Existe consenso en las organizaciones políticas sobre el combate al cambio climático, pero no en las formas de asumirlo. Desde el inicio del debate del proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se han procurado cientos de enmiendas que han ido moldeando el texto, con marcados intereses políticos. Buscan imponer impuestos y obtener ingresos y, acentuar gradualidades en defensa de las empresas del plástico.
Esta legislación tardía, de acuerdo con los plazos establecidos por la UE, establece por primera vez en España, limitaciones a los plásticos de un solo uso. Tiene como objetivo proteger el medio ambiente y la salud humana. Mediante la prevención y reducción de la generación de residuos y de sus impactos adversos en el cambio climático.
Durante las discusiones, el Grupo Parlamentario Socialista ha consignado una treintena de enmiendas al proyecto, conjuntas con UP. La propuesta del bloque oficialista argumenta estar comprometida con el principio de que “quien contamina paga”. A la vez adicionan la elaboración de planes de acción de economía circular, que restringe los plásticos de un solo uso y grava su utilización. Así como incorpora dos nuevos impuestos dirigidos a «prevenir» la generación de residuos.
Uno de los tributos, orientado a reducir los residuos plásticos, prevé una recaudación anual de 724 millones de euros. Asimismo, el ministerio de Transición Ecológica ha precisado que, según datos de 2017, el país “tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales respecto al PIB de la UE”. Esto significa que “los ingresos derivados de la fiscalidad verde supusieron apenas el 1,83% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40%”. Por tanto, “España cuenta con un margen muy alto de actuación en materia de fiscalidad verde”.
Proyecto de Ley de Residuos cobija muchos intereses
El PSOE detalló las enmiendas incluidas al proyecto de Ley de Residuos y que aglutina muchos intereses en torno a la lucha del cambio climático. Entre ellas, se incluyen el objetivo del 50% de recogida separada de residuos municipales para 2035. Se incorpora un porcentaje de máximo de residuos impropios en esta recogida. Y se proponen medidas como la venta a granel o el uso de dispositivos reutilizables para reducir los envases de un solo uso. También se deberán eliminar los residuos de contaminantes orgánicos persistentes.
Los residuos producidos deberán pesar un 13 % menos en 2025 y un 15 % en 2025 respecto a los generados en 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10 % de reducción a partir de 2020.
Además, el texto prevé actuaciones contra el despilfarro de alimentos. Con el fin de reducir a la mitad los alimentos desechados per cápita en los hogares, distribución minorista y en el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Y, rebajar un 20 % las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030.
Al proyecto del Ejecutivo van surgido críticas y contrapropuestas. Vox planteó, sin apoyo alguno, la enmienda total del proyecto. Su propósito era devolver al Gobierno el texto para su replanteamiento global. Luis Gestoso, diputado de esta tienda política, afirma que la norma no prioriza la prevención, sino que fomenta la producción en serie de algunos plásticos. Y pretende quebrar a las empresas de oxiplásticos.
Al mismo tiempo, dice, grava “repetidamente” a empresas y autónomos y “lesiona la libertad de mercado y emprendimiento”. Supone un “festival de intervencionismo y prohibiciones” que, además, busca la “balcanización del mercado y ahonda en la desigualdad de los españoles”.
Otras críticas y propuestas
El PP igualmente cuestiona el proyecto del Ley de Residuos porque afecta intereses de los consumidores. El diputado César Sánchez ha señalado que “el Gobierno no está capacitado ni para hablar de política industrial ni para hablar de economía circular. Lo único que ha hecho durante estos años es perjudicar la competitividad de la industria”.
A manera de ejemplo, dijo que “el impuesto al plástico va a conseguir un aumento de los precios de los productos. Perjudicando fundamentalmente a los consumidores y a las familias en su día a día”.
Es una ley que tiene falta de ambición, añadió el parlamentario. “Escasea la ambición del Gobierno para que las administraciones públicas sean ejemplarizantes y un modelo a seguir. ¿Cómo le podemos pedir a la sociedad, a las empresas, a los particulares algo que las propias administraciones no son capaces de poner en práctica por sí mismas?”.
Insistió en que “con este Gobierno socialista, hemos tenido la factura de la luz más cara de la historia. Se proponen planes fantasmas del coche eléctrico que luego se quedan en la nada, y plantean planificaciones hidrológicas sin hablar con nadie. Lo último ha sido cargarse ochenta y cinco embalses, dejar a cero las infraestructuras en materia de agua”.
Mientras tanto, la Alianza Residuo Cero pide mayor celeridad y compromiso medioambiental. Esta agrupación está integrada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, pide garantizar que las empresas productoras asuman de manera efectiva el 100 % del coste de su gestión. Y que este no se traslade a los municipios y los contribuyentes, exigiendo controles sobre su incumplimiento.
Este proyecto de ley de Residuos espera aprobarse en la primavera 2022. Entretanto quedan muchas propuestas por oír e incluir.
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