Por Iñigo Aduriz
22/06/2017
La operación iniciada ayer en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) que investiga la manipulación de temas musicales que se emitían en programas de televisión nocturnos para obtener ingresos millonarios por derechos de autor, se ha saldado con órdenes de ingreso en prisión para tres socios.
Según informan fuentes judiciales, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictaminado para ellos cárcel eludible bajo fianzas de 100.000 euros. Se trata de tres personas que fueron detenidas junto a otras 15 en el marco de la operación que se investiga ese fraude, conocido como La Rueda.
El magistrado les imputa los delitos de pertenencia a organización criminal y delito de corrupción en los negocios por un fraude que podría ascender a 100 millones de euros y les otorga un plazo de 72 horas para recabar las fianzas impuestas.
Los acusados realizaban un registro fraudulento de temas musicales originales supuestamente modificados, como si se trataran de obras nuevas, sin modificaciones sustanciales en la mayor parte de los casos. Esos nuevos registros se realizaban a nombre de los denunciados, de personas de su entorno o de sociedades creadas como cesionarias de los derechos de autor.
Esas actuaciones, según relata el juez, podrían llevarse a cabo en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, mediante el pago de comisiones para que el repertorio musical se difundiera en horarios nocturnos, dando preferencia a estas obras, realizadas por personas con dudosos conocimientos musicales.
Respecto al papel ejercido por las televisiones, el juez considera que “esta cesión de derechos es la verdadera motivación de las cadenas de televisión para emitir los repertorios musicales de los investigados, ya que en virtud de la misma, se convierten en titulares de derechos y por ende receptores de una cantidad económica por parte de la SGAE como consecuencia de sus propias emisiones”.
El juez añade que, además del beneficio económico derivado de esta actuación, se desprende también un “beneficio político”, “toda vez que la SGAE reparte el número de votos entre sus socios en atención a las cantidades percibidas por generación de derechos de autor, permitiendo así poder tener poder de decisión en la Junta y perpetuar el sistema de reparto que permite perpetuar el fraude”. El magistrado cuantifica el fraude en al menos cien millones de euros, atendiendo al período investigado de 5 años (2006-2011) por el que resultarían perjudicados unos 120.000 socios.
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