La Real Academia Española emitió sus advertencias sobre la Ley Celaá. La reforma educativa del Gobierno fue aprobada por un voto de ventaja y con toda la oposición en contra y ha generado una ola de críticas y preocupaciones. Los académicos de la lengua han expresado su preocupación porque el español fue literalmente tachado y borrado como idioma vehicular.
La RAE se dirige al Gobierno para que en sus atribuciones y responsabilidades asegure la protección del español como lengua oficial del Estado, la lengua que «los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar», como lo plasma la Constitución del Reino de España.
El pleno de los académicos se reunió este jueves para aprobaron el comunicado que hicieron público en defensa del español y manifestaron sus preocupaciones, como que se les niegue a los ciudadanos ser educados en su lengua materna.
Mientras que la RAE redactaba su respuesta, en el pleno del Congreso de los Diputados la Ley Celaá consiguió su aprobación inicial. En la bancada de PSOE fueron enfáticos. «Es un relato ficticio que vamos a acabar con el castellano», defendió Martínez Seijo.
La mayor preocupación de la RAE
La Real Academia se reconoce no competente para «pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad», pero manifestó que ha seguido atentamente el debate de la Ley Celaá en la Cámara Baja con y hará también el del Senado, que tendría que darle aprobación.
Por haber seguido lo que han dicho de todas las partes es que en la Real Academia Española surge su mayor preocupación de que texto legal no sea más asertivo y claro para que garantice que todos los ciudadanos puedan acceder a través de la lengua española a la ciencia, la cultura o simplemente a los múltiples desarrollos del pensamiento en el ámbito educativo. En concreto, y sin irse por las ramas, temen que el español se pueda ver menguado como lengua en el ámbito educativo en algunas comunidades.
Más de 600 millones de personas en el mundo utilizan el español. Es una lengua de valor incalculable y patrimonio de las naciones y pueblos que lo usan como lengua. Los académicos no quieren que el Gobierno de España no sea capaz de garantizar su conocimiento y enseñanza.
La RAE no deja de ser enfática sobre su peso normativo respecto a la lengua, que se apoya exclusivamente en la difusión del buen uso de las reglas, pero sostienen que el valor moral de sus observaciones respecto al idioma tiene también un peso específico. Recuerdan que también es una institución consultiva a la que varios Gobiernos han acudido en alguna ocasión.
La Real Academia y el Ejecutivo español
La RAE en otras oportunidades ha mantenido tensiones con el actual Ejecutivo. La primera fue cuando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien pidió que la Constitución se adaptara al lenguaje inclusivo. La RAE se opuso. La decisión fue tomada por unanimidad en el pleno de académicos.
Y si bien la RAE no se pronuncia sobre problemas de constitucionalidad, sí se ofrece para el asesoramiento de esta y otras cuestiones. Todo debido a la importancia que tiene para España el buen uso del español como lengua oficial y los deberes de protección que la Constitución impone.
La institución se pone a disposición del Gobierno, sin perjuicio del análisis crítico que en su caso proceda, para prestar el asesoramiento «que se considere necesario». Un ofrecimiento ante el que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ya se ha manifestado. Aseguró que la RAE «con todo respeto» para «asesorar» durante la tramitación de la ley; pero hizo saber que en el proyecto estaba «perfectamente cumplimentado» el castellano como lengua oficial del Estado.
El planteamiento de Celaá es que ninguna ley que haya precedido a la suya incorpora la expresión «las administraciones educativas garantizan el derecho de todos los alumnos a estudiar en castellano y en sus lenguas cooficiales».
En defensa de la lengua común
El comunicado de la RAE resalta la importancia de la lengua común y plantea que el español no debe ser, en ningún momento y de ninguna forma, puesto en tela de juicio ante la «aparente marginación del idioma en ciertos ámbitos educativos».
Sostienen que su deber como institución es protestar ante las iniciativas que pueden generar confusión ciudadana y que no tienen cabida fuera de la polémica política, pues el PSOE y ERC aprobaron el 5 de noviembre que el castellano deje de ser lengua oficial del Estado y vehicular en la educación. Un acuerdo que deja en manos de las comunidades autónomas la capacidad de controlar si se enseña en castellano en las escuelas con lengua cooficial.
Antes de hacer público el comunicado, desde la RAE aseveraron que no está demás puntualizar lo que afecta de manera directa a lo que tanto cuidan: la lengua. Saben que no es nuevo el uso de las lenguas vehiculares en los enfrentamientos políticos, pero esta vez estiman que las consecuencias son más complicadas de calcular.
Medida reaccionaria
El escritor, cineasta y miembro académico de la RAE, Manuel Gutiérrez Aragón, sostuvo que esta es una situación que comenzó entre 1996 y 1999, cuando Esperanza Aguirre era ministra de Educación y Cultura. Desde entonces hay problemas con el tratamiento del español en ciertas comunidades, dificultades que ahora podrían blindar la nueva ley. Para él lo que se está proponiendo es una bomba de relojería.
«¿Cómo le explicamos a un ciudadano de Argentina, México, Perú o de Paraguay que mientras ellos defienden la unidad del idioma aquí hemos decidido, definitivamente, no hacerlo?», cuestiona. No sin antes alertar que, quién sabe, quizás en algunos años un pueblo o ciudad decida finalmente dejar de hablar español.
«Lo que propone la ley con respecto a la lengua es una medida profundamente reaccionaria, a pesar de que algunos crean que es progresista. Va en contra del Estado igualitario y de la España ilustrada; además, fragilizará a las clases menos favorecidas», aseguró Gutiérrez Aragón.
«Una idiotez sin límites»
Quien también hizo pública su postura sobre la supresión del español como lengua vehicular fue el escritor Mario Vargas Llosa, quien también forma parte de la RAE. ¿Su veredicto? La Ley Celaá es una «idiotez sin límites».
Dijo que querer acabar con el español no es más que un disparate. Con énfasis apuntó que la izquierda, que quiere acabar con España, se limita a pedir que se suprima el español. «¿Y qué pasa con los 500 millones de personas que hablan español gracias a España? No hay justificación, Es una idiotez que no tiene perdón», apuntó.
Críticas a la RAE
Pero no todos están de acuerdo con la posición de la RAE. El escritor Julio Llamazares calificó a la Real Academia como una institución del siglo XVIII. «No a todos les importa lo que diga o deje de decir la RAE sobre el español»,
Su postura es que el español, como el galleco o como el catalán, será lo que las sociedades quieran que sean. Sostiene que una lengua es un organismo vivo, que evoluciona y crece diariamente con el uso, que no puede encasillarse o meterse en una vereda. Para el autor de La luna del olvido no se trata de encerrar el español ni de intentar ponerle puertas. Dijo que respeta y admira a ciertos académicos, pero no cree que la posición de la RAE tenga un impacto y sea tomada en cuenta.
El debate todavía no culmina
En el pleno del Congreso la Ley Celaá contó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. La discusión previa fue un gran ajetreo. PP, Ciudadanos y Vox mostraron su rechazo a la norma. Entre gritos de «libertad, libertad» por parte de las bancadas de Abascal, Arrimadas y Casado, avanzó el debate. Salió adelante con 177 síes, frente a los 148 noes de PP, Cs y Vox, CC, la CUP, el PCR y UPN.
Por ahora la RAE le seguirá haciendo seguimiento a este proceso. Dudan incluso que la ministra Isabel Celaá, la proponente de la reforma, entienda el «jeroglífico» que está proponiendo. Galimatías de la política.
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