Por Efe
15/01/2016
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El nuevo Parlamento de Venezuela ha tomado la primera medida a favor de lo que la oposición considera «presos políticos» y ha sido aprobada con los votos de la mayoría de la oposición. La medida ha sido rechazada por la bancada chavista de la Asamblea Nacional, que afirmó que este acuerdo viola «las normas básicas del derecho internacional público» al interferir con el principio de la «no injerencia en asuntos internos de los países». El acuerdo se refiere a las resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que Venezuela no forma parte desde septiembre de 2013, o de organismos de la ONU como el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias o el Comité de Derechos Humanos.
El acuerdo parlamentario incluye cumplir con recomendaciones similares del grupo de trabajo sobre los detenidos de esas protestas, entre ellos el dirigente Rosmit Montilla, que fue elegido diputado en las pasadas legislativas y que permanece en prisión. Además, solicita garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la ex jueza María Lourdes Afiuni Mora, a la que ha instado el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Afiuni está siendo procesada por haber facilitado presuntamente la huida del empresario Eligio Cedeño -procesado por efectuar operaciones cambiarias ilegales-, y se encuentra desde febrero de 2010 en régimen de reclusión domiciliaria, con prohibición de hacer declaraciones a la prensa.
Entre otras exigencias, el acuerdo exhorta a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado «a cumplir y ejecutar de forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos dictados por organismos internacionales de protección de derechos humanos», señala el texto. También obliga al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que instó a poner en libertad al opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó con la muerte de tres personas.
Asimismo, el documento pide cumplir la recomendación de Naciones Unidas de liberar al ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron con esa marcha y que acabaron con 43 muertos. La misma propuesta se pone de manifiesto en relación al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, arrestado en su residencia pero, en este caso, acusado de «conspirar» contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La fracción opositora, aglutinada en la alianza Mesa de la Unidad Democrática, tiene previsto debatir además en pocos días una ley de «amnistía y reconciliación» con la que pretenden otorgar la libertad a los opositores encarcelados. El presidente Maduro ha rechazado esta ley, que aún no ha sido debatida en el pleno de la Cámara, y recientemente advirtió que vetará cualquier medida que pretenda favorecer a quienes llama «asesinos» y «terroristas».
Esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se celebró un día antes de que Maduro ofrezca su informe anual de gestión ante el Poder Legislativo, que dominan sus adversarios políticos por primera en 17 años. El jefe del Ejecutivo venezolano acudirá al Palacio Legislativo para una sesión especial que está prevista a las 17.00 horas (21.30 GMT), según ha anunciado el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, durante la sesión de este viernes.
Asimismo, el jefe del grupo oficialista, el diputado Héctor Rodríguez, confirmó la visita del jefe del Estado venezolano a la sesión y llamó a los partidarios del chavismo a acompañarlo. «Está todo coordinado para que el presidente entregue su mensaje anual e invitamos a todo el pueblo de Venezuela a acompañar al presidente Nicolás Maduro», ha declarado.
Maduro había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia precisar dónde debía presentar la «Memoria y Cuenta» de su gestión tras la decisión del máximo tribunal de declarar en «desacato» al Parlamento venezolano por haber tomado juramentó a tres diputados sobre los que pesaba una medida cautelar que suspendía su investidura. El Parlamento decidió ayer miércoles acatar el fallo del TSJ después de que los propios opositores suspendidos presentaran su renuncia para poder defenderse y evitar que la Cámara fuera deslegitimada.
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