ENTREVISTA A FRANCESC DE CARRERAS, CATEDRÁTIVO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Por Iñigo Aduriz | Fotos: Benito Guerrero
24/09/2017

No tiene ninguna duda: el referéndum independentista convocado por la Generalitat de Cataluña para el próximo 1 de octubre no tendrá ningún efecto. Francesc de Carreras (Barcelona, 1945) denuncia las estrategias de los dirigentes independentistas y considera que el Gobierno no ha hecho lo suficiente por “convencer” a los catalanes para que quieran seguir en España. En una calurosa mañana de verano en el renovado Café Comercial de Madrid, el catedrático de Derecho de Constitucional hace un repaso a las consecuencias jurídicas del proceso y a las causas que han provocado el llamado choque de trenes.

¿Qué sucederá el 1 de octubre en Cataluña?

No será el día en el que van a pasar más cosas. Sucederán antes y ese día obviamente no se celebrará el referéndum porque no tiene ningún viso de legalidad y porque el Estado impedirá que se llegue a lo que se llegó el 9 de noviembre de 2014, que fue una especie de simulacro de referéndum.

No se repetirá entonces la situación del 9 de noviembre.

Esa situación no. Lo que puede haber son manifestaciones o algún tipo de acciones de protesta en la calle. También puede ser que haya urnas en algún pueblo, pero no creo que se vaya a celebrar un referéndum ni siquiera de manera ilegal.

Pero hay dos posturas enfrentadas e inamovibles. Una del Govern catalán que asegura que el referéndum se celebrará, y otra del Gobierno español que sostiene que no.

El Govern puede decir lo que quiera. Un poder público debe atenerse a las leyes y no tiene ninguna que le permita hacer un referéndum. ¿Va a hacer una ley ahora, prácticamente de lectura única y sin discutirla, diciendo como anunció [el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles] Puigdemont, que era una norma que se situaría por encima de la Constitución y del Estatuto de Cataluña? Ya de entrada se está diciendo que es una ley nula y, por tanto, es tirar piedras sobre su propio tejado. Puigdemont sabe –y si no lo sabe alguien le habrá asesorado–, que acceder ilegalmente a algo que pueda conducir a la secesión no está admitido por la comunidad internacional y no tiene salida. Aparte de las razones que pueda haber a favor y en contra del independentismo, pienso que lo han hecho de la peor manera posible.

Tanto Puigdemont como sus consejeros han dicho que están dispuestos a llegar a la desobediencia máxima de las leyes.

Lo que se dice por parte de medios cercanos a la Generalitat o nacionalistas es que buscan una situación como de martirio que les permita decir que ellos son demócratas y los demás no porque no les dejan votar. Y que quieren llegar a ser héroes, como otros que ha habido en Cataluña luchando por la independencia. Es posible que eso [la disposición a desobedecer] sea así. Yo me lo creo en el caso de Puigdemont o en el caso de [Artur] Mas, que ya es una persona amortizada. Pero esto no lleva a nada sino a volver a empezar. Hay unas instituciones y está la Generalitat que alguien la tiene que gobernar. También está el Parlament que tiene que hacer leyes y controlar al Gobierno. Y ese Ejecutivo tiene que llevar la dirección de la administración.

¿Usted no ve a Puigdemont o a otros cargos de la Generalitat en la cárcel?

Puede ser. Lo más probable es que si hacen lo que dicen sean procesados.

Pero no cree que se llegue a dar el caso de que sean encarcelados.

Lo que digo es que no creo que se vaya a celebrar el referéndum. Ahora, sí pienso que en el camino habrá desobediencias en cascada y que por otros delitos paralelos Puigdemont y cualquier miembro de su Gobierno pueden ser procesados.

¿Cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para impedir ese referéndum?

Hasta ahora el que se ha utilizado ha sido el poder judicial, basándose fundamentalmente en el mandato del Tribunal Constitucional. También ha actuado aplicando las leyes de seguridad pública, aparte del Código Penal. El segundo círculo al que yo creo que probablemente habrá que llegar –y que no hay que pensar que es una medida radical– es la aplicación del artículo 155. Solucionaría muchas cosas. Se trataría de decirles desde el Gobierno a determinados cargos públicos o funcionarios de la Generalitat lo que deben hacer conforme a la ley. Este artículo se ha desprestigiado. Al principio se dijo algo que es falso y que era que suponía la supresión de la autonomía. Pero es la suspensión puntual de la autonomía cuando de forma reiterada y grave se incumplen la Constitución y las leyes.

¿Se trataría de que la gestión pasara a la administración estatal?

