Por Erika Hidalgo López
Desde que el general Lázaro Cárdenas dictara en 1938 el decreto de expropiación petrolera, México no había vivido una reforma energética del calibre de la actual. Un cambio tan profundo que ni siquiera se verá afectado por el resultado de las pasadas elecciones mexicanas.
Mover el entramado legal para revertir la reforma energética en México parece ser un trabajo en extremo complejo, por no decir casi imposible, para el gobierno que se instalará en el Palacio Nacional el próximo mes de diciembre.
Este cambio del modelo energético del país azteca no solo es un movimiento económico de gran impacto en el desarrollo de la nación, sino un hito histórico, pues, desde la nacionalización petrolera de 1938, impulsada por el legendario general Lázaro Cárdenas, no había ocurrido un cambio tan profundo y polémico en el sector mexicano de hidrocarburos.
De manera que la próxima gestión presidencial será clave para establecer un rumbo estable para la industria petrolera mexicana, que determina y condiciona el resto de la economía del país.
Las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, causaron escozor en el sector energético. En su momento, fustigó en reiteradas oportunidades la reforma energética aprobada en 2013, incluso amenazó con la revisión de los contratos y una eventual reversión.
El nuevo presidente de México tendrá complicado paralizar la reforma, pero si podría suspender las rondas de licitaciones
Sin embargo, echar por tierra 110 contratos para exploración y extracción de hidrocarburos y expulsar a 75 empresas de talla internacional, como Total, ENI, Repsol, Shell, BP, Cepsa, Chevron, Ecopetrol, Lukoil, Equinor o ExxonMobil, por nombrar solo a algunas, no luce fácil.
Las cláusulas de rescisión suscritas podrían colocar a México en graves situaciones de conflictos internacionales al verse obligado a pagar indemnizaciones. También ofrecerían una imagen poco confiable como destino rentable para inversionistas.
¿Pero qué fundamentos jurídicos podría esgrimir legalmente el presidente de la República si está completamente dispuesto a revertir la reforma? El abogado Jorge Jiménez, socio de la firma mexicana especialista en materia energética López Velarde, Heftye y Soria, explica a Energía16 que legalmente es complicado darle la vuelta al proceso recorrido por varias razones.
En primer lugar, sostiene que la apertura del sector está blindada a nivel constitucional y eso implicaría un proceso constituyente o reforma constitucional. “Para eso se necesitarían mayorías legislativas cualificadas, lo que implica tener a favor a las dos terceras partes de las dos cámaras parlamentarias, diputados y senadores. Además de la mayoría de al menos 17 de las 32 entidades federativas o congresos estatales”, explica el jurista.
A la luz de esta primera exigencia, aventurarse entonces a proponer una reforma en la Constitución sería un camino largo y engorroso, que torna difícil echar para atrás lo que se ha hecho hasta ahora con la reforma energética, al menos en el corto plazo. Jiménez agrega inclusive que lograr llegar a la mayoría simple no es nada fácil. Alcanzar las dos terceras partes de las voluntades parlamentarias resulta una tarea más que titánica.
Con todo, si se aprobara una reforma constitucional y se llegara a los extremos de una mayoría cualificada, está convencido de que sería igualmente complicado revertir la reforma por los elevados costos que implicaría anular los contratos ya rubricados.
Aunque se pudiese aprobar el cambio constitucional y la reforma tuviese una mayoría cualificada, anular los contratos suscritos sería muy costoso para México
Para tener una idea de la dimensión del dinero en juego, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos los ingresos a favor del Estado durante 2017, a raíz de la reforma, sumaron 247,8 millones de dólares. Mientras que la aprobación de inversiones para exploración y desarrollo de contratos sumó 12.047 millones de dólares hasta esta fecha (junio 2018).
Ejemplos peligrosos
Jiménez alerta de que las consecuencias de anular la reforma serían catastróficas para México: “Imaginemos que llegamos a los extremos autoritarios estilo Hugo Chávez en Venezuela y apelamos a las expropiaciones para anular la reforma”.
