La Policía Nacional de España apresó a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal. Los acusa de “conformar una estructura criminal” y causar daños al patrimonio por valor de más de medio millón de euros. Estos activistas ambientales han realizado sabotajes en gasolineras en protesta por los efectos de los combustibles fósiles y han bloqueado los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez-Barajas.
Sus controversiales actuaciones en diversos sitios públicos tienen como finalidad llamar la atención ante la gravedad de la crisis climática. El caso más reciente y polémico fue el lanzamiento de pintura en las salas del Museo Nacional del Prado. También dos de ellos se pegaron a los marcos de las Majas de Goya para alertar sobre el calentamiento global. Asimismo, han pintado la fachada de otros centros culturales, edificios públicos y los leones del Congreso en rechazo a la granja de pulpos en Canarias y ha atacado sedes de McDonald’s por contribuir a la crisis.
Los arrestos se realizaron en Madrid, Barcelona, Cádiz, Murcia, Elda (Alicante), Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Entre los detenidos se encuentran sus tres máximos responsables, que según la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, dirigían el colectivo “como una organización criminal”. Es la ampliación de un operativo realizado en diciembre. Solo el día 21 se detuvieron a 15 miembros del colectivo por acciones de protesta en la capital española. La investigación policial constató que la organización la componen cerca de 300 activistas con «un claro reparto de tareas».
Detenidos activistas de Futuro Vegetal
Futuro Vegetal se autodefine como “un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática mediante la adopción de un sistema agroalimentario basado en plantas”. Han ganado repercusión al cortar parte de la M-30 de Madrid, una etapa de la Vuelta a España o intentar amarrarse a la tribuna del Congreso de Diputados. Sus acciones disruptivas llaman la atención porque subvierten el orden de las cosas y generan incomodidad. A Futuro Vegetal se le atribuyen 65 protestas disruptivas.
La investigación comenzó en enero de 2022 luego de que varias personas lanzaron pintura a la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en Madrid. Desde entonces, miembros de esta agrupación han actuado en casi todo el territorio.
Las pesquisas policiales determinaron que la organización Futuro Vegetal la integran un elevado número de activistas con un claro reparto de tareas, coordinados por líderes —conocidos como «dinamizadores»— con roles directivos. Asegura la policía que los activistas recibían remuneraciones por sus responsabilidades.
Fuentes policiales dijeron a Efe que la actividad reiterada en el tiempo le permitió a Futuro vegetal establecer relaciones con colectivos similares en países que vinculan la defensa del medioambiente con organizaciones criminales. La policía acusa al colectivo de recibir más de 140.000 euros en donativos y de haber causado daños al patrimonio público estimados en más de 500.000 euros. Los 22 activistas climáticos pasaron a disposición de la autoridad judicial como «presuntos autores de daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos».
Fututo Vegetal: son protestas no violentas
Ninguno de los activistas de Fututo Vegetal ha ingresado en prisión provisional definitiva. La Policía Nacional da por desmantelada la organización, enmarcada en el movimiento climático internacional Extinction Rebellion. Voceros de Futuro Vegetal mostraron su malestar por la persecución policial a la están sometidos y el interés en reprimir sus protestas. Manifestaron su extrañeza ante las acusaciones de “organización criminal”. «A su juicio cualquier activista tiene muy claro que la pertenencia a estos colectivos medioambientales no aporta ningún tipo de beneficio económico sino más bien todo lo contrario. «No ganamos nada, nuestra lucha es por el bien del planeta», afirmaron.
Miembros de Futuro Vegetal han sido detenidos en múltiples ocasiones por actividades reivindicativas. La novedad es la acusación policial de que son una estructura criminal con reparto de funciones. La organización «desmantelada» también cuestiona la estimación de que han causado un perjuicio de medio millón de euros. «No lanzamos pintura a la fachada del Congreso de Diputados, era jugo de remolacha. Nos aseguramos siempre de minimizar los estropicios que pueda haber», aseguraron.
Bilbo Bassaterra, una de las personas detenidas, rechazó la acción policial dijo que se trataba de «una acusación ridícula». “Somos una organización que hace protestas no violentas para que se tomen medidas contra la crisis climática. Los supuestos delitos que nos atribuyen son muy cuestionables y no tenemos ninguna sentencia condenatoria”, concluyó.
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