POR CAMBIO16
1/10/2017
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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, convocará a los partidos para una reflexión sobre el futuro del país tras el referéndum ilegal de este domingo en la región de Cataluña, cuyo jefe del Ejecutivo, Carles Puigdemont, abrió la puerta a una declaración de independencia.
«No ha habido un referéndum de autodeterminación» en Cataluña, proclamó Rajoy en una comparecencia ante la prensa en alusión a esa consulta, quetuvo lugar de modo irregular, con escenas de tensión e incidentes en la actuación policial, y que fue suspendida hace varias semanas por el Tribunal Constitucional.
▶️ Rajoy: "No ha habido un referéndum. Hemos asistido a una escenificación" @marianorajoy @PPopular https://t.co/cdv2JYIS54 pic.twitter.com/iT2vUihIQA
— Cambio 16 (@Cambio16) October 1, 2017
La cita ilegal con las urnas tuvo lugar con voluntarios en las mesas, sin órgano de control electoral y con el anuncio menos de una hora de la supuesta apertura de los colegios de que se podría votar sin sobres, con papeletas impresas en casa y con un censo único que permitía a cualquier ciudadano votar donde quisiera en toda la región.
Votando varias veces sin problemas pic.twitter.com/BEJThDHMeY
— Societat Civil Catalana (@Societatcc) October 1, 2017
Eso llevó a algunos medios a probar que una misma persona podía votar en varios sitios sucesivamente, porque durante la mañana el Gobierno bloqueó el sistema informático para la identificación de los votantes.
«Ha sido una mera escenificación», dijo Rajoy, que no aludió a los incidentes que se registraron en varios puntos cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron para requisar urnas y papeletas.
Algunas cargas policiales y desalojos de colegios y alrededores causaron heridos que el Ejecutivo regional catalán elevó a la cifra a más de ochocientos, en su mayoría leves, aunque se registraron dos graves.
Por su parte, el Ministerio español del Interior indicó que diecinueve policías y catorce guardias civiles también resultaron heridos de carácter leve en varias intervenciones.
Esas escenas causaron la indignación del jefe del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, convocante de la consulta ilegal, que en las primeras horas de la mañana criticó lo que calificó de «uso injustificado de la violencia» por parte del Ejecutivo español. Ya por la noche, Puigdemont hizo una declaración institucional en la que aseguró que Cataluña «se ha ganado el derecho a decidir su futuro, su soberanía».
(5) Avui, en aquesta jornada d'esperança i patiment, els ciutadans de Catalunya ens hem guanyat un Estat independent en forma de República pic.twitter.com/5NhVdZ6lvP
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2017
En concreto, anunció que en los próximos días «trasladará» al Parlamento regional los resultados de la votación de hoy, para que, si el ‘sí’ a la independencia es mayoritario, la proclame según el procedimiento previsto en la ley del referéndum catalana, también suspendida por el Constitucional español.
El presidente autonómico catalán había tenido que acudir a votar a otro colegio electoral porque el suyo fue ocupado por la Policía y la Guardia Civil para requisar material electoral.
Esos episodios de cargas y altercados, repetidos por los medios de comunicación, también fueron criticados por la oposición de izquierdas al Gobierno de Rajoy.
Sin embargo, el presidente español se felicitó porque el Estado de Derecho se haya mantenido fuerte ante la «quiebra de la legalidad» planteada por los secesionistas catalanes, a los que acusó de haber actuado «contra la convivencia democrática y la concordia».
Rajoy: "Agradezco el apoyo internacional que ha entendido que estaba en juego nuestro orden constitucional" https://t.co/LtIL5TCGeT pic.twitter.com/byTQjr4aF5
— Cambio 16 (@Cambio16) October 1, 2017
El cierre de colegios y la requisa de materiales, unida a las dificultades técnicas durante la jornada, llevaron al consejero de Presidencia del gabinete catalán, Jordi Turull, a admitir que «no se ha podido votar con normalidad» y a la mayoría de la clase política a señalar que no había garantías de legalidad.
No obstante, horas antes del supuesto cierre de los colegios Turull anticipó ya que los participantes «se podrán contar por millones».
En principio el censo incluía a 5,34 millones de personas en una región de 7,5 millones de habitantes (España tiene unos 47 millones en total).
La pasividad demostrada por los Mossos d’Esquadra, que ha evitado precintar los colegios electorales previstos para la celebración del referéndum ilegal de independencia, y la posterior intervención de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para hacer cumplir el mandato de la Ley han marcado la jornada de este domingo, desarrollada con mucha tensión y votaciones en muchos colegios electorales, pero sin ninguna garantía democrática.
La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron en varios colegios electorales y centros de voto en los que se han vivido momentos de gran tensión. Según datos de las autoridades catalanas hay mas de 300 heridos, en su mayoría leves.
Desde Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría cargó contra la Generalitat y defendió la «proporcionalidad» y «firmeza» del Estado de Derecho. «Ya antes del día de hoy era una actuación que no reunía las garantías mínimas democráticas».
?@Sorayapp: «Continuar con esta farsa no tiene ningún sentido ni lleva a ningún lugar» https://t.co/VlXqebh0Nk pic.twitter.com/Z2sxw0lmMp
— 24h (@24h_tve) 1 de octubre de 2017
Asimismo, criticó el cambio de normas en la consulta. «Se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona. La absoluta irresponsabilidad de la Generalitat ha tenido que ser suplida por la actuación de las fuerzas y cuerpos de Seguridad. Han actuado con proporcionalidad. El objeto no han sido las personas. Han cumplido con una obligación democrática. Han cumplido las órdenes judiciales».
Lo que viene… ¿Qué viene?
El Ejecutivo catalán manifestó en múltiples ocasiones que, de acuerdo con la ley que ampara el referéndum, si ganaba la opción independentista proclamará la República catalana en menos de 48 horas. No obstante, esta opción no cuenta con un consenso claro dentro del independentismo, aunque está recogido en el «pacto» entre las organizaciones independentistas.
Asimismo, dada la posición del Estado, de ocurrir lo arriba expuesto el desarrollo más probable es que Madrid califique lo ocurrido de «un caso de desobediencia de las autoridades regionales al Gobierno central». Con ello, las autoridades autonómicas catalanas podrían ser cesadas, mientras que la región declararía una situación de emergencia e indique la fecha de nuevas elecciones. De esta manera, se descartaría la propia cuestión de la independencia y, en el futuro, una nueva coalición gubernamental de Cataluña podría arrancar nuevas negociaciones con Madrid sobre los temas relacionados a su autonomía. Pero este devenir apenas está en pleno desarrollo.