Por Cambio16
25/01/2017
El Gobierno ha decidido mover ficha para impedir la investidura del expresident Carles Puigdemont sea en el formato que sea. Su objetivo es que la investidura de Puigdemont no se produzca ni presencialmente, en el caso de que el exmandatario decida volver de Bruselas. Ni en el caso de que tenga que realizarse una investidura telemática porque el expresident se mantenga en Bélgica.
El Ejecutivo ha decidido solicitar un informe al Consejo de Estado sobre la legalidad de la resolución del presidente del Parlament catalán Roger Torrent. Esa en la que consideró a Puigdemont como único candidato a la investidura. Así, el Gobierno quiere saber si es posible presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional invocando el artículo 161 de la Constitución.
El anuncio lo ha realizado en una comparecencia ante los medios la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. La número dos del Ejecutivo ha asegurado que el recurso del Gabinete ante el Constitucional conllevaría «la suspensión» de la propuesta de Torrent. Por lo tanto, Puigdemont dejaría de ser candidato a la Presidencia de la Generalitat. Y el presidente del Parlament debería plantear otro nombre.
Sáenz de Santamaría ha argumentado su decisión de impugnar la investidura de Puigdemont en la orden de detención que existe contra él. «El fundamento es que el estatus jurídico de Puigdemont es incompatible con su presentación en la cámara«, ha asegurado. Porque «carece de derecho de libertad circulatoria». Ya que, «en cuanto entre en territorio español, debe ser puesto a disposición judicial». La vicepresidenta ha asegurado que si el Constitucional avala su recurso se presentará «si es posible mañana mismo».
Consulta al Consejo de Estado sobre la investidura de Puigdemont
La mano derecha de Rajoy en la Moncloa ha anunciado, además, otra petición que se prevé realizar al Consejo de Estado. También en relación a la hipotética investidura de Puigdemont. Ha detallado que se ha pedido una «consulta contestativa» para que dicho organismo dé su opinión acerca de diversos asuntos. Entre ellos, «dictaminar si un candidato que no está presente en la cámara puede ser investido sin estar presente». También «si podría impugnarse» dicha investidura. Así como si se podría admitir el voto delegado de diputados que están fuera del territorio nacional. O si sería procedente denegar el voto delegado.
«Lo que hace el Gobierno es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para que la ley se cumpla», ha dicho. También «para que todos los diputados puedan ejercer sus derechos». Y para que la investidura con el respeto que merecen los ciudadanos de cataluña.
El problema, ha añadido Sáenz de Santamaría «es que el president del Parlament ha propuesto un candidato a la Presidencia de la Generalitat que no tiene la plenitud de los derechos». Por eso, ha recordado que la investidura de Puigdemont no podría celebrarse porque «tiene una orden de detención en España». «El señor Torrent debía haber tenido presente que Puigdemont no puede entrar en territorio español sin que se haga efectiva orden de detención».
Se puede «proponer a otro»
Por eso, ha insistido, «no puede proponer al señor Puigdemont como candidato». Aunque sí «puede proponer a otro». Sin conocer cuál será finalmente el parecer del Alto Tribunal, Sáenz de Santamaría sí ha esperado que la asuma el president del Parlament. «Espero que el señor Torrent acate la decisión del Constitucional sea la que sea. Y que se muestre respetuoso con la legalidad», ha dicho. También ha querido dejar claro que la medida del Gobierno «no tiene nada que ver con el 155». Por lo tanto, para adoptarla, no la ha consensuado con otros partidos políticos. «Es una decisión del Gobierno y la responsabilidad es del Gobierno», ha zanjado.
La petición al Consejo de Estado ha sido firmada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Si bien ha sido Sáenz de Santamaría la que ha comparecido para informar y explicar la argumentación del Ejecutivo. El recurso a la investidura de Puigdemont podría paralizar la formación del gobierno de la Generalitat varias semanas. Y podría forzar que las fuerzas independentistas nombraran otro candidato.
Las especulaciones de las últimas semanas apuntaban a la posibilidad de que el candidato fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras. Sin embargo, esta opción podría volver a chocar con la legalidad, dado que el dirigente independentista está en la cárcel. Podría forzar incluso una nueva impugnación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
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