Por Iñigo Aduriz
El PP ya ha activado la estrategia del miedo de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Por eso tilda de «radicales» a los alcaldes y alcaldesas de las llamadas candidaturas de unidad popular que gobiernan las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Y como muchos de ellos consiguieron las alcaldías gracias a los votos o a la abstención del PSOE, los populares tratan también de relacionar a los socialistas con ese espectro «radical».
Para ello ha llegado incluso a convocar un acto específico que ha celebrado este viernes en Cádiz, ciudad cuyo alcalde es José María González ‘Kichi’ y que, según el PP, es una de esas localidades que está en manos del «sectarismo».
El partido ha difundido además un documento titulado Las malas prácticas de los/as alcaldes/as radicales aúpados por el PSOE (sic) (ver PDF), en el que hace un repaso pormenorizado acerca de todas esas prácticas que los populares consideran que se merecen ese calificativo de «radical», que ahondan en la «mala gestión» y el «desprestigio institucional» de los mencionados consistorios, demuestran un «déficit democrático» o fomentan el «odio y el sectarismo».
«Feminazi, bollera y camionera»
Además de las críticas que ya ha ido realizando el PP a las distintas medidas puestas en marcha por los esos ayuntamientos en los algo más de 100 días que llevan constituidos, el documento incluye nuevas reflexiones alejadas de la propia política o la ideología. Los populares consideran un ejemplo de «mala gestión y desprestigio institucional» que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no use la bici tanto como dijo que lo haría: «Vendieron la imagen de alcaldesa en bicicleta. Normalmente usa el coche del Ayuntamiento. Cuando usa la bici la lía«, apuntan, como ejemplo, en el texto.
También consideran como otro caso de deficiente gestión que el concejal de Hacienda del consistorio madrileño, Carlos Sánchez Mato, dijera que él no va «de compras». A juicio del PP supone un ejemplo de «mala gestión» y de «desprestigio» que una de las nuevas vocales vecinas del Ayuntamiento de Madrid, Alba López Mendiola, sea «conocida por lanzar tuits ofensivos y desear la muerte de Emilio Botín», y se defina como «feminazi, bollera y camionera».
Otro de los llamativos argumentos del PP contra los que llama alcaldes «radicales» se refiere al regidor de Santiago de Compostela, Martiño Noriega. Según los populares supone una muestra de desprestigio institucional que él recomendara la lectura del libre Exhortación a la desobediencia del histórico dirigente nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras.
Separación Iglesia-Estado
Entre otros ejemplos, para el PP supone una muestra de «déficit democrático» que la alcaldesa de Badalona (Barcelona), Dolors Sabater, haya cancelado el «programa más visto» de Badalona TV, Catalunya Opina. O que la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, diga que ella no es de Podemos o que no es comunista. Los populares consideran que ambas afirmaciones son «mentiras».
El PP incluye también dentro de los ejemplos de déficits democráticos que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela organice «actos institucionales a sabiendas de que a la misma hora el Gobierno autonómico [del PP] había previsto la realización de otros actos institucionales susceptibles de convocar a un mismo público».
El documento menciona como muestra de «odio y sectarismo» que se haya tratado de poner en práctica la separación entre Iglesia y Estado. Menciona, entre otros ejemplos, el del consistorio de Zaragoza, que eliminó «unilateralmente» el crucifijo del salón de plenos o que derogara «parcialmente» la ordenanza de protocolo «para impedir que concejales puedan representar a la corporación en actos religiosos tradicionales».
La terraza de «la Milla de Oro»
Como ejemplo sectario incluyen también la supresión de las ayudas a la escuela de tauromaquia municipal por parte del equipo de Manuela Carmena, en Madrid. O que el consistorio de la capital española «desmantelara» una terraza en el distrito Salamanca, «la Milla de Oro», dicen, «por no dejar espacio para los viandantes.
El documento analiza, en definitiva, los 100 primeros días de gobierno en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Cádiz, Badalona, Pamplona y Santiago de Compostela. E incluye diversos «incumplimientos» por parte de sus equipos de gobierno, como los referidos a la paralización de desahucios, la municipalización de servicios o la paralización de privatizaciones.
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