La Real Academia Española tomará posición sobre el español como lengua vehicular. Tras alcanzar el acuerdo en el pleno, la institución hará público un comunicado para defender el carácter «vehicular» del español. La RAE le hará saber al Gobierno su oposición a este punto de la reforma educativa pactado entre PSOE, Podemos y ERC.
No es un hecho insignificante. Pocas veces la Real Academia interviene en un debate público, y menos con connotaciones políticas e ideológicas. En próximos días se sabrán las razones que empujaron a la RAE a no quedarse de brazos cruzados mientras otros opacan ocultan en un arcón la lenga que ellos se han propuesto darle brillo y esplendor. Sin embargo, se espera que sea un documento con un gran respaldo de bibliografía lingüística y jurídica.
Todo apunta a que será un informe detallado en el que la RAE explicará minuciosamente su postura y no una simple nota en la se dé cuenta de la inquietud que ha generado la Ley Celaá. Una reforma que, de salir adelante, terminará con el carácter «vehicular» del español.
El Gobierno vs una ola de descontento
Mientras que el Gobierno sostiente que garantizará el aprendizaje del español en todos los colegios, los críticos de la Ley Celaá señalan el ambiguo método de evaluación y la concesión del control a las comunidades autónomas. Ya PP, Ciudadanos y Vox rechazaron la medida. Temen que el español desaparezca de las escuelas de las autonomías en las cuales se ha exacerbado el nacionalismo localista.
Los académicos en pleno acordaron intervenir y también manifestar su desacuerdo. Y será la RAE la que encabece la ola de descontento que se ha desatado frente a la reforma ley educativa que se ha manifestado sesgada y que hace más concesiones a guías ideológicas a pedagógicas. De hecho, Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, apeló en TVE a la intervención de la Real Academia de la Lengua en lo que fue, sin duda, una petición de auxilio. Guerra con importantes miembros del PSOE piden una rectificación a Pedro Sánchez.
Comunidades educativas, sindicatos de enseñanza y asociaciones de padres se han sumado al descontento. Están perplejos y se asombran de que el Gobierno diga que la Ley Celaá solo se encarga de oficializar lo que ya es una realidad en algunas comunidades. Absurdo. Es como oficializar que las faltas de ortografía no lo son porque la mayoría, de hecho, las comete. Que los independista pretendan considerar el español como lengua secundaria no la disminuye que sea el idioma de más de 500 millones de personas en el mundo. Una mayoría que pretenden desconocer..
El desplazamiento del castellano
Con la Ley Celaá el castellano dejaría de ser la lengua obligatoria de enseñanza en los centros educativos y cada comunidad autónoma escogería su lengua cooficial como vehicular. En el caso de Cataluña, se concretaría la inmersión lingüística. La iniciativa suprime el término «vehicular» en referencia al castellano.
En el papel el objetivo es que al finalizar la enseñanza obligatoria los alumnos tengan un dominio «pleno» de las dos lenguas, en caso que la comunidad exista una lengua cooficial. Todos los alumnos y alumnas deberán comprender y expresarse, tanto de forma oral como escrita, en la lengua castellana, pero no establece las herramientas de enseñanza y control. Queda como un lejano saludo a la bandera y un evidente coqueteo al radicalismo catalán.
En un primer momento el Gobierno de PSOE y Podemos mantenía la condición de «vehicular» para el español en su proyecto de ley; sin embargo, en la negociación presupuestaria decidió suprimirla. Pese a contar con una mayoría aritmética alternativa, Sánchez decidió eliminar ese verso de la pretendida reforma. Podemos sonrió triunfal.
Ante las debilidades manifiestas para defender la lengua española, la RAE se planta lanza en ristre . La Academia, entre otras cosas, se encarga de velar por el andamiaje que sostiene un idioma que hablan casi 600 millones de personas. Eso sí, algunos académicos aseguran que en Cataluña, el español dejó de ser lengua vehicular desde hace algún tiempo. Sin embargo, desde Podemos aseguran que la Ley Celaá permitirá que la «plurinacionalidad» salga hacia adelante.
Podemos y la degradación del español para avanzar en la «plurinacionalidad«
El portavoz de Educación de Podemos, Joan Mena, aseguró que degradar por ley el castellano es avanzar en la «plurinacionalidad». Para el partido esto supone no solo un paso importante para Cataluña, sino también para el conjunto del Estado. Lo manifestó en su ponencia sobre Educación en el Congreso de los Diputados.
El dirigente morado arremetió contra las «tres derechas» que han anunciado recursos contra la Ley Celaá. El Gobierno ha acelerado todo lo posible los plazos de esta ley, que de acuerdo con fuentes parlamentarias podría llegar al pleno parlamentario el próximo 26, para luego ser remitida al Senado. El objetivo es que la norma se aplique a partir del próximo curso escolar.
Por su parte, la oposición califica de abusiva la prisa que parece mostrar el Gobierno. Tanto así que Cuca Gamarra, portavoz del PP, pidió la votación separada de las enmiendas; fuentes de los partidos de centroderecha denuncian como prueba del apremio que está aplicando el Ejecutivo el hecho de que por cada sesión se hayan discutido hasta 250 enmiendas. O simplemente que no hayan escuchado a los representantes de la comunidad educativa, como señaló la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín.
Eso sin contar al millón y medio de españoles que también están en contra de la Ley Celaá. Esa es la cantidad de personas que ya han firmado en su contra y sostienen que se trata de una norma que recorta las libertades fundamentales.
Un millón y medio de españoles firman en contra de la Ley Celaá
Los españoles que no han dejador de firmar contra de la ley que impulsa el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Una herramienta jurídica que atenta, entre otras cosas, contra la escuela concertada, la asignatura Religión y el español como una lengua vehicular, además de eliminar la educación para alumnos con necesidades especiales.
Más Plurales, una plataforma que agrupa asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos, comenzó la recogida de firmas. La plataforma denuncia que la ley acaba con el concepto de «demanda social», desprecia las preferencias de los padres hacia sus hijos y se inventa un derecho a la «educación pública» que no recoge la Constitución.
Asimismo, hace hincapié en los «derechos de la infancia» y la omisión de sus principales garantes, los padres, para sustituirlos por el Estado. Los centros privados y concertados llevan tiempo denunciando que la ley promovida por la ministra de Educación, Isabel Celaá, es inconstitucional.
En concreto, señalan que viola el artículo 27 de la carta magna, en el apartado que reconoce el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral en concordancia con sus convicciones propias.
Entonces, ante la negativa de Isabel Celaá de atender las peticiones de la escuela concertada, a pesar de que más de 100.000 familias remitieron cartas demostrando la inconstitucionalidad de la ley, la plataforma Más Plurales decidió recurrir a la sociedad civil. Ya encontraron más de un millón y medio de españoles se oponen a la norma que dejaría en desamparo a más de 2 millones de alumnos que estudian en alguna de las 3.500 escuelas concertadas de España.
Cifras que corresponden al 28% de la oferta educativa nacional y donde enseñan más de 130.000 profesores. Con esto superaron las 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos que requiere una iniciativa legislativa popular para debatirse en el Congreso.
Más Plurales quiere concienciar a la sociedad de que la Ley Celaá afecta los marcos democráticos. «Recorta libertades fundamentales», subraya Jesús Muñoz de Priego Alvear, portavoz de la plataforma.
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