Por Cambio16
22/11/2017
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha respaldado acumular en el Tribunal Supremo todos los procedimientos relacionados con el proceso secesionista de Cataluña. La magistrada es la que instruye la causa contra los exmiembros del Govern catalán. Y quien decidió sobre la prisión cautelar de los exconsellers, así como la que solicitó la extradición de Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica junto con otros miembros de su Gabinete.
En su respuesta al Supremo, considera que los procedimientos se deben acumular en el Alto Tribunal. La razón que argumenta es que se está investigando a los miembros de «una compleja y heterogénea organización». Una red «donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente». Algo que contraviene el orden constitucional y estatutario.
Fuentes judiciales han informado de que la magistrada entiende que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia. “Perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, apunta.
Por ello, considera que la investigación no debe ser escindida. “Sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.
Una «organización»
La juez aporta en su informe conclusiones de lo actuado hasta el momento. Señala, así, que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaba con unidad de propósito. Lo hacían con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades. Todo con el objetivo de lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como República independiente. Alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario.
La acumulación de las causas en el Supremo podría implicar la salida de los exmiembros del Govern de prisión. Y es que podría prevalecer el criterio aplicado por el Alto Tribunal a los miembros de la Mesa del Parlament. A todos ellos se les impuso una fianza y lograron evitar la entrada en prisión.
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