Al Gobierno. Que el Ejecutivo que pueda dirigirse al que crea que es responsable y hacerle una advertencia. Si el otro sigue en su actitud existe todo un procedimiento de precauciones: se puede hacer un requerimiento o mediante el acuerdo de la mayoría del Senado se pueden dar determinadas órdenes. Si estas se incumplen se entraría de nuevo en la vía judicial. Estamos en un Estado de Derecho y quienes hacen cumplir la ley en último término son los jueces. Una herramienta más grave sería declarar el estado de sitio, que se produciría en el único caso en el que hubiera peligro de secesión real porque sí lo contempla la ley del año 1981.

¿Existe un riesgo de secesión real?

Creo que no. Desde Cataluña el nacionalismo ha magnificado su fuerza en base a manifestaciones que siempre impresionan mucho, doblando y triplicando las cifras reales. En todo caso, eran mucha gente. Si en 2012 el Gobierno central hubiera tomado decisiones rápidas, por ejemplo convocando un referéndum consultivo vía artículo 92 o elaborando informes sobre lo que significa la independencia, habría más catalanes en contra. Si miramos los sondeos hay un dato que es muy significativo. Cuando a los catalanes se les pregunta si creen que Cataluña va a ser independiente, tan solo responde que sí el 9%. Y eso que se declara independentista cerca del 38%. Las inversiones extranjeras han continuado y eso quiere decir que confían en que no habrá independencia. Ya se está viendo lo absurdo y lo perjudicial que es el Brexit para los ingleses. Lo que muchos querían en Cataluña con este proceso era comprobar a ver qué sacaban de este proceso. Y esta es una actitud absolutamente desleal y antidemocrática.

En el caso de que se celebrara una suerte de referéndum y ganara el ‘sí’, ¿no cree que podría haber un reconocimiento internacional?

En ningún caso. Siempre puede haber un país que lo haga. Pero, por primera vez, en el último Govern hay un conseller que se llama de Asuntos Exteriores. Ha ido por el mundo pidiendo audiencias y el más alto cargo que le ha recibido ha sido el ministro de Asuntos Sociales de Camboya. Estaba buscando que lo recibieran en Europa o EEUU y nadie lo ha hecho.

¿Cuáles son las consecuencias reales a las que se enfrentan los cargos de la Generalitat en el caso de que se ponga en marcha el referéndum?

Las que ya se han puesto en marcha en los últimos meses. Hay personas, empezando por un presidente de la Generalitat que no está en ejercicio en este momento –como Artur Mas–, que están procesadas y condenadas por delitos cometidos cuando estaban en el cargo. Con este precedente se ha dado ejemplo de que estamos en un Estado de Derecho y que quien no cumple las leyes tiene que pagarlo.

Por el momento, lo que ha habido han sido varias inhabilitaciones y responsabilidades administrativas. ¿Puede que esas condenas vayan más allá?

Sí. Se pueden producir delitos de rebelión, de sedición, y otros de tipo de administrativo de incumplimiento de leyes y de ordenamiento. Ha existido un goteo de dimisiones de consellers y altos cargos que lo que no quieren es cometer delitos.

¿Qué ley habría que cambiar para que el referéndum se pudiera celebrar?

Añadiendo a la Ley de Referéndum lo que en Canadá es la Ley de la Claridad se podría hacer un referéndum para que los catalanes dijeran lo que quisieran. Pero también podrían votar con el conjunto de españoles un cambio constitucional. No veo posible ni conveniente que en la Constitución se dé a Cataluña un trato especial ni mucho menos introducir el derecho de autodeterminación. No lo tiene ninguna Constitución en el mundo excepto alguna fuera de nuestro entorno y de nuestra cultura política. Se puede votar también un Estatuto nuevo.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

De 2006 a 2012 se configuró un grupo dentro del nacionalismo catalán que estaba en parte en Convergència y mayoritariamente en ERC que, con otros apoyos, quería la independencia. Tuvo el respaldo de la Generalitat que primero quiso un Concierto Económico y que aprovechó verdades y mentiras para pedir la independencia. La idea adquirió una gran fuerza en los medios de comunicación, bien públicos o bien subvencionados por la Generalitat. Y cuando un grupo aunque sea reducido toma iniciativas y la sociedad no responde y resulta pasiva, este grupo pequeño –y esto está estudiado en Sociología– gana. Porque los otros no se defienden. En la Transición un grupo pequeño de demócratas ganó porque nadie defendió el franquismo. ¿Era demócrata la gente que no defendía el franquismo? Hasta aquel momento había sido franquista pasivamente, pero llegaba un momento en el que decía que era mejor ser demócrata. Esto es lo que ha sucedido en Cataluña, y ese silencio aún persiste.

¿El comienzo fue el ‘España nos roba’?

