Por Iñigo Aduriz
09/12/2015
El modelo fijado por la Constitución, que este mes cumple 37 años, y el desarrollo del Estado de las autonomías, no han conseguido acabar con las tensiones territoriales existentes en comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña. La situación se ha vuelto especialmente grave en esta última, sobre todo desde que a partir de 2012 crecieran allí los deseos secesionistas de una gran parte de la población. El camino a la independencia emprendido por el Parlament con el amparo del aún president de la Generalitar, Artur Mas, ha obligado a todos los partidos a posicionarse sobre la cuestión territorial, y que ésta se sitúe como un elemento central de la campaña electoral.
Las propuestas de las distintas fuerzas políticas van desde la apuesta por mantener la situación actual que plantea el PP, a la defensa del derecho a decidir que mencionan Podemos o Unidad Popular. Aunque con distintas matizaciones, todos los partidos menos el PP plantean la creación de un Estado federal y un nuevo reparto de las competencias que equipare a los diferentes territorios y delimite sus actuaciones.
La «unidad de la nación española» es una de las prioridades de los populares, y así queda reflejado en su programa electoral para las generales. El partido en el Gobierno sí se muestra dispuesto a «mejorar» el marco autonómico «para reforzar la cohesión territorial» y «la unidad en torno a la pluralidad y la solidaridad». Pero lo hará en todo caso «defendiendo el Estado de las autonomías que reconoce la Constitución» y «que ha demostrado ser la mejor fórmula de articular unidad y diversidad». Garantizar «una oferta básica de servicios públicos esenciales iguales para todos los españoles» tocar la financiación autonómica para que sea «estable y suficiente» serán otras de las medidas que ponga en marcha el PP. La principal novedad recogida en el texto tiene que ver con la creación de una Conferencia de Presidentes que mejore las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas.
«Ante las posturas extremas e intransigentes», el PSOE se decanta en su programa por la opción federal. Es, en su opinión, «la única solución que, tal y como demuestra la experiencia de otros países, es la más eficientes en sociedades plurales» como la española. Para ponerla en marcha los socialistas plantean una reforma constitucional que, tal y como explican, «no está encaminada solamente a resolver el problema catalán, sino que aspira a dar solución a los principales retos del sistema territorial de las autonomías mediante una reforma del sistema de financiación, una definición clara del reparto de competencias, una verdadera cámara de representación territorial, o el blindaje de los derechos sociales de los que podrá disfrutar todo español con independencia del territorio en el que resida».
En el caso de llegar al poder, la formación que encabeza Pablo Iglesias abriría «un amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate del cambio constitucional». Podemos quiere que la nueva Carta Magna asuma «la naturaleza plurinacional de España» y regule la posibilidad de que los gobiernos autonómicos celebren consultas. En esta línea promoverán la convocatoria de «un referéndum con garantías en Cataluña» para que sus ciudadanos «puedan decidir el tipo de relación territorial que quieren establecer con el resto de España». Su modelo de Estado contempla la reforma del Senado y la revisión del modelo de financiación «bajo los principios de equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial».
Siempre al margen de los nacionalismos, el partido naranja considera que la organización territorial «debe responder a las exigencias ciudadanas». Ciudadanos contempla «la unidad» como «el contexto en el que los ciudadanos» desplegan sus «derechos y libertades». «La diversidad no es, ni puede ser, una amenaza, ni a los derechos ni, por consiguiente, a la unidad misma«, apuntan en su programa electoral. Por eso proponen «enumerar» en la Constitución «las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, para fijar el mapa autonómico de manera definitiva». Esto implicará eliminar la posibilidad de que Navarra se incorpore al País Vasco, así como la referencia a los derechos históricos de ambos territorios. Proponen la supresión de las diputaciones y la fusión de municipios.
El objetivo de la candidatura encabezada por Alberto Garzón es «construir una España federal» a través de un proceso constituyente en el que «el debate territorial se vincule al debate social», y en el que «los derechos de la ciudadanía se liguen indisociablemente a la arquitectura del Estado». La coalición en la que se integra IU dedica todo un apartado de su programa a su propuesta de estado federal. Considera que esa organización «en el marco de una Constitución y con el concurso de constituciones federales». A juicio de Unidad Popular la base del Estado «es una unidad territorial que cuenta con potestad constitucional y legislativa propia». Plantea una estructura bicameral en la que una de las cámaras represente los intereses territoriales, y que se base en la máxima participación ciudadana.
La formación que encabeza Andrés Herzog quiere cambiar el título octavo de la Constitución para para delimitar las competencias de las comunidades autónomas y establecer un Estado federal cooperativo. «Así todas las administraciones funcionarán mejor y el servicio que dan a los ciudadanos será más útil», explican en su programa. La formación magenta pretende que el Gobierno central sea «el único responsable de Educación, Sanidad y Justicia» y pueda encargarse de otras funciones si es necesario. Además, plantea «quitar los Conciertos y Convenios Económicos que hay entre España y el País Vasco y Navarra» y cambiar los sistemas forales de ambos territorios.
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