Pedro Sánchez, presentó las 370 medidas que se compromete a cumplir si logra ser investido. En la llamada «Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista», el presidente del Gobierno en funciones, ofrece, entre otras iniciativas, impulsar la aprobación de la Ley de Cambio climático y transición energética.
También propone la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa. Para ello, se incluye la descarbonización, la eficiencia y la movilidad sostenible como puntos clave.
La vía es un programa común progresista para un gobierno estable y coherente. Un Gobierno que avance en derechos y libertades, y afronte los grandes retos en educación, transición ecológica o digitalización.
Os dejo mi entrevista en @el_pais.https://t.co/fEziKrGjoR
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 1, 2019
Reforma del Sistema Eléctrico
El documento presentado este martes, incluye la elaboración de un Plan de Reforma del Sistema Eléctrico. Se espera que este instrumento «favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas».
La propuesta incluye modificaciones jurídicas para brindar un sólido marco retributivo a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
En el texto, se hace énfasis en la necesidad de promover el máximo consenso social y político. Destaca que ello es necesario para lograr el objetivo de alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100 por ciento renovable. Además, se aspira a que ésta sea de entre el 85 y el 95 por ciento en 2040.
Para ello, se propone establecer un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares, sin aumento de los precios de la electricidad.
Este programa tomará como base las observaciones de la Comisión Europea.
Sánchez también propone la elaboración de normas legales para la reducción progresiva del coste de las energías renovables. El objetivo principal es garantizar la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las fuentes alternativas.
Hacia la movilidad sostenible
En el documento también se propone la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público. Las medidas presentadas incluyen políticas de infraestructuras, para garantizar el derecho a la movilidad de forma segura y sostenible. Ello, tanto en el ámbito urbano como en el rural.
Entre otras medidas, está una serie de reformas legales para que los municipios de más de 50.000 habitantes delimiten zonas de bajas emisiones.
El plan también incluye la prohibición, a partir de 2040, de la venta de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono. La medida, que excluye a los matriculados como vehículos históricos, es quizás una de las más polémicas.
Ya previamente, el Gobierno se había visto obligado a eliminar la palabra «prohibición», de su proyecto de borrador de Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 que envió a Bruselas. Aunque mantuvo la medida de forma implícita.
Recientemente, la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, aseguró que prohibir completamente la venta de vehículos nuevos con motores de combustión (gasolina y diésel) “no es compatible” con la legislación comunitaria.
Adicionalmente, el Programa Común Progresista propone la creación de una línea de inversión público-privada para desarrollar en España nuevas tecnologías de baterías. La medida busca apoyar la producción de vehículos cada vez menos contaminantes, con criterios de sostenibilidad.
En línea con estos objetivos, la propuesta incluye un esquema de ayudas económicas para el vehículo eléctrico.
➕ 300 medidas para un Gobierno Progresista.
👨👩👧👦Abierta a la sociedad.
⚖ Comprometido con la justicia social.
🌳 Con la Transición Ecológica.
🏥 Con el Estado del Bienestar.
🌹 Una #España que avance al futuro con mirada socialista. #ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/rw491rO98K
— PSOE (@PSOE) September 3, 2019
Apoyo del sector industrial
El Programa Común Progresista incluiría una nueva Ley de Industria y un Plan de Desarrollo Industrial. En esta se establece un horizonte de 2030, para la transición ecológica y la descarbonización.
Para incentivar la participación de las empresas en los procesos de transición ecológica, la propuesta incluye la promoción de una fiscalidad medioambiental. Ello, en línea con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Este programa buscará facilitar las decisiones de inversión y gasto coherentes con la descarbonización, la protección de la salud y la innovación.
En esa misma línea, se profundizará la emisión de bonos verdes, por la Secretaría General del Tesoro o por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La medida incluye una vinculación de la deuda pública a la financiación de proyectos de bajas emisiones.
Agricultura sostenible
También el Programa Común Progresista establece planes de incentivo a la producción sostenible en el sector agroalimentario.
En este sentido, se busca establecer un modelo de producción social y ambientalmente sostenible. A través de este instrumento se impulsará el cooperativismo agrario en el marco de una política de mejora orientada hacia la competitividad del sector.
Finalmente, se propone la creación de un Consejo para la Seguridad Ambiental, con la participación de los ministerios responsables de energía y clima, agua y biodiversidad, de agricultura, pesca, alimentación, política forestal y lucha contra los incendios forestales, protección civil, sanidad, ciencia e innovación, así como a los responsables autonómicos de estas materias, y a expertos y ONGs ambientales.
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