A pesar de que las relaciones entre el PSOE y el Partido Popular son básicamente puntos de desacuerdo, las recientes decisiones del Tribunal Supremo han logrado que ambos grupos encuentren un interés en común: la renovación del Poder Judicial.
Las conversaciones se encuentran tan avanzadas que todo apunta a que el actual Consejo General del Poder Judicial culmine su mandato al vencerse su periodo, el próximo 4 de diciembre.
Según relataron a ABC fuentes próximas a las negociaciones, los encuentros entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, en representación del PP, se han producido sin interrupción desde el mes de agosto, cuando las organizaciones políticas aprobaron que se diera inicio.
En este sentido, ambas partes sostienen que existe una «firme voluntad» porque la renovación se efectúe en el plazo estipulado, para dar cumplimiento a la «normalidad democrática de las instituciones».
La celeridad porque se den los cambios dentro del órgano judicial se ha incrementado a propósito de la crisis por el impuesto hipotecario que ha estado sobre la mesa en los últimos días. Sobre este tema, todos los partidos de las cortes sin excepción han coincidido en el rechazo a la decisión tomada por la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, la cual establece que debe ser el cliente y no la banca quien asuma el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
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Ciudadanos se abstiene de postular
El Parlamento tiene hasta este lunes para presentar la lista de candidatos como vocales del órgano de gobierno de los jueces. De los 20 que deben ser elegidos por mayoría cualificada, 12 de ellos deberán ser jueces o magistrados preseleccionados por la carrera profesional, y los otros ocho, juristas de reconocido prestigio.
De todos los partidos que conforman el Parlamento, solo el PSOE y el PP postularán a sus candidatos, al tratarse de las coaliciones con mayoría parlamentaria. Esto luego de que Ciudadanos se abstuviera de hacerlo, al considerar que las postulaciones de los 12 vocales judiciales deben ser designados por los propios jueces y no por las Cámaras.
Tanto el partido socialista como la formación de Pablo Casado acordaron que cada grupo propondrá 10 de los 20 miembros del Consejo.
Los candidatos que se manejan
Para el cargo de la presidencia han circulado ya algunos nombres, aunque no se ha cerrado nada aún. En cambio, sí está a punto de cerrarse la lista de los jueces, entre los que han sonado los nombre de cuatro miembros que participaron en el Pleno de las hipotecas de esta semana. De acuerdo con información de ABC, se da por segura la presencia de tres de ellos: Ángel Arozamena y José María del Riesgo (propuestos por el PSOE), y José Antonio Monterio (a solicitud del PP).
Otros nombres que manejan probabilidades de estar entre los 20 son: Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial y esposa del juez Pablo Llarena; José María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil número 3 de Barcelona y quien llevó la ley hipotecaria al TSJ de la Unión Europea; Inmaculada Montalbán, juez de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía; Fernando Abreu, juez de la Audiencia Nacional y amigo de Delgado; y María Reyes Vila, decana de Jerez y juez en Sevilla.
En cuanto al grupo de juristas, se encuentran: Juan Carlos Estévez, presidente de los Procuradores de España; José Miguel Castillo, abogado y exdiputado; y Pilar Fernández, fiscal de Santiago, especialista en violencia de género y propuesta por los socialistas.
Nuevo Consejo y nuevas competencias
El nuevo Consejo iniciará el próximo diciembre con el ejercicio de una reciente reforma que devuelve al Poder Judicial las competencias que tenía antes de la modificación impulsada por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en 2013.
Por tanto, la dedicación exclusiva no dependerá solo de los miembros de comisión permanente, sino que se extenderá a los vocales. Asimismo, las designaciones de altos cargos contará con más transparencia, pues tendrá que hacerse merecedor del mérito.
Casado inconforme con el Real Decreto Ley
Pese a los anuncios del Consejo de Ministros sobre la aprobación de un Real Decreto Ley que permitirá la modificación de la legislación de impuestos hipotecarios, Casado ha considerado que el gobierno de Pedro Sánchez «engaña» cuando dice que el gravamen lo pagará la banca.
El Gobierno nos engaña cuando dicen que el impuesto de AJD lo va a pagar la banca; lo van a repercutir en los clientes, ya lo han avisado. Hay que suprimirlo y modificar el sistema de financiación autonómica para complementar el dinero que pudiesen recaudar las CC. AA. pic.twitter.com/oXiEv32zVE
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 9, 2018
«Lo van a repecurtir en los clientes, ya lo han avisado. Hay que suprimirlo y modificar el sistema de financiación autonómica para complementar el dinero que pudiesen recaudar las CC. AA.», expuso el líder popular.
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