¿Quién destapó la corrupción?

Por Iñigo Aduriz | Ilustración: Artur Galocha
Fotos: Lino Escurís | Quique García | Tooru Shimada
07/04/2015

• Luchar contra la corrupción no es difícil ni caro
• «Denunciar la corrupción en España es casi imposible»

o son jueces ni policías, pero su iniciativa en pro de la honradez de la política y del servicio público ha permitido que caigan gobiernos manchados por la corrupción o que ingresen en la cárcel presidentes autonómicos, diputados, concejales y altos cargos de la administración con el agua hasta el cuello en distintos casos.

Los nombres de estos ciudadanos anónimos son Ana, Antoni, Montserrat, Azahara, Francisco, entre muchos otros. Desconocidos para la mayoría de la sociedad, fueron quienes levantaron las alfombras de ayuntamientos, gobiernos autonómicos y empresas públicas, desvelando algunas de las causas más mediáticas que han dado pie a costosas investigaciones que, a su vez, abrieron extensos sumarios judiciales.

Con sus denuncias, mostraron la putrefacción que se escondía en diferentes instituciones españolas. Porque la corrupción ha salpicado incluso a la Casa Real y hoy en día marca la agenda política. Es la segunda principal preocupación de los ciudadanos –según el último sondeo del CIS– y su erradicación se ha convertido en objetivo central de todos los partidos. Un empeño que no hubiera sido posible sin la actitud de estas personas que, cuando alzaron la voz o se atrevieron a acudir a la comisaría más cercana, no imaginaron cuál iba a ser la trascendencia de sus actos.

Ninguno de ellos se arrepiente de lo que hizo, pese a que su valentía o simplemente el cumplimiento de sus obligaciones les ha supuesto pagar un alto precio. Han padecido coacciones y amenazas. Algunos han perdido incluso sus puestos de trabajo. No buscaban ningún reconocimiento público y tampoco lo han tenido, al menos hasta el momento.

ANA GARRIDO
Caso Gürtel

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
2007

LUGAR
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, principalmente

INSTITUCIONES O PARTIDOS IMPLICADOS
 Ayuntamientos gobernados
por el Partido Popular

SITUACIÓN PROCESAL
Instrucción

«Soy más víctima que heroína”, confiesa Ana Garrido (Málaga, 1966). Sus informes resultaron decisivos para el desarrollo del caso Gürtel por el que se investiga la red vinculada a ayuntamientos del PP de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana y encabezada por Francisco Correa. En 2007 ella era técnica municipal en uno de esos consistorios, el de Boadilla del Monte (Madrid). Licenciada en Magisterio, llevaba trabajando en el municipio, con plaza fija, desde hacía dos décadas.

“La labor de mi departamento era elaborar los pliegos de condiciones para la adjudicación de contratos y realizar los informes. Empezamos a recibir directrices para que fueran beneficiarias determinadas empresas. Si seguíamos esas órdenes nuestra situación laboral se veía recompensada o, en caso contrario, castigada”, explica. Garrido decidió dar a conocer estas prácticas ilegales y otras como adjudicaciones “a dedo” que perpetraron el entonces alcalde del municipio madrileño, el popular Arturo González Panero –con quien había mantenido una excelente relación profesional– y su equipo.

Convenció al resto de técnicos y le enviaron una carta anónima a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ésta encargó la investigación a Francisco Granados, hoy encarcelado por otra trama corrupta, pero tras hablar con González Panero, la cerró.

“Había concejales del PP de Boadilla que también estaban en contra de estas prácticas”, recuerda Garrido. Pero sólo ella decidió dar un paso más. En enero de 2009 elaboró un dossier y acudió a Manos Limpias con la intención de que esta organización presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. “No lo hice yo misma porque buscaba preservar mi anonimato”, se justifica. “Era una trabajadora con una vida normal que no tenía ninguna vinculación política. Ahora he aprendido mucho y quizá hubiera hecho las cosas de otra manera”.

Manos Limpias le hizo caso y en febrero salió a la luz la investigación del caso Gürtel en el que González Panero se vio involucrado de lleno. Apodado por la trama como El Albondiguilla, es uno de los principales imputados. Garrido se pidió una excedencia y se marchó a Costa Rica a buscarse la vida. Mientras estaba allí una información periodística desveló su nombre como el de la posible garganta profunda de la causa. El juez la llamó a declarar y empezó su calvario.

“Cuando cambió el equipo de gobierno (fue elegido como alcalde el también popular Antonio González Terol) me sentí más confiada para volver a mi puesto de trabajo. Pero al poco de regresar padecí el acoso de mis superiores. Mi concejal inmediato me dijo que tenía directrices para hacerme la vida imposible”, asegura. Ante esta situación –“pensé que estuviera quien estuviera en la Alcaldía eso era lo que me tocaba para el resto de mi vida”–, pidió la extinción de su contrato laboral. Denunció por acoso al Ayuntamiento, ganó en primera instancia y, ante el recurso del consistorio, volvió a vencer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El asunto está ahora en el Supremo.

