Por Cambio16
Más de 2,5 millones de mujeres de 16 años o más (el 12,5%) han sufrido en España algún episodio de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar las víctimas mortales de la violencia machista, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 821 mujeres, una cifra similar a la de todos los homicidios perpetrados por ETA en los 42 años que mantuvo su actividad armada –829–. Sólo en 2015, fueron 56.
Y el problema no se circunscribe únicamente a los asesinatos. En la Macroencuesta sobre la Violencia Contra la Mujer realizada en 2015 por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el 2,7% de las ciudadanas aseguró haber sufrido algún tipo de agresión física o sexual por parte de su pareja o expareja sólo en el último año; el 9,2% declaró haber sido controlada; el 7,9% fue insultada o humillada, y el 2,5% afirmó que su compañero o excompañero sentimental se negaba a darle dinero para los gastos del hogar cuando la pareja sí lo tenía para otras cosas, le impedía tomar decisiones relacionadas con la economía familiar o no le dejaba trabajar o estudiar fue
ra del hogar. Además, el 13% confesó haber tenido miedo de su novio o marido en algún momento.
En el contexto europeo no existe un recuento específico de las víctimas mortales de la violencia machista por países, pero sí se realizó otra macroencuesta en 2014 por parte de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), que situó a España por debajo de la media en cuanto al porcentaje de mujeres que declararon haber sido víctimas de violencia física o sexual alguna vez en la vida. Lo reconocieron el 12,5%, frente a las de países nórdicos como Finlandia o Dinamarca en los que la cifra se situó en el 30% y el 32%, respectivamente.
Las expertas aconsejan realizar una lectura prudente de esos datos. “En los países nórdicos es en los que las mujeres hablan de más casos de violencia de género, precisamente porque allí ha dejado de ser un tema tabú y existe una mayor libertad para comentar y denunciar este tipo de situaciones”, reconoce Blanca Tapia, portavoz de la mencionada FRA.
Al margen de las cifras y las estadísticas, ¿cuáles son las causas de fondo de esta lacra? ¿Qué hace que la violencia machista persista en la sociedad del siglo XXI? Los expertos insisten en que la raíz del problema es cultural. “La de género no es una violencia que surja de una determinada circunstancia”, argumenta Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. “Es un problema social que hace que algunos hombres decidan ejercer la fuerza, y que algunos de ellos lleguen al homicidio. No podemos caer en la trampa de considerar el machismo como un accidente. Es una construcción interesada, voluntaria y dirigida a mantener una posición de poder, de autoridad y de influencia de la cual los hombres se benefician. No tiene que ver con la historia o la tradición, es un deseo que se refuerza y se defiende”.
Otro varón, Hilario Sáez, sociólogo y miembro del Foro de Hombres por la Igualdad, asegura que la violencia de género “es un problema de los hombres que sufren las mujeres”. Explica que “la responsabilidad del maltrato es del maltratador y es individual”. Pero aclara que “la cultura que sostiene ese maltrato y que la minimiza, invisibiliza y cuestiona la reproducimos entre todos y todas”.
El machismo perdura a pesar de las campañas de sensibilización y de que, en 2004, el Parlamento aprobara a instancias del Gobierno socialista la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que ésta se define como “una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
El texto contempla tanto medidas asistenciales –por ejemplo, la obligación del Estado de disponer de centros de acogida para las maltratadas– como de prevención y dedica una especial atención a las políticas educativas que insistan en la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres. La norma establece una jurisdicción especial para la violencia de género y busca la coordinación de todos los agentes implicados en el proceso (fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, forenses, psicólogos, magistrados, etc.), que desde la aprobación de la norma reciben una formación específica para que las víctimas sean atendidas en todo momento por especialistas en la materia.
Pero, ¿por qué a pesar de la ley y de los avances que se han producido en estos 12 años, se sigue sin poder erradicar la violencia machista?
“Cuando hay leyes que avanzan para dar autonomía a las mujeres, o cuando las sociedades critican este tipo de conductas, los machistas reaccionan en lo que yo llamo posmachismo. Cuestionan todas las acciones o dicen que hay muchas denuncias falsas porque en el fondo lo que no quieren es que cambie la situación que a ellos les sitúa en una posición de privilegio”, apunta Lorente.
Las cifras corroboran su tesis. De 2011 a 2015 han aumentado los casos de violencia de género. “Es precisamente porque quienes la utilizan y perciben que todos los cambios normativos y sociales son un ataque a su posición, responden con su argumento natural que es más violencia”, sostiene el también profesor.
“Responde a una reacción del patriarcado que está en descomposición, que no quiere perder su situación”, añade Jimena Cazzaniga, portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid, quien reconoce que la ley supuso “un hito importante en las políticas públicas” del país, aunque afirma que desde el colectivo feminista se considera que se quedó corta y que faltan iniciativas.
