Habrá monitoreo las «futuras campañas de desinformación» en España. El Gobierno publicó su procedimiento de actuación contra la desinformación, que aprobó el Consejo de Seguridad Nacional. Con la medida, el Ejecutivo pretende incrementar la integridad electoral y garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos, a través del European Democracy Action Plan.
También pretenden fortalecer la libertad de expresión «examinando el pluralismo de los medios de comunicación» y analizando los medios que se usan para «interferir en los sistemas democráticos». Todo esto con base en la lucha y sus acciones contra la desinformación relacionada con la COVID-19.
El procedimiento lo aprobó el CSN el 6 de octubre, pero publicó el 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo justificado la decisión diciendo que la crisis de la COVID-19 ha desencadenado una «infodemia» sin precedentes.
El proceso de vigilar la información
El punto de partida será el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 de la Unión Europea para contrarrestar cualquier campaña de fake news, que pueda ocurra dentro o fuera de Europa.
La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Moguerino, se expresó entonces con contundencia sobre la lucha contra los bulos. «La salud de la democracia depende de un debate justo, abierto y libre y por ello se debe proteger y no permitir la siembra de odio, división y desconfianza», dijo.
Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno estará a cargo de esta comisión y podrá hacer campañas de comunicación «para contrarrestar los bulos». Iván Redondo, jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, estarán al frente. Así, las autoridades competentes para combatir la desinformación serán la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno (DSN), el Centro Nacional de Inteligencia, los Gabinetes de comunicación de los Ministerios y otros organismos.
El Ejecutivo sostiene que las acciones serán para ayudar a mejorar y aumentar la transparencia respecto al origen de la desinformación, además de la manera en que se produce y difunde y la evaluación de su contenido.
El Gobierno asegura que fomentará la información veraz, completa y oportuna. Siempre y cuando provenga de fuentes «contrastadas con los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la comunicación pública».
¿Cómo se van a detectar las campañas de desinformación?
El Gobierno establecerá cuatro niveles de actuación que aparte de identificar los bulos analizará su posible impacto en la seguridad nacional. Además de apoyar en la gestión de situaciones de crisis donde impacten estas campañas.
En el primer nivel se monitorizará, vigilará y notificará sobre las informaciones falsas que se detecten, como un primer análisis. En este mismo nivel se investigará el origen y propósito de esa información y allí se determinará si se debe elevar al siguiente nivel o simplemente finalizarla.
Durante el segundo se hará un seguimiento y evaluación de la alerta por parte de la Comisión Permanente. Allí se definirán las propuestas de actuación y, si se da el caso, se activará una célula de coordinación contra la desinformación activada ad hoc por el director del Departamento de Seguridad Nacional.
El nivel tres implica mayor seriedad y rigor. Se lleva a cabo la gestión política y estratégica de los aspectos de la crisis, además de que se establecen medidas concretas. En el cuarto se realiza directamente la gestión política de la respuesta a una crisis y si se deben tomar medidas en caso de «atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación».
La Comisión Permanente para la desinformación
La Secretaría de Estado de Comunicación coordinará la Comisión Permanente, que estará compuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, cuyo directos presidirá la Comisión de forma ordinaria, el CNI, el Gabinete de coordinación y estudios y la Secretaría de Estado de Seguridad. También la integrarán la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Otros representantes de la Administración General del Estado podrán ser convocados en calidad de expertos.
Representantes del sector privado también se podrán incorporar, además de personas que se considere que su contribución será relevante. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este procedimiento. Desde el primer momento la iniciativa ha contado con el rechazo de la oposición y también se sumó la Asociación de Medios de Información.
Vox y PP en contra del procedimiento
Desde el primer momento VOX y PP opusieron al proyecto de control inormativo. Desde Vox consideran que el procedimiento supone la creación del «Ministerio de la Verdad» y solicitarán la comparecencia del director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, en el contexto de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional. El objetivo es que explique la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación.
Santiago Abascal fue crítico desde su cuenta de Twitter y compartió un mensaje en el que indica que «El mentiroso compulsivo (Pedro Sánchez) pretende erigirse en juez de lo que es verdad y mentira».
Por su parte, desde PP, Pablo Casado solicitó la comparecencia pero de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la Comisión Constitucional del Congreso. También la de Iván Redondo en la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática.
Los populares creen que el Gobierno pretende autoproclamarse como la autoridad que tiene la potestad para decidir qué noticia es falsa y cuál verdadera. La Asociación de Medios de Información también se pronunció. «La Comisión Permanente puede vulnerar la Constitución», advierten.
Asociación de Medios de Información expresó su preocupación
La Asociación de Medios de Información (AMI) mostró su «profunda preocupación» por la publicación de la Orden PCM/1030/2020, por la que sea crea el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
Temen que el nuevo procedimiento suponga una vulneración del artículo 20 de la Constitución, que estable el «derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción». No quieren que el Ejecutivo asuma facultades que solo le corresponden al Poder Judicial.
Además, la AMI señala que no recibió información sobre la puesta en marcha de este procedimiento en ningún momento. Concluye haciendo un llamado al respeto de lo que se concibió en la Carta Magna, la «defensa de los derechos fundamentales».
¿Lucha contra la desinformación o censura?
En un comunicado la Secretaría de Estado de Comunicación defendió la postura del Gobierno. Afirma que en «ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones». La Moncloa negó cualquier intención de censura a través del nuevo procedimiento. Subrayó que es una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales contra la desinformación.
«Es un plan que tiene como objetivo afrontar la desinformación y campañas que puedan afectar la seguridad ciudadana o estabilidad de las instituciones. Especialmente durante procesos electorales», añadió.
Además, Moncloa reiteró que defiende el libre acceso de los ciudadanos a la información veraz y plural mediante un procedimiento que se encuadra dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.
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