Incluso después de dejar su trabajo, Garrido asegura que es víctima de un acoso permanente. “Tratan de imputarme un delito a toda costa”, insiste. La última denuncia que ha recibido ha sido por una supuesta infidelidad en la custodia de documentos. Ella también ha presentado varias por extorsión. Le han llegado a amenazar de muerte a través de las redes sociales.

El dosier que dio pie a la investigación de la Gürtel le ha pasado una costosa factura profesional y personal. “Han conseguido que pierda mi estabilidad laboral y económica. Me han salido ofertas de trabajo, pero me consta que esas empresas han recibido llamadas para que no me contrataran. He perdido mi casa por no poder pagarla y vivo de okupa en casa de unos conocidos que me han prestado un piso que está embargado”. Garrido sobrevive vendiendo pulseras y collares de bisutería a través de su página de Facebook Gotas de Alma.

A pesar de todo, volvería a actuar de la misma manera. “No me arrepiento porque cuando estaba en esa situación sólo tenía tres vías: entrar en la rueda, mirar para otro lado o posicionarme y denunciar. Si no lo hubiera hecho me habría arrepentido por mi forma de ser. Pero es que además yo no estaba dispuesta a asumir el riesgo de firmar documentos que también podían ser perjudiciales para mí”, concluye.

FRANCISCO VALIENTE y AZAHARA PERALTA
Caso Acuamed

AÑO DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
2014

INSTITUCIONES O PARTIDOS IMPLICADOS
Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

SITUACIÓN PROCESAL
Instrucción

Acuamed –Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.– es la empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura encargada de gestionar las obras hidráulicas dirigidas al desarrollo de las cuencas del Mediterráneo. Uno de los ex altos cargos de la compañía, Francisco Valiente (Albacete, 1947), empezó a detectar irregularidades un año antes. “Era el director de Construcción y pretendían que hiciera cosas que no estaba dispuesto a hacer. Eso fue todo. Si hubiera seguido en mi puesto, las cosas se habrían hecho correctamente”, explica en conversación con Cambio16. Su denuncia fue la que abrió la investigación del caso que estalló en enero de este año con la detención del director general de la compañía, Arcadio Mateo, del presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado Fernández, y de otras once personas. Se investiga la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos plagados de sobrecostes, aprobados entre 2007 y 2014, y la presunta falsificación de facturas.

Azahara Peralta (Madrid, 1978), directora de Obra en la compañía pública hasta 2015, empezó a sentir “presiones” en septiembre de 2014 por parte de sus superiores. Le exigían que aprobara sobrecostes que ella consideraba injustificados en la obra del pantano de Flix (Tarragona), adjudicada a FCC. Era lo que pedía la compañía. “Me insistían en que llegara a un acuerdo con el contratista, que había presentado una reclamación, pero no la veía apropiada por el momento en el que la habían enviado y porque había consideraciones que ya estaban recogidas en el contrato”, sostiene.

A raíz de una carta de la Fiscalía solicitando cierta documentación sobre otras obras, a principios de 2015 Acuamed inició una auditoría en la que también incluyó el proyecto de Flix. Esto sirvió para aumentar la presión sobre Peralta. “Asumí que tenía que presentar datos, pero comprobé que la auditoría se centraba en el aspecto administrativo y no se estaba revisando lo importante: el presupuesto, el plazo y la calidad de la obra”.

El estudio fue posteriormente esgrimido por la dirección de Acuamed para justificar el despido de la ingeniera. Argumentaron que había cometido ciertas irregularidades. Ella recuerda que la rescisión se produjo después de que se volviera a negar a suscribir los sobrecostes de FCC. “Ya en junio de 2015, las presiones comenzaron a ser exageradas. Hasta recibí correos electrónicos en los que se me decía que ya había un acuerdo con la contratista suscrito por los de arriba”. Peralta, que insistía en su negativa, les explicaba que, ante un problema como éste, el procedimiento establecido es pasar un arbitraje y que decida un juez.

Ante las presiones, finalmente decidió sentarse a negociar. “De todos los sobrecostes que pedían llegué a aceptar 3,5 millones de euros. Les dije a mis jefes que no podía conceder una cuantía mayor y les recordé que, ante cualquier irregularidad, toda la responsabilidad iba a ser mía porque era la que firmaba la obra”. Acuamed desligó a Peralta del mencionado proyecto y aprobó todas las reclamaciones que rxigía FCC. Ella fue despedida y decidió denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía. Valiente no sufrió represalias, pero reconoce que no le hizo “gracia” que la ministra Isabel García Tejerina insinuara que el exdirector de Construcción de Acuamed no denunciara nada hasta que le echaron.