“Ponemos en cuestión el propio término de violencia de género porque creemos que el problema es mucho más amplio. La ley circunscribe la violencia machista únicamente al entorno de la pareja y no es así. Nos enfrentamos a este tipo de situaciones en todos los ámbitos. Por eso preferimos hablar de las violencias machistas en plural para, además de los asesinatos, incorporar al término otras agresiones como la violencia sexual y poner el foco en el sistema de desigualdad en el que vivimos”.
También atribuye el retroceso en los avances producidos hasta ahora a la crisis económica, que ha sido “la excusa perfecta para recortar todas las partidas de atención a mujeres víctimas de violencia machista”. A nivel estatal, la reducción ha sido del 31% entre 2010 y 2015. Otro ejemplo es el de las campañas institucionales. Entre 2007 y 2015 los sucesivos gobiernos dedicaron 62 millones de euros a campañas de promoción de las Fuerzas Armadas, mientras tan sólo destinaron 33,2 a las de sensibilización contra la violencia de género.
Todos los expertos denuncian eso mismo: que el argumento de la crisis y los consiguientes recortes del Gobierno del PP en la materia han descuidado el aspecto educativo que contemplaba la ley. Lorente recuerda que el Ejecutivo socialista del que él formó parte sí dio pasos en este sentido al instaurar la asignatura Educación para la Ciudadanía, pero lamenta que el de Rajoy la retirara en la LOMCE. En cuanto a la prevención, asegura que “la parte de la concienciación no se está trabajando lo suficiente” porque, a diferencia de las de tráfico, “hay pocas campañas e inconexas”.
La situación económica también ha hecho mella en la atención a las víctimas de esta lacra. Los expertos aseguran que, a pesar de que la violencia machista se mantiene, los centros y las plazas de acogida no se reducen. La exdiputada socialista Ángeles Álvarez lamentaba recientemente que entre el presupuesto de 2011 aprobado por el Gobierno del PSOE y el previsto para 2016 por el Ejecutivo del PP –25,2 millones de euros– se ha producido un recorte del 17%. Un porcentaje importante de ese dinero –unos seis millones– está destinado a las comunidades autónomas cuyas administraciones gestionan gran parte de los servicios y recursos en la materia.
En su última comparecencia parlamentaria Blanca Hernández, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, defendía, no obstante, que la partida dedicada a su departamento ha aumentado respecto al año anterior. Y hacía especial énfasis en el esfuerzo de mejora para que todos los condenados por violencia machista tengan la obligación de llevar un brazalete electrónico cuando disfruten de permisos penitenciarios para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. El protocolo de control telemático se aprobó en octubre de 2015 y pretende paliar las deficiencias denunciadas por las asociaciones de víctimas, ante las continuas manipulaciones de las pulseras por parte de los condenados, que las dejaban inutilizables.
El ámbito judicial también ha percibido las consecuencias de la crisis. De 2008 a 2014 el número de denuncias por violencia machista presentadas en los juzgados de guardia se ha reducido a pesar de que las macroencuestas y el número de fallecidas ha demostrado que las agresiones son constantes. Siempre según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2008 se presentaron 142.125 denuncias, mientras que en 2014 fueron 126.742. Los jueces también han cambiado su proceder. En 2009 se decretaron órdenes de protección para el 77,2% de las mujeres que denunciaron, mientras que en 2014, último año contabilizado por completo, fueron para el 69,8%. Mientras tanto, las llamadas al número de atención telefónica 016, que es gratuito y no deja huella, han batido récords en el último trimestre de 2015.
Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, reconoce que en el contexto político, económico y social actual “la mujer tiene que sentirse apoyada para salir del círculo de la violencia, para denunciar y ser protegida”, algo para lo que la implicación de los familiares y allegados “es clave”. Las razones que esgrimen las mujeres para no acudir a los tribunales también se relacionan con la estigmatización social. La macroencuesta de 2015 reveló que el 44,5% de las maltratadas que no denunciaron actuaron así porque consideraron que el maltrato “no era suficientemente grave”. El 26,6% no acudió a los tribunales por miedo a represalias y el 21,1%, por vergüenza.
“La denuncia y el consiguiente procedimiento judicial en ocasiones se convierte en un acto de heroísmo por el miedo insuperable que las mujeres sufren hacia sus parejas respecto de su propia integridad física y psíquica o la de sus hijos e hijas”, explica Carmona. Jimena Cazzaniga redunda en esta idea al señalar que “muchas veces denunciar es pernicioso y puede generar una reacción más violenta por parte de los maltratadores”. Asegura que, en ocasiones, los problemas se multiplican en los propios juzgados porque “no se les otorga credibilidad a las mujeres y se ponen en duda sus vivencias, dando lugar a una revictimización”.
