Por Andrés Tovar
27/3/2018
La justicia de Alemania decidió que Carles Puigdemont pase la Semana Santa en prisión. Tras su comparecencia del lunes, el tribunal de Kiel decidió el lunes por la noche que sobre Puigdemont pesaba el riesgo de fuga. Pero ahora la justicia de Alemania tiene en sus manos la extradición del fugado político. Una decisión que depende de si «rebelión» es lo mismo que «alta traición».
Primeramente, la justicia alemana abre un proceso en que corresponde a la justicia alemana decidir si hay o no motivos para extraditarlo. ¿Qué sucederá de allí en adelante?. En los primeros diez días, la defensa de Puigdemont tiene que decidir si él mismo se entrega a la justicia de Madrid. Pero, teniendo en cuenta la consideración de la justicia de Alemania alemana sobre su peligro de fuga, es poco probable. Posteriormente viene un período máximo de 60 días en el que la justicia de Alemania decidirá si extradita o no a Puigdemont. El procedimiento en la justicia de Alemania lo general dura entre 15 a 45 días. Por ende, es poco probable que haya decisión antes de Pascua.
Una vez tomada la decisión, la justicia alemana notifica a las autoridades españolas. En caso de una decisión de extradición, los alemanes tienen nuevo período máximo de diez días para entregar a Puigdemont. El mismo periódico explica, sin embargo, que incluso en caso de extradición la entrega del sospechoso puede ser suspendida. ¿De qué forma? Si se invocan «motivos humanitarios graves», como peligro de vida o riesgo de salud del político. Pero cualquier suspensión de este tipo es siempre provisional.
¿Rebelión igual a Alta Traición? El debate de la Justicia de Alemania
Pero el gran debate de la justicia de Alemania será decidir si hay correspondencia entre el delito de Rebelión que enfrenta Puigdemont en España y otro delito previsto en el código penal alemán. El de «Alta traición«, que prevé penas de cada diez años de prisión a cadena perpetua, y es el más cercano en términos jurídicos. La justicia de Alemania define como agravante de «Alta Traición» cuando alguien «con violencia o amenaza de violencia» intenta «cambiar el orden constitucional en que se basa la ley fundamental del Estado». El crimen de «rebelión» no existe en la ley alemana.
Cabe destacar además que sobre Puigdemont también pesan cargos en España por malversación de fondos. Ese sí está previsto en las leyes alemanas. Por ende, el juez podría aún extraditar a Puigdemont a España. Pero entonces sólo lo puede juzgar por malversación de fondos, dándole un giro de 180 grados al caso. Principalmente, porque en vez de los 30 años de prisión de pena máxima prevista para el crimen de rebelión agravada, Puigdemont sólo enfrentaría la posibilidad de una pena máxima de seis años.
Sin embargo, la extradición de Puigdemont no está aún asegurada. La propia jueza que oyó al Puigdemont escribió en el acta judicial que esta petición puede ser negada según la Vanguardia .
En debate está está el uso de «violencia o amenaza de violencia». Un requisito exigido en los códigos penales de ambos países para poder condenar por los crímenes de alta traición y rebelión. Las autoridades judiciales españolas consideran que hubo una instrumentalización de la multitud en las calles el 20-S. Ésto, cuando una multitud rodeó el edificio de la Conselleria de Economía donde se reunía una comisión judicial. Lo que se califica como «amenaza de violencia».
Alemania prefiere «esperar y ver»
Con este nuevo capítulo del caso Puigdemont, la esfera política germana es llevada al centro de la tormenta. Por ello, el nuevo gobierno de Angela Merkel en Berlín, que acaba de comenzar a funcionar después de un limbo de seis meses desde las elecciones generales, está reclamando, por ahora, permanecer fuera de la decisión de la corte. «Los primeros pasos ahora son puramente legales. Ahora es el momento de esperar y ver», dijo la ministra de justicia Katarina Barley en la televisión alemana.
Asimismo, el portavoz del gobierno Steffen Seibert, dejó claro el lunes que Alemania entiende a España como «un estado constitucional y democrático». Por ende, insistió que el gobierno alemán cree que el conflicto «es algo que el sistema legal español debe resolver. En los últimos meses hemos apoyado la postura clara del gobierno español». Iguales consideraciones tuvo el portavoz del ministerio de Interior, Johannes Dimroth. «La obligación de la policía y la justicia de Alemania es la de cumplir con una euroorden. No plantearse consideraciones políticas”.
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