POR CAMBIO16
20/6/2017
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocará unilateralmente la Junta de Seguridad de Cataluña para el próximo 3 de julio ante la “negativa” del Gobierno a acordar una fecha.
Puigdemont, que este martes ha clausurado un acto con empresarios en Barcelona, ha explicado que ha asumido la responsabilidad de convocar esta cumbre ante la «negativa unilateral del Estado», que ha rechazado hasta cinco veces, ha dicho, las fechas propuestas por el gobierno catalán para celebrar el encuentro.
«Desde noviembre de 2016 le hemos ofrecido hasta cinco fechas y no le ha gustado ninguna», ha lamentado Puigdemont refiriéndose al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
«Lo he convocado para el 3 de julio porque tengo potestad. Ante la negativa unilateral del Estado, yo, que tengo la responsabilidad de convocar esta junta, lo hago, ya que no podemos esperar más. Es una cuestión de prioridades», ha declarado.
Ante cerca de 600 empresarios, Puigdemont ha añadido que la Generalitat ha tenido «paciencia», pero que no está dispuesta a aceptar que el Gobierno central la esté «desahuciando» de su derecho de autogobierno.
Según el jefe del ejecutivo catalán, el Gobierno «no está priorizando» la seguridad. «Hace ocho años que no hay manera de acordar la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña», pese a que es el órgano, ha añadido Puigdemont, en el que los diferentes cuerpos policiales del Estado presentes en Cataluña comparten decisiones estratégicas sobre seguridad.
El anuncio del Govern se produce en plena controversia con el Gobierno en materia de cooperación policial, ante las dificultades por concretar la reunión de la Junta y por el requerimiento del Ministerio de Hacienda limitando a 50 agentes la promoción de los Mossos d’Esquadra que la Generalitat pretendía convocar para 500 efectivos.
La mera celebración de la reunión supondría de facto, según el Govern, que quedaría certificado el despliegue de los Mossos d’Esquadra entre 2010 y 2013, ante lo que la Generalitat reclama una deuda de 264 millones de euros pendientes de abonar desde entonces por el incremento de la plantilla de la policía catalana.
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