Por Cambio16
12/07/2018
Carles Puigdemont se enfrentaría a una condena por malversación de hasta 12 años de cárcel. Ésto, sólo si el juez Pablo Llarena acepta su entrega sólo por esa causa. Una decisión que ya tomó en las primeras horas de este jueves el tribunal alemán de Schleswig-Holstein.
Según establece el Código Penal español, la condena por malversación oscila entre los cuatro y los ocho años de cárcel. No obstante, la legislación también contempla una condena agravada a 12 años si el perjuicio causado excediere de 250.000 euros.
Por consiguiente, dado que los informes que la Guardia Civil ha ido entregando al juez Llarena en los últimos meses elevan el dinero público desviado para la organización del denominado ‘procés’ a más de cuatro millones de euros, sería previsible que una de las acusaciones personadas en la causa, ya sea la Fiscalía o la acusación popular que ejerce Vox, pidiera la máxima condena para Puigdemont.
En cualquier caso, una vez que el tribunal alemán ha tomado una decisión y autoriza la entrega sólo por malversación de caudales públicos, el magistrado del Supremo es el que debe decidir si lo acepta o no, ya que él había solicitado la extradición por rebelión o sedición.
La condena por malversación pesa más en los consejeros
Ahora, en el caso que Llarena dijera que sí, podría producirse una imagen insólita en los próximos meses. Ver a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados enfrentándose a condena por malversación de hasta 12 años. Mientras que a su lado su vicepresidente Oriol Junqueras y sus exconsejeros pueden ser condenados a más de 30 años de cárcel. Principalmente porque, en el caso de éstos, se acumula a los delitos de rebelión.
Las autoridades alemanas pondrían a Puigdemont a disposición del alto tribunal español. Allí podría someterse a una ‘vistilla’ en la que lo más probable es que las acusaciones pedirán su ingreso en prisión provisional. Principalmente porque, tras ocho meses y medio huido, el riesgo de fuga del expresidente catalán es más que evidente.
Procesado, pero con cargo
Aunque Puigdemont fuera enviado a prisión hasta la celebración del juicio, se daría otra situación insólita. Al estar acusado únicamente por malversación, podría recuperar su escaño en el Parlament. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que suspende a los cargos públicos contra los que se haya dictado prisión provisional y que estén procesados por terrorismo o rebelión. Más no por malversación.
Llarena dictó un auto precisamente el pasado lunes en el que concluía la investigación del ‘procés’ y acordaba la suspensión temporal de seis procesados por rebelión. La cifra se reduce a cinco si finalmente Puigdemont es juzgado únicamente por malversación.
El juicio por malversación podría no ser la única vez que Puigdemont tenga que responder ante la justicia española. La opción de acusarle de rebelión aún estaría abierta. La ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE establece en su artículo 92 que 45 días después de que una persona sea puesta en libertad definitiva ésta puede volver a ser procesada por un delito distinto. Siempre y cuando continúe en España.
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