Por Cambio16 | Efe
01/02/2016
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La segunda ronda de consultas del Rey con las fuerzas parlamentarias concluye este martes con la incógnita de si algún líder político optará esta vez a la investidura, después de la renuncia en primera ronda del candidato del PP, Mariano Rajoy, y el deseo de tomar el relevo expresado por el socialista Pedro Sánchez.
De hecho, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ya ha avanzado que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, volverá a declinar ir a la investidura si continúa sin los apoyos necesarios.
«Si no hay modificaciones en los apoyos recibidos, no hay razones para que cambien las posiciones», ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que, en cualquier caso, los populares son «muy respetuosos con las decisiones y propuestas que haga el Rey».
Tras el paréntesis del fin de semana, las audiencias con Felipe VI se reanudan este lunes con el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que hace dos semanas lanzó una oferta de Gobierno conjunto con el PSOE.
No será hasta el martes cuando el monarca vuelva a citar en el Palacio de la Zarzuela a los dos principales candidatos en liza, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy.
Para los socialistas, si el martes Rajoy vuelve a decir «no» al Rey, «debería apartarse definitivamente de su partido y de la política» y dejar paso para que Sánchez intente formar una mayoría.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha aplaudido el apoyo de todos los barones socialistas al compromiso de Sánchez de consultar a la militancia cualquier posible acuerdo de Gobierno, porque «fortalece» el partido.
Una idea que no comparte en absoluto el popular Javier Maroto, que ha advertido a Sánchez de que la propuesta de gobierno «radical» que tiene en la cabeza es un «laberinto sin salida». Maroto ha acusado al líder del PSOE de ser el «primer secretario general que enfrenta a la militancia con la dirección» de su partido.
El dirigente del PP ha reclamado a Sánchez que, en vez de escuchar sólo «a unos miles de militantes», haga caso de los «millones de votantes que apuestan por la moderación y la estabilidad» de un «acuerdo global y de generosidad» con el PP y Ciudadanos.
Precisamente, desde Ciudadanos, su vicesecretario general, José Manuel Villegas, ha criticado a Rajoy por haber «tirado la toalla para poder presidir España».
Villegas ha avanzado que esta misma semana su partido iniciará conversaciones con el PSOE y que ya están preparados los equipos de trabajo de ambos partidos para el inicio de las negociaciones. Estas reuniones, ha alertado Villegas, están condicionadas a que el PSOE no pacte con Podemos, en cuyo caso no habría diálogo de su formación con los socialistas.
También, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido al PP de que «quien no puede limpiar su casa no puede limpiar España» y ha opinado que «es imposible que Rajoy lidere la regeneración democrática». En una entrevista con el diario El Mundo, Rivera considera que Pedro Sánchez deberá «aceptar» el encargo de formar gobierno si el Rey se lo propone el próximo martes y «pedir tiempo para negociar». La solicitud de Rivera tiene encaje reglamentario, ya que el presidente del Congreso, Patxi López, no tiene un plazo para convocar el pleno de investidura una vez que el Rey le comunique un candidato.
No obstante, la posibilidad de que ningún líder político se ofrezca a la investidura ante la falta de apoyos parlamentarios es una hipótesis que planea en el aire y que pone en evidencia un claro vacío constitucional.
De acuerdo con la Constitución, los comicios generales deben repetirse si a los dos meses de la primera sesión de investidura ningún candidato logra la mayoría suficiente para ser presidente.
Pero el problema estriba en que, si nadie se sometiera a esa votación, no se fija ningún plazo para que el Gobierno siga en funciones y se convoquen nuevos comicios.
Hay un precedente en el «tamayazo» en la Comunidad de Madrid en 2003, cuando un informe del Consejo de Estado avaló que la Asamblea regional convocara elecciones ante la imposibilidad de sacar adelante la investidura.
Aquel informe consideraba que la falta de candidatos podría equipararse a una votación fallida, por lo que autorizaba a que comenzaran a correr los plazos para la convocatoria automática de elecciones.
De aceptarse esa doctrina, debería ser el Congreso de los Diputados el que se acogiera a ese posibilidad legal de poner fin a la legislatura y convocar nuevos comicios.
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