¿Qué proponen los partidos para regenerar la política y luchar contra la corrupción?

Por Iñigo Aduriz
18/12/2015

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En una sola legislatura, la última, la corrupción y el fraude se han convertido en la segunda principal preocupación de los españoles. El estallido de movimientos sociales como el del 15-M, centrados en exigir una mayor transparencia y una nueva forma de hacer política, unido a la proliferación de escándalos que han afectado a los grandes representantes del bipartidismo, han profundizado en la concienciación ciudadana que ya no acepta ninguna de esas prácticas y exige una regeneración de la vida pública.

El descontento es el que aupó a las llamadas fuerzas emergentes a situarse como las favoritas de la ciudadanía, sobre todo a raíz de 2014. Podemos, en primer lugar, y Ciudadanos, después, nacieron del hastío de gran parte del electorado hacia las prácticas y los privilegios de las fuerzas tradicionales, que son las que han ocupado responsabilidades de gobierno prácticamente desde la instauración de la democracia. Pero incluso éstos han asumido que es necesario situar la lucha contra la corrupción y la dignificación de la política en el centro de la acción en los próximos años. Los programas electorales dedican secciones enteras a este asunto, simbolizando un cambio de tendencia que parece ya imparable a favor de la regeneración democrática.

El partido que encabeza Mariano Rajoy sostiene en su programa que «la regeneración democrática ha sido uno de los ejes principales» de su programa reformista de gobierno. «Somos el Gobierno que más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción», apunta, antes de señalar que los populares seguirán «trabajando para hacer de España un país más transparente, más fiable y con un mejor funcionamiento de las instituciones». El PP obligará a todos sus cargos a suscribir una Declaración de Compromiso que significará la adhesión a sus principios éticos. «Tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción». También incorporará la obligatoriedad de cese en el cargo para los Altos Cargos encausados por un delito de corrupción en el momento de la apertura de juicio oral, y reducirá los aforamientos. Su compromiso es «seguir desarrollando en profundidad la Ley de Transparencia» en la próxima legislatura.

Los socialistas consideran que «ha llegado el momento de dar un salto histórico para mejorar las bases institucionales» de la democracia española. «La transparencia y la obligación permanente de rendir cuentas y asumir responsabilidades públicas son condiciones imprescindibles frente a la corrupción política. Pero hay que ir más lejos. Hay que endurecer las sanciones y poner más medios a disposición de los jueces«, señalan en su programa electoral. Para todo ello el PSOE plantea elaborar un Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. En dicho documento incluiría medidas de prevención para el sector público, impulsando las declaraciones de bienes y patrimonio del funcionariado y los cargos públicos, u obligando a las personas que conforman el Gobierno y Altos Cargos de la Administración del Estado a presentar una declaración y certificación de la Administración tributaria de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El equipo de Pedro Sánchez prohibirá el nombramiento y obligará al cese de altos cargos cuando se les abra juicio oral por algún delito relacionado con la corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal de los partidos políticos, etc) delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y delitos de fraudes de subvenciones y ayudas públicas, y blanqueo de capitales. También suspenderá a concejales y parlamentarios cuando se les abra juicio oral y se revisarán las normas de contratación pública.

Dentro del «compromiso por la regeneración política» que plantea el partido que lidera Albert Rivera se contempla la separación «de inmediato» de «cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Ciudadanos exigirá la «responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos» y «apartará de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica». La formación naranja prohibirá que las empresas hagan donaciones a los partidos, reducirá a 50.000 euros las de las personas físicas y obligará a los partidos a notificar al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses las donaciones mayores de 25.000 euros. En su programa también propone prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a partidos políticos, tipificar el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal con responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos, y obligar a los partidos a publicar en su página web sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control internos.

El partido que dirige Pablo Iglesias dedica una veintena de páginas de su programa electoral a desgranar las medidas por la regeneración política y contra la corrupción que aplicaría en el caso de llegar al Gobierno. Incluso plantea facilitar que se convoquen elecciones en el caso de que los dirigentes en el poder no cumplan con sus programas electorales, o que la iniciativa popular pueda revocar cargos públicos. Podemos quiere obligar a los partidos a celebrar primarias. Además, despolitizará el Tribunal Constitucional a través de diferentes reformas. La formación morada eliminaría «privilegios de los cargos electos», tanto «aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus respectivos mandatos». Impulsará una Ley de Profesionalización de la Administración Pública y ampliará la de Transparencia para adecuarla a «estándares internacionales». Podemos regulará las incompatibilidades en los cargos públicos y aprobará otra Ley de Paredes de Cristal, que pretende ser una normativa integral para la regeneración democrática de las instituciones públicas, «que sirva de marco para abrir los parlamentos a la ciudadanía». Asimismo, reformulará la Ley de Contratos del Sector Público, entre otras iniciativas.

La plataforma que integra a IU plantea la aprobación de «una ley integral y severa anti-corrupción», incorporando el delito de enriquecimiento ilícito o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. «Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas», señalan. También ampliarán los tipos penales y endurecerán las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos. Ampliarán a hasta 30 años la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior. La candidatura de Alberto Garzón establecerá que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción y, entre otras medidas, desarrollará la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal. IU también reformará la Ley de Contratos del Sector Público «para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea». Impulsará otra norma de transparencia e información pública que regule la publicidad institucional y el régimen de subvenciones públicas, y limitará el número de asesores y de cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones.