca de la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso. Si el Ejecutivo tiene o no razón, habrá que esperar. Pero a juzgar por las reacciones en la propia España, la cosa pinta diferente. Muy diferente. Las voces ya se han levantado para evitar que prospere la iniciativa, una amenaza cierta a la separación de poderes, base fundacional del Estado de Derecho.
Para muestra, el varapalo que este miércoles ocurrió en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, se le plantó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Le pidió que explique por qué «amenaza con una reforma a la polaca» del CGPJ. Dijo que esta iniciativa «liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial«. Y como colofón le advirtió que «mientras no retire el atropello legal no hay nada que pactar» sobre su renovación.
Una propuesta a la «polaca»
En este «toma y dame», el líder del PP advirtió que su partido acudirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales hasta que el Gobierno rectifique en su intención de reformar la ley que regula la elección de los miembros del CGPJ. «Así que no ponga en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar nuestro Estado de Derecho», agregó.
Sánchez acusó al líder de la oposición de estar arrastrando al PP «en la estrategia y posición crispada y provocadora de la ultraderecha» y pidió que aclaraa si votará a favor o en contra de la moción de censura de Vox o «se pondrá de perfil». En resumen, Sánchez optó por los ataques, no por las explicaciones.
Casado le pidió que no busque en el PP –por su decisión de no negociar la renovación de las instituciones– «falsos culpables» de esta reforma del CGPJ. Insistió en que se trata de una propuesta a la «polaca», en alusión al hecho de que Polonia está considerada como uno de los países de la UE que menos respeta la independencia judicial, la división de poderes, los pesos y contrapesos que caracterizan la democracia liberal.
Lo que dice la propuesta
Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos registraron el martes la proposición de una ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el objetivo de sortear el «bloqueo» del que acusan al PP. El texto trabaja en dos direcciones. Por un lado, rebaja la mayoría necesaria para nombrar los vocales del turno judicial del CGPJ. Por el otro, limita los poderes del órgano cuando entre en funciones.
Al rebajar la mayoría de votos en el Congreso y el Senado, y sacar adelante el nombramiento de los vocales judiciales del CGPJ, el Gobierno no tendría necesidad de contar con los votos del principal partido de la oposición, el Partido Popular.
Con la propuesta de reforma de PSOE y Podemos, los vocales judiciales del órgano de Gobierno de los jueces podrán ser elegidos con una mayoría absoluta en lugar de con los 3/5 del Congreso y el Senado que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para ello, se haría una segunda votación en caso de que la primera (que sí requeriría mayoría calificada) resultara fallida.
El CGPJ es el órgano de gobierno del poder judicial español. Su finalidad es garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial. Lo forman 20 vocales, 10 de ellos elegidos por el Senado y otros 10 por el Congreso de los Diputados. Aunque 12 de ellos son propuestos por los propios jueces (a través de las asociaciones judiciales), sumando un número máximo de 36 candidatos. Su independencia se vería seriamente comprometida, si la reforma prospera.
Reforma del CGPJ atenta contra la independencia judicial
Las asociaciones de jueces, así como miembros del CGPJ y la Asociación Europea de Magistrados, advierten que la reforma politizará aún más la elección de magistrados. En concreto, dejará en manos de los partidos mayoritarios, coincidentes con el Gobierno de turno, la designación de los representantes del Poder Judicial. Un mayúsculo atentado contra la independencia judicial. Ya han advertido que comienza una «batalla» ante las instituciones europeas en contra de la pretensión PSOE-Podemos.
«Entendemos que es una propuesta contraria al artículo 122.3 de la Constitución«, declaró Manuel Almenar, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. La Carta Magna se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial para el modelo de elección de los vocales de la carrera judicial. Pero sí establece la mayoría necesaria para designar a los que se eligen entre juristas. La LOPJ asumió esa misma mayoría.
La reforma va en la dirección contraria a lo que viene reclamando desde hace años la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. «El problema de reducir el umbral de mayoría exigido es que quien tenga la mayoría parlamentaria, monopoliza la elección y al final va a elegir a quien quieran«, explicó Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de AJFV.
Inconstitucionalidad al amparo de la Constitución
Para sacar adelante su propuesta los dos partidos necesitan una mayoría absoluta (176 votos) del Parlamento. Ese número ya lo tendrían asegurados. Al hacerlo por medio de una proposición de ley, no necesitan contar con el informe preceptivo del propio Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado ni del Consejo Fiscal. Estos requisitos sí harían falta si la inicitiva se hubiera presentado como un proyecto de ley del Gobierno.
Este punto generó las mayores críticas en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un intento de llevar adelante la reforma «saltando por encima del Poder Judicial» con base en una «tergiversación» de la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 sobre el sistema de elección de los jueces.
Ante instancias europeas
Las asociaciones judiciales se han planteado la posibilidad de acudir ante la Unión Europea para alertar de los peligros contra el sistema democrático que supone la proposición presentada este martes. Es algo que ha ocurrido en Polonia y Hungría.
Los juristas españoles destacan similitudes de la iniciativa de PSOE y Podemos con la propuesta reforma del Consejo de Polonia. Esta última estableció que, de no obtener en el Parlamento la mayoría de 3/5 bastaría con una mayoría simple. Pero fue criticada tanto por la Comisión de Venecia, como por la propia Comisión Europea. Este organismo señaló que «la ley debilita la independencia del Consejo en lo relativo a la mayoría del Parlamento y contribuye a un debilitamiento de la independencia del Poder Judicial en su conjunto».
Un poder judicial a la medida de Iglesias
En su comparecencia, Casado también le pidió a Sánchez que cese al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, «acusado de tres grandes delitos con agravante de género por la Audiencia Nacional», en alusión al Caso Dina.
Precisamente, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró que, con esta reforma ‘exprés’ del CGPJ, Pablo Iglesias pretende «elegir al juez que le juzgue«. Aseguró que el vicepresidente segundo tiene «miedo» de ser imputado por el Tribunal Supremo por el caso ‘Dina’, porque no controla a la Justicia, pero con este cambio se garantizaría el favor de la justicia.
En respuesta, el líder de Podemos le dijo a García Eegea que si el presidente-fundador del PP Manuel Fraga aún estuviera vivo, éste les echaría del partido «no por fachas, sino por su enorme cretinismo». Insultos, sí. Pero de justificación de la reforma del CGPJ, nada. Para el PSOE y Podemos, amoldarse a la justicia es muy complicado. Les está resultado más fácil hacer que la justicia se amolde a ellos.
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