En enero de 2019, España y el mundo contenían la respiración a la espera de noticias de Julen, el niño de dos años que cayó accidentalmente a un pozo de agua abandonado en Totalán (Málaga). Finalmente, el pequeño fue encontrado sin vida. Su caso trajo a la superficie el problema del robo de agua y de los pozos ilegales.
De acuerdo con lo que reportó Greenpeace, en España el robo del agua va más allá de la existencia de pozos ilegales. Exceder la concesión autorizada o sustraer agua en épocas de restricción son otras vías habituales para extraer este recurso de manera ilegal.
La oenegé denuncia que este es uno de los crímenes contra el medio ambiente más cometidos en España. Pero está, a pesar de ello, muy poco perseguido. La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión.
Sin embargo, la falta de información y de medios de las Fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad, destaca Greenpeace. Se trata de un problema medioambiental que se ha revelado especialmente en la proliferación de pozos ilegales.
El peligro de los pozos ilegales
Uno de los métodos más usados para obtener agua es la perforación de pozos ilegales para la captación de agua subterránea. Esta actividad ha dado lugar a múltiples perforaciones por toda la geografía española. Estos conllevan un riesgo importante para personas y animales una vez abandonada la actividad, destaca el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).
A raíz del caso de Julen, se extremaron las medidas de seguridad en torno a las cavidades de este tipo. En la cuenca del Ebro, solo en la parte de Aragón, existen 9.786 pozos, según datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). De esos, la mayoría se encuentran en la provincia de Zaragoza (6.086), seguida de la oscense (1.885) y, por último, Teruel (1.815).
Las cifras responden a los pozos legales, dado que sobre los ilegales —como el de Julen— se carece de datos. Sin embargo, los expedientes sancionadores por apertura pueden dar una idea. Ese número se duplicó en 2019, tras la muerte del niño, en comparación con cursos anteriores. En total, en la Comunidad se han constatado 100 casos desde 2015, tal y como confirman las últimas memorias de la CHE.
En un documento elaborado por la CHE y el Ministerio para la Transición Ecológica se recoge, explícitamente, que «los pozos tanto en uso, y en especial los que están abandonados o en desuso (…), pueden representar un riesgo para las personas y animales, sobre todo cuando tienen un gran diámetro».
Los protocolos establecen que, si están al descubierto, su boca no puede ser mayor de 20 centímetros. En las mismas recomendaciones se sostiene que la seguridad de pozos es «una obligación» de sus propietarios y titulares. El sellado es «necesario» en caso de que no estuviera en extracción.
Opacidad en los datos
Greenpeace denunció que lleva años solicitando un inventario de pozos ilegales pero sin éxito. Los últimos datos públicos son de 2006. Entonces, el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año. Este es el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes.
La cifra supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad. Sin embargo, en 2017, una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que podrían ascender a más de un millón, aseguró Greenpeace.
El problema afecta en especial al Parque Natural de Doñana, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Está amenazado por la perforación ilegal de pozos con el fin de obtener agua para cultivos de regadío intensivo. La sobreexplotación del acuífero y el robo del agua siguen siendo el principal peligro para Doñana, uno de los enclaves de mayor valor ecológico de Europa y un verdadero paraíso de las aves.
Se requiere una rápida acción
Para Greenpeace, la solución a este problema requiere algunas acciones concretas:
- Frenar el crecimiento de las demandas de agua (regadío, industrial y urbana), de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles como consecuencia de los efecto del cambio climático.
- Perseguir el delito de robo de agua a través de una coordinación efectiva de las administraciones correspondientes (confederaciones y Fiscalía) y que lo priorice con más dotación de medios y seguimiento tanto en vigilancia como en respuesta sancionadora.
- Concientizar a la población acerca de las implicaciones de la explotación ilegal de pozos.
- Que las administraciones correspondientes a la gestión y control del agua (ministerio, confederaciones, comunidades autónomas, Seprona y Fiscalía) lleven a cabo un investigación para localizar y situar en un mapa los pozos ilegales existentes en todo el país y procedan lo antes posible a su clausura.
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