Cuando en enero la Policía entró en Acuamed y detuvo a 13 personas, ni él ni Peralta se sorprendieron. Volverían a actuar de la misma forma. “Me siento medio reconciliada con la Justicia, aunque no sé si esto me pasará factura”, afirma. La ingeniera lamenta que quien sufre o ve prácticas corruptas “tiene miedo a denunciar por lo que le pueda ocurrir”.

MONTSERRAT GASSULL
Caso 3%

AÑO DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
2008

LUGAR
Torredembarra (Tarragona)

INSTITUCIONES O PARTIDOS IMPLICADOS
Ayuntamientos e instituciones gobernadas por
Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC)

SITUACIÓN PROCESAL
Instrucción

Su denuncia por los supuestos desvíos de dinero público y adjudicaciones a dedo del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), del que era concejala, derivó en una gran investigación que salpica a numerosos ayuntamientos catalanes y a la propia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), entonces integrada en CiU. Al partido se le atribuyen las presuntas comisiones ilegales del 3% con las que se habrían lucrado cargos municipales, una mordida que podría haber contribuido a su financiación irregular.

Montserrat Gassull (Conesa, Tarragona, 1961), entonces edil de ERC, detectó anomalías en el consistorio a partir del cambio de gobierno municipal, a finales de 2008. “Eran procedimientos irregulares, votados por la Junta de Gobierno Local y también en los plenos y aprobados a pesar de que en el expediente había informes contrarios a la ley por parte del secretario municipal y del interventor. Se trataba de facturas pagadas a empresas sin contrato previo y, por tanto, sin seguir ningún procedimiento legal”, argumenta. Entre otras irregularidades menciona “obras adjudicadas con unos sobrecostes elevadísimos, adjudicaciones directas, etc.”

En abril de 2012 interpuso las seis primeras denuncias ante la Fiscalía de Tarragona, que archivó tres y aceptó otras tres, que fueron las que acabaron en los juzgados. “Anteriormente ya había empezado a denunciar todo esto a través de la prensa y las redes sociales. Y en los plenos advertía de que lo que se votaba era ilegal y se estaba prevaricando”, explica. Se había puesto en contacto con su partido, ERC, y algunos de sus dirigentes le confirmaron que podía haber presuntos delitos de prevaricación. Primero denunció ante la Fiscalía y, después, ante la Guardia Civil.

“Como concejal de Torredembarra cumplí con la obligación de fiscalizar la actividad del consistorio, pero las investigaciones han concluido que gracias a mis denuncias se destapó el conocido como caso del 3%”, recuerda. Su iniciativa le provocó consecuencias inmediatas en el día a día. “El gobierno municipal (formado entonces por CiU, PP, GIT y L’Agrupació) trató de desacreditar mi trabajo. El exalcalde convencía a su grupo, e incluso algunas veces a a miembros de la oposición, de que yo mentía, y votaban procedimientos dudosos”. Fue “una guerra continua” que desencadenó una querella criminal que le interpusieron por injurias.

El alcalde de entonces, Daniel Masagué, hizo mella en la credibilidad de la concejala. “Me aficioné a las redes sociales porque era la única forma que tenía de contar lo que pasaba”, explica. El asunto no le afectó a nivel personal si bien cuando fue imputada por injurias, sí se sintió molesta. “¿Me tengo que ver imputada por decir la verdad?”, se preguntó.

El caso condicionó por completo su relación con ERC. Tras un primer acto de conciliación, el partido dejó de financiarle el abogado. En marzo de 2014 decidió darse de baja. “Vi que estaba sola y que no podía contar con ellos para nada. A pesar de estar informados en todo momento de lo que hacía no esperaban que sucediera lo que ha ocurrido”. Lo que pasó es que en junio de ese año la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento de Torredembarra y detuvo al alcalde, a los miembros de la Junta de Gobierno y a un empresario del municipio. Sólo fue el comienzo de las actuaciones que se producirían después y que llegarían a la contabilidad de CDC, partido hegemónico en Cataluña.

Gassull lamenta no haber tenido apoyo de ERC ni siquiera en su propio pueblo. “El otro concejal del partido nunca quiso saber nada”, lamenta. Con sus denuncias se convirtió en “enemiga pública” para diferentes personas. “En esta trama intervino mucha gente que convivía o vivía de ella”. No obstante, se siente “tranquila” por haber cumplido con su obligación. “No me arrepiento, pero lo pasé mal porque vi cómo detenían a toda una Junta de Gobierno cuyos miembros eran mis compañeros”. En todo caso, es contundente contra cualquier atisbo de corrupción: “Quien lo haya hecho que lo pague. Yo he estado gobernando varios años y siempre he respetado el dinero público más que el propio”. Su honestidad no ha recibido tampoco una recompensa en las urnas. En las pasadas elecciones municipales concurrió en una coalición independiente que no obtuvo representación.