El inicio está en el año 1980. Pujol se puso al frente de la Generalitat y él es un nacionalista autonomista de conveniencia. La autonomía la quiere para crear conciencia nacional. Lo que hizo fue construir un espíritu nacional para que, en un momento dado, se pasara a la independencia. El momento llegó después de muchos años. Se aprovechó que España estaba en una crisis económica grave entre 2008 y 2015 y, en aquel momento, los independentistas dijeron: “ahora o nunca”. Conozco bien la sociedad catalana. Tengo muchos amigos y parientes independentistas y todos lo son desde siempre. Aceptaban la autonomía como mejor que nada, pero es absolutamente insatisfactoria para ellos. Lo que quieren es la soberanía. Los argumentos iniciales eran identitarios, porque tenemos una lengua, una cultura y una historia. Después se les añadieron –y esto es fruto sobre todo de ERC– argumentos económicos y se buscó el tema de las balanzas fiscales –que se ha demostrado que es falso y ya no se utiliza–, y el ‘España nos roba’, ‘estar en España en lo peor’ o ‘España un estado fallido o semifallido desprestigiado en el mundo’.  Se utilizan argumentos distintos.

Pero son argumentos que calan.

En gente a la que los otros argumentos no le satisfacían mucho.

Pero no en la mayoría de la población.

Porque muchos no se lo creen. Desde los más altos puestos del Gobierno de la Generalitat han dicho mentiras oficiales como que la economía catalana funcionaría estupendamente con la independencia o que seguiríamos en la Unión Europea, algo que va contra los tratados, que todos los países del mundo apoyarían la independencia de Cataluña.

¿Cuáles son los errores que se han cometido desde el Gobierno en esta crisis?

Fue el 11 de septiembre de 2012 cuando se produjo la primera gran manifestación en la que se pidió la independencia. Artur Mas creyó que aquella marcha era a su favor, disolvió el Parlamento y convocó elecciones en diciembre. En este periodo de septiembre a diciembre el Gobierno tenía que haber reaccionado sobre todo diciéndoles algo a los catalanes que no eran independentistas. Hablando. El Ejecutivo central tiene que impedir que se hagan actos ilegales y esto lo ha hecho en general bien.

¿Ha faltado convencer?

Exactamente, y hacerlo con argumentos. En esto el Gobierno no ha hecho nada. Tenía muchas armas como las que se pusieron en marcha en Reino Unido cuando se iba a producir el referéndum en Escocia. El Gobierno podía haber encargado a dos juristas europeos de reconocida solvencia un informe sobre las consecuencias de la independencia. Sobre economía también se podía haber citado a dos premios nobel o a historiadores que desmontaran que Cataluña era independiente hasta 1714.

¿Cree que la sociedad civil española ha asistido pasiva a todos los acontecimientos producidos en Cataluña?

La más grave ha sido la actitud de la sociedad civil catalana, y hablamos de unos ciertos grupos de influencia intelectuales, empresariales o los que se llaman altos grupos de presión. Alguna institución financiera o algún empresario ha hecho algún gesto pero de manera muy tímida. Hablando con ellos son radicalmente opuestos a la independencia pero en público se han mostrado muy tímidos.

¿Por miedo?

Creo que sí. A un empresario muy importante a nivel mundial le pregunté: “¿De qué puedes tener miedo?” Y me dijo: “De una inspección fiscal”. También han fallado los partidos. Hay tres partidos en Cataluña –el PP, PSC y Ciudadanos– que no son partidarios de la independencia, pero son incapaces de unirse para hacer una declaración conjunta. Si están de acuerdo en rechazar la independencia deberían decirlo los tres de forma conjunta. No hay manera y en esto tiene una gran responsabilidad el PSC.

¿Por qué?

Porque siempre ha caído en la trampa que le tendió Jordi Pujol al creer que en Cataluña había un partido que había que arrojar a las tinieblas –aunque el propio Pujol luego pactara con él en Madrid– que era el PP. Pactar con el PP para el PSC es algo absolutamente imposible. En Cataluña el PSC es un partido absolutamente acomplejado ya que intenta que no se le diga que no es lo suficientemente catalanista.

¿A qué atribuye que Ciudadanos se haya convertido en una fuerza hegemónica en el ámbito constitucionalista de Cataluña?

Básicamente es el que ha hablado más claro. En las últimas autonómicas fue el que más votos tuvo después de Junts pel Sí y ahora las encuestas le dan el segundo lugar detrás de ERC. A veces desde los medios de Madrid se lanza la idea de que en Cataluña todo el mundo quiere la independencia. Y no es así ni mayoritariamente. Otra cosa es que haya cundido mucho esto del derecho a decidir. Pero no se tiene conciencia de lo que es. En una democracia el ciudadano decide siempre en elecciones como mínimo.

¿Ve peligroso que el proceso esté sembrando odios arraigados en ambas partes?

En Cataluña sí que ha habido –amigos, familias– ciertas rupturas. Hemos hablado poco del tema y los sentimientos están por encima de la razón. Pero la situación que refleja Aramburu en Patria que en el País Vasco ha existido y existe, en Cataluña yo no la llego a percibir con esa intensidad.