El Tribunal Supremo de España celebró una vista de casación para estudiar el recurso interpuesto por el presidente catalán Quim Torra contra la condena por desobediencia en su contra, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una ratificación de la sentencia de diciembre pasado supondría su destitución. La Fiscalía pidió la desestimación del recurso presentado por la defensa.
Los orígenes del caso se remontan a marzo de 2019. La Junta Electoral Central ordenó retirar una pancarta con símbolos separatistas de la sede del gobierno autonómico. Quim Torra se negó a acatar la instrucción. La intención de la JEC era garantizar la neutralidad institucional, de cara a los legislativos del mes siguiente.
El TSJC señaló que Torra vulneró la neutralidad que deben guardar los edificios públicos en periodo electoral al colocar en la sede del Gobierno la pancarta en defensa de la libertad de los políticos independentistas presos.
El propio presidente catalán reconoció haber desobedecido a la JEC. Sin embargo, ha dicho reiteradamente que esa acción no constituye un delito porque, a su modo de ver, este órgano «no es una autoridad superior». Además, su defensa considera que la condena significó una «vulneración de la libertad de expresión» de Torra porque las acusaciones fueron «un acto político».
«Sí, desobedecí. Pero es que era imposible cumplir con una orden ilegal», dijo Torra en el juicio en noviembre pasado. Amparó su conducta en el derecho a la libertad de expresión.
Un «proceso aberrante»
«Los magistrados del Tribunal Supremo tienen en sus manos una cosa mucho más importante que mi futuro político: se me quiere inhabilitar por una pancarta que defendía derechos fundamentales. Pueden corregir un proceso judicial esperpéntico», dijo Quim Torra ante la vista contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Gonzalo Boye, el abogado de Quim Torra, acudió nuevamente a la tesis de que su defendido es víctima de un proceso político. En su comparecencia, el jurista se refirió a la sanción impuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña de 2019 y a las palabras de la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo cuando llamó «terrorista» al padre del líder de Podemos Pablo Iglesias.
Apeló a una «minoría nacional» como explicación de lo que, a su juicio, es un trato desigual al de Sánchez. Dijo que la JEC sancionó a Sánchez por conceder una entrevista desde la Moncloa en periodo electoral. En cambio, Torra fue suspendido de su cargo.
Boye se amparó, principalmente, en señalamientos de una presunta discriminación a Torra por el hecho de ser catalán. Además, recordó que la jurisprudencia del Supremo ya estableció que la JEC no era competente para dar órdenes al presidente de una comunidad autónoma.
Fiscalía pidió desestimar el recurso presentando por Quim Torra
La Fiscalía respondió señalando que, efectivamente, la JEC no es un órgano superior, pero sí tiene poder para actuar como lo hizo en el marco de un periodo electoral. Durante su intervención en la vista, la fiscal Pilar Fernández Valcarce subrayó que la condena «no se dirige contra unas manifestaciones políticas» sino que se presentó por su falta de respuesta ante los requerimientos de la JEC. «Entendemos que el recurso deberá ser desestimado radicalmente», dijo.
También intervino Marta Castro, la vicepresidenta nacional jurídica de Vox. Calificó la argumentación de la defensa de «marketing político». Destacó que el asunto central es determinar si hubo desobediencia y si debe ser sancionada. «No se ha juzgado un acto político, sino la obligación de Torra de mantener su neutralidad en periodo electoral», argumentó.
Quim Torra descarta elecciones
La hipotética destitución de Quim Torra obligaría al Parlamento regional –con mayoría separatista– a escoger un nuevo presidente. Si no hubiera acuerdo entre las fuerzas independentistas, deberían convocarse a elecciones.
Sin embargo, Torra advirtió, apenas unos minutos después de asistir a la vista judicial, que no se plantea por ahora convocar elecciones. “No seré yo quien, en este momento tan crítico para el país, lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración. No es un castigo a mí por una pancarta, sino que es un castigo al país entero en mitad de una pandemia”, manifestó.
Quim Torra arrancó el día con un mensaje en Twitter en el que ratificaba el significado de la polémica la pancarta. «Pues sí: libertad presos políticos y exiliados», escribió junto a una imagen de la señal, colgada del balcón del Palau de la Generalitat.
El Tribunal Supremo se debe pronunciar sobre el caso en los próximos días.
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