ANTONI DIÉGUEZ
Caso Nóos

AÑO DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
2005

LUGAR
Palma de Mallorca

INSTITUCIONES O PARTIDOS IMPLICADOS
Gobierno de las Islas Baleares,
Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin, Cristina de Borbón, Jaume Matas…

SITUACIÓN PROCESAL
Juicio

Si la hermana del Rey y su marido, Iñaki Urdangarin, se han sentado en el banquillo de los acusados es gracias al tesón de Antoni Diéguez (Gandía, Valencia, 1954), exdiputado socialista del Parlamento balear y actual presidente del Consell Consultiu –equivalente al Consejo de Estado a nivel autonómico–. El también abogado tiró del hilo de un gran acontecimiento que tuvo lugar en las islas en 2005: el congreso sobre Turismo y Deporte Illes Balears Fórum. Lo hizo sin tener ninguna sospecha concreta contra el exjugador de balonmano. “Me pareció que Urdangarin estaba allí como un invitado ilustre más que garantizaba la atención del acto”, recuerda.

A los meses pidió en la Cámara regional el convenio para la organización del acontecimiento adjudicado al Instituto Nóos y las facturas del mismo. El Gobierno autonómico, entonces en manos de Jaume Matas, tan sólo le dio lo primero. Los recibos nunca llegaron a sus manos, aunque el juez instructor del caso Nóos, José Castro, accedió a ellos después a raíz de un registro y los encontró al lado de la solicitud del entonces diputado autonómico del PSOE.

Sólo el convenio, firmado por Diego Torres, le sirvió para alimentar sus sospechas. “Los gastos eran completamente exagerados. Para un acontecimiento que se limitaba a un fin de semana había salarios de 30.000 o 40.000 euros”, recuerda. Diéguez se puso a investigar a través de internet y descubrió que el Instituto Nóos era una asociación sin ánimo de lucro –“a veces son sinónimos de lucro”, ironiza– en la que estaba involucrado Iñaki Urdangarin, entonces yerno del rey Juan Carlos I.

“Viendo que afectaba a la Casa Real me puse en contacto con mi portavoz parlamentaria, que era la actual presidenta de las islas, Francina Armengol. Tardó 10 segundos en contestarme que adelante, que lo hiciera público”. Ya en febrero de 2006 convocó una rueda de prensa. Se limitó a contar que se trataba de un caso de uso inadecuado de dinero público y anunció que si no había una explicación por parte del equipo de Matas, el PSOE pediría una comisión de investigación. Mencionó al Instituto Nóos y la vinculación a éste de Urdangarin.

Apenas tuvo eco en los medios autonómicos. “Había una cierta prevención a la hora de publicar una noticia negativa sobre la Casa Real. Si en algún sitio ha sido querida la monarquía ése ha sido Baleares. Los reyes eran como dos ciudadanos más y todo lo que era para ellos estaba bien hecho”, confiesa. Pero a nivel nacional El Mundo tituló en portada con el escándalo. Días después la Casa Real hizo público un comunicado asegurando que había pedido a Urdangarin que no interviniera en estos negocios. “Es un texto clave porque demuestra que el marido de la infanta no tenía una mera función honorífica y que ahora Cristina de Borbón no puede alegar desconocimiento del carácter poco ético de ese tipo de contrataciones”, argumenta.

Diéguez pensó que con su información había ayudado a la Jefatura del Estado. Creyó que había prevenido a Urdangarin para que desistiera de esos negocios. Varias denuncias a la Fiscalía sobre el incremento patrimonial desmesurado del expresidente balear Jaume Matas y acerca de las irregularidades en la documentación contable del Palma Arena hicieron que en 2008 el juez Castro abriera las 30 piezas separadas del caso Palma Arena y, entre ellas, la del caso Nóos que juzga la Audiencia de Palma.

A pesar de que Diéguez se atrevió a involucrar a la Casa Real en un caso de corrupción, no recibió ningún tipo de presión por parte de instituciones del Estado. “Eran más peligrosos los corruptos locales que los de Madrid”, afirma. Tuvo avisos, alguna amenaza personal y “trampas” que él atribuye a la intención de esas personas de involucrarle en algún delito. Él es todo un profesional destapando casos. Sus denuncias o intervenciones sacaron a la luz causas como las llamadas Calvià, Túnel de Sóller, Rasputín y OverMarketing.

Nunca ha buscado un reconocimiento especial. “Lo que sí he echado de menos durante mucho tiempo ha sido que hubiera habido una conciencia crítica por parte de la ciudadanía porque el mayor dique contra la corrupción no son los jueces ni los fiscales ni los políticos que denuncian: es la intransigencia ciudadana”, concluye.