Jair Bolsonaro lleva dos años y medio en la presidencia de Brasil. Ha sido una gestión controvertida. Su tratamiento para mitigar la brutal crisis sanitaria por el coronavirus ha sido un flanco seguro de la crítica. Como también las concesiones para deforestar la selva amazónica que han sacudido el estamento ambientalista global. Ahora el Ejecutivo ha remitido al Congreso un proyecto de ley, el 490/2007, que tal como está redactado es un contundente ataque a la Amazonia y a los pueblos indígenas.
En 2020, pese a las alertas de organismos defensores del medioambiente y del bajón económico por la emergencia de salud, la deforestación en ese gigante de Suramérica, aumentó. «Vimos un aumento del 12% en la pérdida de bosques primarios en la Amazonia de Brasil durante la pandemia”, dijo Global Forest Watch.
Hace apenas días, el Gobierno rescató un proyecto de ley sobre la Amazonia, que estuvo estancado unos años. El texto, consignado ante la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados fue aprobada. Con 40 votos a favor y 21 en contra. Impulsado por la «bancada ruralista», como se conoce a los parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio, los que antes eran «los coroneles».
Este proyecto de ley, tal como está redactado, “es el mayor ataque a la selva amazónica y a los pueblos originarios”, señaló Eliane Brum, escritora, reportera y documentalista.
El espaldarazo ocurrió en momentos en que el polémico ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, renunciaba. Esta noticia opacó otra, igualmente notoria y de peor impacto a futuro, como el proyecto legislativo.
Salles salió en medio de una turbulenta gestión caracterizada por varias acusaciones. Entre ellas, la imparable deforestación y el aumento de la minería ilegal, de las exportaciones de madera de contrabando y una acelerada desregulación ambiental.
El proyecto de ley sobre la Amazonia, el dedo en la llaga
“Si el Congreso aprueba el proyecto y este se convierte en ley, la selva llegará a un punto sin retorno”, destaca Brum en un artículo para El País.
El Proyecto de Ley 490 es la mayor ofensiva contra la Amazonia y sus pueblos, añadió. Una ofensiva que no empezó con Bolsonaro ni con los parlamentarios vinculados a él, pero ha llegado hasta aquí porque es Bolsonaro quien ocupa el poder. Como la mayor selva tropical del mundo es la gran reguladora del clima, lo que está ocurriendo en el Congreso brasileño amenaza a todo el planeta. En los dos primeros años del Gobierno de Bolsonaro, la deforestación de la selva aumentó casi un 48% en las áreas protegidas de la Amazonia, según el Instituto Socioambiental.
Sostuvo la escritora que “si la Amazonia deja de ser lo que es —una gran reguladora del clima— será muy difícil, quizá imposible, controlar el sobrecalentamiento global. Solo por esta razón, la inversión internacional en Brasil está cayendo en picado. Ni siquiera el capitalista más acérrimo quiere que se le identifique con el colapso de la vida en la Tierra”.
En su opinión, el Proyecto de Ley 490 es un ataque fatal. Focalizado en una región ya extremadamente debilitada por todo el “ganado” que Ricardo Salles hizo pasar siguiendo órdenes de Bolsonaro. “Hacer pasar todo el ganado” es una expresión que el propio ministro utilizó en una reunión del Ejecutivo con el sentido de derogar el mayor número de leyes medioambientales posible de una vez. Salles debilitó las inspecciones, estimuló la invasión de las tierras públicas, incluso las formalmente protegidas por la ley e incentivó a los depredadores.
Inconstitucional el proyecto de Ley
La opinión pública brasileña está consternada. Opositores, ambientalistas, y sociedad critican los alcances del proyecto de ley que deja a Amazonia en manos de pocos intereses y busca desproteger a los indígenas.
Uno de los objetivos del texto es trasladar al Congreso la responsabilidad de la demarcación de territorios indígenas. Deslindando con ello, la competencia actual de la Federación Nacional del Indio (FUNAI). Propuesta que, en la práctica, haría inviable esta demarcación debido a la enorme influencia política de los parlamentarios que están vinculados a la agroindustria y minería.
Si los legisladores aprueban el proyecto de ley, éste anulará el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre el uso de sus tierras por parte de los no indígenas. El gobierno tendría derecho a permitir el acceso irrestricto a los recursos naturales, incluyendo actividades extractivas como la minería y la agricultura comercial.
La diputada federal Joenia Wapichana, recordó que los derechos indígenas sobre sus tierras son una cláusula permanente de la Constitución. Y que, por tanto, no pueden ser modificados por intereses individuales
Señaló que la motivación del proyecto de ley es obvia: permitir que grandes madereros, mineros y ganaderos accedan a vastas extensiones de tierra en la Amazonia. La mayor selva tropical que queda en el mundo y alberga al menos el 10% de la biodiversidad conocida.
Wapichana, también coordinadora del Frente Parlamentario Indígena alertó que tras el texto legal, se adjuntan más de 20 proyectos diferentes. Una suerte de Ley Paraguas. Es un riesgo es que «se apruebe todo como un combo» y de manera encubierta se hagan pasar decisiones fundamentales para el medioambiente y la población.
Protestas y luchas por la Amazonia
La semana ha estado marcada por la represión policial. Sin embargo se han registrado concentraciones, movilizaciones y protestas de grupos indígenas en varias ciudades del país.
Indígenas brasileños del pueblo Guaraní-Mbya ocuparon las torres de transmisión de Televisión en la cima del parque Jaraguá, en Sao Paulo. Como parte de su protesta ante la previsible aprobación de una ley que afecta su permanencia en territorios demarcados.
Informaron los portavoces indígenas, que durante la jornada estarán en su territorio ancestral «en oración”. Para que exigir a los parlamentarios y ministros defiendan su derecho a la vida y a la tierra, garantizados en la Constitución brasileña. Asimismo, los guaraníes también se movilizan contra la reciente tramitación del proyecto de ley 490 que hace inviable la demarcación de tierras indígenas en el país.
También criticaron el nombramiento de Joaquim Álvaro Pereira Leite para reemplazar a Salles en el Ministerio. Argumentaron que Pereira Leite es parte de una familia de productores de café en São Paulo que está en una disputa legal por un pedazo de la tierra Indígena Jaraguá.
Aumentan los incendios y la deforestación
El mundo observó con asombro el aumento en el número de incendios en el Amazonia. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), el salto fue del 15% en 2020, respecto a 2019. De enero a diciembre del año pasado se registraron 103.137 incendios en el bioma, frente a 89.178 en los 12 meses anteriores. En 2019, sin embargo, ya se había registrado un aumento del 30% en comparación con 2018, cuando se detectaron 68.345 brotes.
El incendio, que es una de las etapas de la deforestación, tampoco ha cesado en 2021. El Inpe detectó 1.795 incendios desde el 1 de enero hasta el 11 de marzo, incluso antes del inicio de la estación seca.
Es evidente el desmantelamiento que viene impulsando el gobierno de Bolsonaro en el área ambiental, con el debilitamiento de los órganos de fiscalización, refirió WWF Brasil. Y la expectativa, lamentablemente, no es de cambio. Pero la lucha por la Amazonia debe continuar, incluyendo el proyecto de ley ahora en el Congreso.
El Observatorio del Clima enumera la hoja de servicios prestados por Salles. “Dos años de deforestación creciente, dos récords sucesivos de incendios en la Amazonia. 26% del Pantanal carbonizado, inacción ante el mayor derrame de petróleo de la historia de Brasil. emisiones de carbono crecientes y la imagen internacional del país por los suelos”.
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