Fernando Castelló Sirvent / Economista, profesor e investigador en ESIC Business & Marketing School
Al margen de la excepcionalidad que representa la declaración del estado de alerta, desde una perspectiva económica estamos asistiendo a una secuencia que recuerda de forma ominosa la línea de sucesos que siguió a la caída de Lehman Brothers hace más de una década.
En aquel momento, un poderoso shock se extendía por todo el mundo. Frente a ese gran cataclismo procedente de Wall Street, la entonces ministra de economía de Francia y hoy presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista para el documental Inside Job de Charles Ferguson confesaba que al observar la llegada de ese tsunami los ministros de economía y finanzas de la Unión Europea solo podían elegir el traje de baño que iban a ponerse para el momento en que sus economías quedaran sumergidas por el desastre.
Hoy el tsunami no procede de un problema crediticio inicial. Los problemas de liquidez son efectos, no causas. El apuntalamiento del sistema financiero se vuelve una necesidad para evitar males mayores.
Frente a la crisis de 2008 encontramos shocks simultáneos de oferta y de demanda, nos situamos en un punto de análisis incierto, caracterizado por información incompleta, pero asistimos a una emergencia de salud pública que implica que los Estados afectados planteen, de facto, la congelación temporal de sus respectivos sistemas de producción hasta que la crisis sanitaria haya podido ser superada.
En un contexto tan particular, países como España, que cuentan con niveles de deuda pública muy elevados, tienen mucho más difícil impulsar políticas fiscales que resulten efectivas para la hibernación de la economía durante unas semanas y para su posterior reactivación.
A la espera de la articulación de las medidas anunciadas para el Consejo de Ministros de este martes, las próximas semanas asistiremos a una caída drástica de la actividad económica en nuestro país. No solo estamos en presencia de un shock de demanda, sino que a éste se suma otro shock de oferta como consecuencia de la parálisis derivada del confinamiento de personas y el cierre de parte del tejido empresarial.
La brusca caída del producto interior bruto quedará registrada entre los datos del primer y segundo trimestre del año. La entrada en recesión, y su gravedad, dependerán del acierto y de la rapidez con que se diseñe el plan económico de choque.
En este sentido, resultará determinante la agilidad del programa público de garantías para pymes, microempresas y autónomos. También un completo plan de exenciones de cotización para pymes y más de tres millones de autónomos. Estas medidas son urgentes y deben quedar imbricadas con las posibilidades de flexibilización y ajuste de plantillas que ofrecen los ERTEs para las empresas de mayor tamaño.
La coordinación de los seis principales bancos centrales tras los drásticos anuncios de la Reserva Federal anticipan una crisis de gran profundidad e incierta recuperación.
Dentro del desconcierto generalizado, esta vez Bruselas parece favorable al relajamiento de los objetivos de déficit. En esta ocasión no parece que vayan a reproducirse las políticas de austeridad que caracterizaron la Eurozona durante las etapas de ajuste y recuperación de la crisis anterior.
Además de los factores sistémicos y propios de la coordinación internacional de la política monetaria, la realidad económica de los próximos meses vendrá condicionada por el acierto de las políticas fiscales, de cobertura de riesgos y de estímulo económico. El diseño de la política pública debe cubrir riesgos de cola que impactan sobre los agentes económicos y son propios de una crisis cuya posibilidad de recurrencia futura ignoramos por el momento.
En particular para el caso español, la efectividad de las medidas económicas que se aprueben en el Consejo de Ministros determinará que, tras el shock, nos quede una crisis en forma de U o, por el contrario, una profunda crisis en forma de L.
*Economista, profesor e investigador en ESIC Business & Marketing School. Twitter: @Castello_F