Razones para salvar a ‘los ocho de Airbus’

Por Iñigo Aduriz
ACTUALIZADO 10/02/2016

Son ocho y se enfrentan a una pena de ocho años cada uno. La acusación que pesa sobre ellos les atribuye sendos delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores por participar en piquetes informativos en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de Zapatero. Es el artículo 315 del Código Penal, aprobado hace ya dos décadas y reformado en 2015, el que castiga las coacciones a la huelga. Y si bien la Justicia mantiene abiertas causas contra 300 personas por su participación diferentes protestas, nunca antes se habían solicitado penas de cárcel como las que ahora pide la Fiscalía para esos ocho sindicalistas.

El juicio contra los apodados como ‘los ocho de Airbus’ –porque trabajan en la compañía aeronáutica– ha empezado este mismo martes en los juzgados de Getafe, en medio de las protestas de los principales sindicatos y partidos de la izquierda que reclaman su absolución. Se les juzga por su presunta participación en los disturbios que se produjeron a las puertas de la planta de Airbus en Getafe en aquella huelga contra el Ejecutivo socialista.

Políticos y abogados laboralistas consideran «absolutamente desproporcionada» e «injustificada» la pena que se solicita para ellos. El derecho a la huelga y a la libertad de expresión contempladas en la Constitución es el principal argumento que esgrimen los expertos para reclamar la absolución de estas ocho personas. La abogada Cristina Almeida considera que «esta situación recuerda a la época más penosa del franquismo, en la que no existían derechos laborales ni de protesta». En declaraciones a Cambio16, la también exdiputada ha asegurado que «lo único que hicieron» ‘los ocho de Airbus’ «fue apoyar una huelga y a sus compañeros que protestaban». Por eso ha juzgado «terrible que la solidaridad sea un motivo de cárcel».

«Absolutamente desproporcionada»

Valeriano Gómez, que fue nombrado ministro de Trabajo del Gobierno del PSOE pocos días después de esa huelga, explica que esa «petición absolutamente desproporcionada» por parte de la Fiscalía tiene que ver con la llegada del PP de Mariano Rajoy al poder, en 2011. Asegura que «el problema no es la redacción» del mencionado artículo del Código Penal que utiliza el Ministerio Público para justificar su solicitud, porque «nunca ha planteado ningún problema en los últimos 20 años». Lo criticable, según él, es lo que exige el fiscal, «que ha producido una situación política que no tiene encaje en las normas de una sociedad avanzada» por vulnerar los derechos a la huelga o la libertad de expresión.

«Ha habido una causa general, porque el derecho a la huelga es un derecho constitucional y los piquetes también están reconocidos legalmente«, añade, por su parte, Fernando Lezcano, secretario de Organización de CCOO. Las acciones que se han emprendido por parte de la Fiscalía responden, en su opinión, al intento por llevar a cabo «una medida ejemplarizante para amedrentar a los trabajadores a la hora de ejercer su derecho a la huelga».

Todo responde, apunta, a una «estrategia» ordenada del Gobierno y del PP. «Primero se puso en marcha una campaña mediática e institucional para desprestigiar el trabajo de los sindicatos. Después se aprobó una reforma laboral que limitaba la capacidad para la negociación colectiva y ahondaba en la individualización de las relaciones laborales y, finalmente, se puso en marcha una ley mordaza para reprimir a los trabajadores», argumenta.

«Amordazar» derechos

Esta teoría es compartida por Valeriano Gómez. Recuerda, por ejemplo, esa misma huelga en la que, según él, «hubo una política consciente de los medios, sobre todo los privados, para desprestigiar la huelga como elemento sindical y dificultar la labor informativa de los piquetes».  Cristina Almeida ve en todo lo que ha sucedido en torno a ‘los ocho de Airbus’ un claro objetivo de «amordazar los derechos de los trabajadores» a través del Ejecutivo y los poderes del Estado. Por eso defiende que los huelguistas se negaran a pactar con la Fiscalía una reducción de la pena, asumiendo que habían cometido un delito de atentado. «Si cedemos nos quedaremos sin los derechos de los trabajadores», advierte.

El grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó el lunes en el Congreso una proposición de ley con la que plantea derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que recoge penas de cárcel para los piquetes informativos, y aumentar a la vez el castigo de prisión y multa a quienes impidan el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. En su texto explican que la Constitución reconoce como derechos fundamentales la huelga y la libertad sindical, y que el Tribunal Constitucional (TC) ha «confirmado en numerosas ocasiones» la legalidad de los piquetes informativos como vía para publicitar las acciones de protesta de los trabajadores.

A la espera del nuevo Gobierno

Además, recuerdan que la normativa penal en vigor ya recoge un delito de coacciones que hace innecesario un tipo agravado para los casos que se den en el ámbito laboral, mientras no se castigan por esta vía las «conductas antisindicales» de los empleadores que, sin embargo, son mucho más numerosas en los tribunales de los social. Por eso, consideran inaceptable que en el Código Penal se mantenga una «criminalización» de los piquetes informativos que procede de la dictadura de Primo de Rivera y que sólo pretende «disuadir» a los huelguistas y sindicalistas de ejercer sus derechos y «intimidar» a los sindicatos y a los trabajadores más activos.

Lezcano confía en que las conversaciones que están teniendo lugar en las últimas semanas para formar gobierno contribuirán también a mejorar la situación de la lucha sindical. «El 20D hubo una demanda generalizada de cambio y tengo la absoluta convicción de que un gobierno progresista mejorará la situación», concluye.