Por Iñigo Aduriz
16/10/2017
«Que responda sí o no». Esa es la petición que le ha hecho este lunes el Gobierno al president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. Y lo ha hecho después de que el líder catalán no respondiera claramente al requerimiento del Gobierno. Una petición que le exigía aclarar si el pasado martes declaró o no la independencia.
Ahora el plazo para esa respuesta se amplía hasta el jueves a las 10:00 horas. Y así se lo ha recordado el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una carta que le ha enviado a Puigdemont en respuesta a la suya.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado que Puigdemont «haya decidido no contestar». «No era muy difícil decir sí o no al requerimiento. Solo se le pide y se le pedía claridad», ha dicho, en una comparecencia en la Moncloa.
«El Gobierno espera que el segundo plazo responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen. No se entiende el empeño en la confusión salvo en los apoyos de los más radicales«, ha dicho.
Asimismo, ha asegurado que «no resulta creíble para nadie que Puigdemont haga un llamamiento al diálogo». Y no lo es, a su juicio, «cuando se niega al debate en Parlamment» y se lleva a cabo una «política de hechos consumados». También ha recordado que el Gobierno cuenta con una «amplísima mayoría parlamentaria».
Por eso ha animado al president catalán «a debatir en el Congreso de los Diputados». «Tiene la oportunidad de rectificar, ser claro y volver a la legalidad», ha dicho. «Nadie le niega el diálogo, pero tiene que hacerse dentro de la legalidad y en el Congreso», ha concluido.
Aplicación del 155
«El diálogo no se exige, se practica. Pregonar el diálogo cuando se niega el debate a la oposición es poco creíble», ha insistido. Antes de señalar que «Puigdemont sigue teniendo en su mano resolver la situación». Porque «nadie ha tenido tan fácil la respuesta y evitar que se aplique la Constitución».
En cuanto al artículo 155, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que este no implica «suspender el autogobierno». «Se busca reponer la legalidad y el respeto a los derechos de todos y el ejercicio de autonomía en base a los principios estatutarios y constitucionales», ha remachado.
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