Protección y justicia
La representante del colectivo feminista y la presidenta del observatorio del CGPJ coinciden en reclamar el acceso a los recursos de los que dispone el Estado para las víctimas independientemente de que exista o no denuncia. Cazzaniga exige “protección, justicia y reparación” para todas las mujeres víctimas “de las violencias machistas” sin que las autoridades tengan en cuenta “la edad, su situación administrativa o que hayan acudido o no a los tribunales”.
Carmona explica que incluso a pesar de atreverse a dar el paso y denunciar, muchas mujeres se arrepienten y acaban echándose atrás. “La falta de información de la víctima respecto al peligro que corre ante un regreso con el agresor ya condenado hace que no sea efectiva la medida del alejamiento. La mujer desea volver a convivir con el agresor e incluso solicita que se archive la causa”, afirma, y concluye: “Las víctimas de maltrato no quieren, ni tan siquiera, que sus agresores vayan a la cárcel. Lo que quieren es que no se les acerque más. De ahí que en muchos casos se den situaciones de arrepentimiento tras las denuncias presentadas cuando el abogado les comunica esas consecuencias penales. Y por eso la información previa a la víctima es esencial”.
Al margen de las denuncias, ¿qué más se puede hacer para erradicar la violencia de género? Todos los expertos recalcan la educacion y la prevención, así como la necesidad de más recursos de las administraciones públicas.
Lorente aboga por dar a la violencia de género “trascendencia de gravedad” haciendo, por ejemplo, que los máximos responsables del país asistan a los funerales o participen en los actos de repulsa de los asesinatos. “Esto es un crimen moral por lo que cuanta más reprobación tenga a nivel social, y cuanto más objetivo sea el rechazo, más dificultad va a tener para construirse”. Recalca, en todo caso, que “quien va a acabar con la violencia de género no va a ser nunca una ley, un gobierno, una institución o la Policía. Quien va a acabar con ella es exclusivamente la sociedad. Tiene que haber un cambio social. Y lo que sí deben hacer las leyes y las instituciones es ayudar a la sociedad fomentando la igualdad”. Lorente propone “ser mucho más críticos, incluso a nivel legal”, con lo que él considera posmachismo.
Se refiere a esas reacciones críticas a las medidas contra la violencia de género que se dan especialmente en las redes sociales, pero también en algunos medios de comunicación. Y es que, como señala Ángeles Carmona, periódicos, radios, televisiones o internet “son claves para cambiar conciencias. La difusión de mensajes en pro de la igualdad y contra la violencia de género a través de la publicidad y de los medios de comunicación hace que nuestra sociedad sea cada vez más justa”.
Desigualdad estructural
Por una “estrategia ciudadana” aboga Hilario Sáez, que lleva años luchando para que los hombres se involucren en el trabajo contra la violencia machista. “Es necesario que el trabajo con hombres se convierta en una política pública”. El también sociólogo pone como ejemplo la iniciativa Gizonduz, impulsada por el Gobierno Vasco, que pretende precisamente la concienciación de los varones en la igualdad. Sáez exige que la violencia de género se convierta en una “cuestión de Estado” para que haya una política general de prevención del fenómeno. “La opinión pública sigue mirando a la víctima y se pregunta: ‘¿Por qué aguanta?’ Porque la maltratan. Si no la maltrataran no tendría por qué aguantar. No hay una misma reflexión sobre por qué maltratan los hombres. Hay que hacer un giro de atención desde la víctima al agresor porque está ahí el foco del maltrato”.
El colectivo feminista enmarca sus reivindicaciones en un contexto de “desigualdad estructural” y, por eso, aboga por poner en marcha “medidas integrales para el cambio social y político”. Desde el punto de vista normativo, emplazan a los legisladores a aprobar leyes integrales en las que también se contemplen delitos de violencia sexual o de acoso. Cazzaniga pide también “políticas que avancen en la igualdad, en la conciliación y en todos los ámbitos que afectan a las mujeres”. A los políticos y a los dirigentes les pide que hagan “menos apelaciones a pactos de Estado, menos retórica y menos minutos de silencio, y más políticas que vayan al origen del problema en su conjunto”.
La representante de la Asamblea Feminista de Madrid considera que leyes como la propia reforma laboral o incluso los desahucios “ahondan en la brecha de género y en la desprotección de las mujeres”. Por eso, los grupos feministas instan a la sociedad y a sus responsables públicos a poner de inmediato en marcha “un cambio de paradigma social” que aborde “los afectos, la sexualidad, las relaciones o las identidades”, y que ponga en cuestión “todo lo que se entiende actualmente por masculinidad y feminidad”.
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