Este lunes, el gobierno de Nicaragua liberó a 91 presos políticos, opositores al presidente Daniel Ortega, para «contribuir con la reconciliación nacional» en el país. El Ministerio de Gobernación aseguró que los prisioneros saldrían en libertad “bajo régimen de convivencia familiar”.
Entre los liberados se encuentra “la banda de los aguadores”, formada por 16 activistas arrestados en noviembre cuando intentaban dar agua a un grupo de mujeres que se mantenía en huelga de hambre en las inmediaciones de la iglesia de San Miguel Arcángel, en Masaya.
En el comunicado, el gobierno también agradeció el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El propio nuncio, en mensajes de texto al diario La Prensa, confirmó su intervención. «Las gestiones se hicieron con la autoridades competentes, en este caso con el gobierno», declaró el nuncio vía mensajes de texto.
Después de que se dio a conocer la noticia, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos comunicó que 65 personas continúan encarceladas debido a las protestas que estallaron en el país desde abril de 2018, por la crisis sociopolítica.
El presidente Ortega ha recibido presiones de la comunidad internacional para liberar a los presos políticos en el marco del conflicto. Además, desde el inicio de las protestas masivas, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) calcula que murieron al menos 328 personas. El gobierno nicaragüense reconoce solamente 200 muertes.
Reacciones
Los liberados mostraron su alegría y su intención de seguir protestando en vídeos difundidos a través de las redes sociales. «Hoy estoy celebrando mi gran salida de las cárceles, donde nunca debería haber estado porque estaba luchando por algo que es justo. Luchar por nuestros derechos no es un crimen y no hay peor lucha que la que no se hace. ¡Los presos políticos volvimos a salir, viva Nicaragua libre!», expresó María Guadalupe Ruiz Briceño, estudiante de 22 años que ha permanecido cinco meses encarcelada.
María Guadalupe Ruiz Briceño
Ex carcelada de Rivas.Palabras de Maria a los Nicaragüenses con gran entusiasmo de lucha. pic.twitter.com/PyWGSVf2Nt
— Movimiento Campesino de Nicaragua (@de_campesino) December 30, 2019
«¡Salimos, lo logramos! (…) ¡Libertad para Nicaragua!», dijo Olga Valle, una de las detenidas, tras ser excarcelada este lunes. También se expresó la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, cuyo caso llegó a ser discutido en el Parlamento Europeo. «Hoy este régimen se da cuenta de lo que el pueblo unido significa (…). Y aquí seguimos, seguimos luchando para que toda Nicaragua sea libre», expresó.
Por su parte, Jesús Tefel, miembro de la banda de los aguadores, explicó en declaraciones a Canal 10, recogidas por La Prensa, que los oficiales penitenciarios los despertaron a las 3 a.m y les hicieron firmar un documento para su liberación.
«Nos hicieron firmar un documento donde nos otorgan el régimen de convivencia familiar, donde tenemos una serie de restricciones», dijo. «Cuarenta y cinco días no me van a detener, yo voy a seguir adelante con mi lucha», dijo Tefel en referencia a sus días en la cárcel.
“Un paso positivo”
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró la liberación de los 91 presos como «un paso positivo para restituir la libertad plena a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo a las que todavía permanecen presas».
En esa misma línea se pronunció la Unión Europea en Nicaragua, que destacó que «seguirá atentamente las condiciones de liberación de los presos políticos” y recordó que “todos ellos deben ser liberados y que debe respetarse el Estado de Derecho».
La Unión Europea seguirá atentamente las condiciones de liberación de los presos políticos. La UE recuerda que todos ellos deben ser liberados y que debe respetarse el estado de derecho.
— UE en Nicaragua (@UEenNicaragua) December 30, 2019
Mientras tanto, la CIDH insistió en su voluntad «prestar asistencia, dentro de su mandato, al Estado de Nicaragua y la sociedad civil nicaragüense para avanzar hacia la plena vigencia del Estado de Derecho en el país».
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