El socio de López Velarde trae a colación la forma en que el extinto expresidente de Venezuela desmontó la apertura petrolera en su país, un proceso de transformación muy similar a la reforma energética mexicana en el proceso de entrega de espacios a las grandes transnacionales.
Con base en grandilocuentes argumentos nacionalistas, Hugo Chávez expropió activos y disolvió convenios operativos y asociaciones estratégicas: el populismo llevado a su máxima expresión.
En este escenario, México se vería obligado a pagar indemnizaciones a valor comercial. Más aún cuando el país tiene una buena red de tratados de inversión que incluye a casi todas las naciones que están invirtiendo en materia energética.
La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, países de Sudamérica como Argentina y Chile y naciones asiáticas podrían utilizar esos tratados para penalizar al Estado azteca. Así, al impacto económico negativo de una eventual reversión se sumarían unas muy graves implicaciones diplomáticas.
Es más, Jiménez comenta que muy oportunamente la administración del aún presidente de la República, Enrique Peña Nieto, incluyó a México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial dedicada a dirimir conflictos de esta índole.
“Esto es una garantía adicional para los inversionistas y puede ser muy importante. Adelantarse a ello fue otra forma de blindar la reforma”, expuso el experto.
Además, los contratos están blindados con cláusulas muy delimitadas que señalan en qué casos puede haber cancelación y sujetos a todo un entramado de prácticas comerciales. “Entonces, como se evidencia, hay muchos elementos que amarran los contratos”.
En torno a la consulta popular que López Obrador anunció en su campaña con la idea de preguntar a los mexicanos sobre la continuidad de la Reforma, sostiene que se trata de un mero elemento discursivo, al igual que la búsqueda de corrupción en los contratos otorgados.
“Creo que es más que todo una declaración política. Los contratos están abiertos, están todos disponibles al público”. Según Jiménez, los procesos licitatorios de la reforma energética han sido radicalmente distintos. Comenta incluso que, pese a la corrupción rampante en el país, en esos concursos ha habido gran transparencia.
“Entonces no veo a las empresas preocupadas por ese punto porque la verdad es que los contratos están allí, se adjudicaron con base a su valor y procesos públicos abiertos. No creo que haya mucho tema por ahí”, aseguró.
La opción populista pasa por detener el proceso
Ahora bien, en lo que sí pareciera haber una rendija para entorpecer el programa de la reforma, una vez que luce difícil modificar lo andado, es que Andrés Manuel López Obrador sí pudiera paralizar la convocatoria a las nuevas rondas de licitaciones que están en ciernes.
El gobierno sí tiene discrecionalidad para detener la reforma energética o definir a su aire la oportunidad o no de convocar a nuevos procesos de licitaciones. “Esto sí es potestad del gobierno y ahí podría haber un freno. Esperemos que no ocurra”.
Otro escenario “muy tipo chavista”, señala nuevamente Jiménez, es que el gobierno complique el otorgamiento de los permisos y genere movimientos sociales que impidan el desarrollo de los proyectos “y otras cosas por el estilo”.
No descarta incluso la posibilidad de que un gobierno de izquierda pueda darle a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) un mayor protagonismo y fortalecimiento dentro de la reforma. Considera que ello no sería necesariamente malo, siempre y cuando no vaya en detrimento de la participación de terceros.
El tema tiene mucha tela para cortar. Jiménez considera que desmontar la reforma energética sería “darse un balazo en el pie”, y dar al traste con una avalancha de recursos que beneficiarían al gobierno de turno y la consabida recuperación de la maltrecha industria petrolera mexicana.
México se incorporó en enero de este año (2018) al Ciadi para proteger e incentivar las inversiones extranjeras en el país
“Creo que si las cosas se dan de manera correcta, incluso con un gobierno que se mueva hacia la izquierda, puede haber una moderación que permita hacer viable la reforma”, dice Jiménez. Sostiene además que los elementos de debate no pasarán de allí, más aún cuando no solo se juega el futuro de la industria petrolera de México, sino todo un entramado empresarial tanto local como extranjero, que está justo en este momento sacando sus cuentas.
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