Por Iñigo Aduriz | Ilustración: Félix Ronda

• El caso Cataluña: las últimas noticias sobre el desafío independentista
• La guía esencial para entender el caso Cataluña

Cataluña vive las semanas más convulsas de su historia. Cinco años después de que la Generalitat de Artur Mas iniciara la huida hacia delante e institucionalizara el independentismo, el tan temido choque de trenes ha llegado ante el desafío lanzado por el Govern, ahora en manos de Carles Puigdemont, que se ha mostrado dispuesto a desobedecer todas las leyes para celebrar, el 1 de octubre (1-O), su referéndum secesionista.

El Gobierno central, con Mariano Rajoy a la cabeza, asegura apostar por la “moderación” y la “mesura” y, por el momento, ha utilizado la vía judicial para hacer frente a la escalada, recurriendo, por ejemplo, la reforma exprés del reglamento del Parlament que avalaba una secesión unilateral. También ha decidido intervenir las cuentas catalanas.

En manos del Ejecutivo está ir más allá. Podría aplicar el polémico y arriesgado artículo 155 de la Constitución que implicaría la suspensión de la autonomía y la asunción por parte del Gobierno de las funciones de la Generalitat. O, llegado el caso, declarar incluso el estado de sitio movilizando a las fuerzas policiales y militares. En lo que se insiste una y otra vez desde la Moncloa es en que ese referéndum no se va a celebrar y que realizará todas las iniciativas necesarias para que no se produzca.

Las posturas políticas se han mantenido prácticamente inamovibles desde que, en 2012, un Artur Mas enfadado por el rotundo rechazo de Rajoy a la implantación en Cataluña de un sistema de concierto económico similar al del País Vasco, y por la campaña del PP que hizo que se suspendiera el Estatut aprobado por los catalanes, decidiera iniciar el llamado procés hacia la independencia de Cataluña. La coyuntura económica y social del momento provocó una efervescencia del secesionismo sin parangón desde la recuperación de la democracia en España.

Pero las calles y las gentes de Cataluña no son las mismas cinco años después. Al margen del sentimiento más o menos favorable al proceso, éste ha hecho mella en la economía y en el día a día de la primera comunidad autónoma del Estado por su PIB y segunda por número de habitantes.

Las organizaciones empresariales reconocen una espantada escalonada de inversores. Y no hace falta retrotraerse mucho en el tiempo para encontrar ejemplos de esas salidas. A principios de agosto, la empresa dietética Naturhouse cambiaba su sede de Barcelona a Madrid. Su presidente, Félix Revuelta, aseguraba que la razón principal de esa modificación tenía que ver con razones operativas, si bien reconocía que había influido “la complicada situación política de Cataluña”.

Fuentes jurídicas reconocían en julio en el diario económico Cinco Días que los inversores extranjeros en Cataluña estaban ya exigiendo en sus compras cláusulas específicas en el caso de que se diera la independencia. Piden, por ejemplo, la mudanza del domicilio social o planes de contingencia específicos si llega a producirse la secesión.

En mayo, el magnate mexicano Carlos Slim, máximo accionista de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), abría la puerta a trasladar su sede fuera de Barcelona si avanzaba el proceso independentista, en la misma línea que el ya fallecido presidente del gigante editorial catalán Planeta, José Manuel Lara, que aseguró que sacaría la sede social de su grupo de la Ciudad Condal en el caso de que se produjera la separación de España.

Cambios de domicilio de las empresas

Aunque no especifica la motivación de los traslados, los informes del portal empresarial Axesor aportan cifras concretas de la evolución de la actividad de las compañías que permiten vislumbrar una tendencia muy concreta. En los cuatro primeros meses del año se marcharon (cambiaron su sede) de Cataluña 292 empresas y llegaron 223. El saldo negativo fue de 69 compañías, mientras que en la Comunidad de Madrid fue positivo en 65. En 2016, Cataluña perdió 271 y Madrid recibió 424. La misma plataforma cifró en 1.500 las empresas catalanas que se habían trasladado a la capital española en el periodo 2010-2015.

Los datos explicarían el contundente rechazo de las principales agrupaciones empresariales al proceso secesionista manifestado en los últimos meses. Desde Empresaris de Catalunya insisten en reclamar a la Generalitat que cumpla con la legalidad para evitar situar a la comunidad en un “callejón sin salida”.

Problemas de financiación

“La separación de Cataluña del resto de España supondría la desaparición de la libre circulación de personas, mercancías y capitales y significaría un colapso económico por pérdida de mercados, pérdida de financiación, fuga de capitales, deslocalización de empresas y aumento del paro. Los graves problemas de financiación de las empresas catalanas se acrecentarían y la obligatoria escisión en entidades separadas de los bancos que operan en Cataluña provocaría para los nuevos bancos resultantes de esa escisión un evidente encarecimiento de sus costes de financiación, cuyos efectos serían una disminución del crédito y unos mayores costes de ese crédito repercutidos a empresas y particulares”, sostienen.

La propia patronal catalana, agrupada en la histórica Foment del Treball, lleva años advirtiendo de esos riesgos. Ahora se manifiesta abiertamente en contra de las pretensiones de la Generalitat al entender que la independencia “supondría un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional, y un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles”.

Este verano, la Comisión Jurídica de la organización concluía que el problema político que plantea la reivindicación catalana del reconocimiento de su singularidad dentro del Estado “debe encontrar su solución por la vía de la negociación y dentro del respeto de los principios de democracia y legalidad. Una negociación a la que debe acudirse con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes”.

Los empresarios recuerdan, asimismo, que el derecho internacional no ampara el referéndum “porque sólo reconoce el derecho de secesión en los procesos de descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos”.

Un clima de intolerancia

El proceso también ha generado un clima inédito en Cataluña, tradicional tierra de acogida y de integración desde la industrialización. Lo reconoce Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. “Se ha producido un crecimiento de la intolerancia política en el ámbito de los partidos y de las instituciones que ha tenido su reflejo en la sociedad haciendo crecer la hispanofobia y la catalanofobia.

El discurso del rechazo al diferente que hemos visto a raíz del inicio del proceso ha alentado los tópicos clásicos y ha querido destacar culturas diferenciadas. Así, se presenta al español muy identificado con los toros o con la selección española de fútbol y al catalán se le vincula con el egoísmo, el dinero e incluso existe algún elemento antisemita al tratar de relacionar Cataluña con los judíos”. Ibarra insiste en que se trata de “estereotipos falsos” que alimentan tópicos que, a la vez, alientan “conductas” muy peligrosas que han derivado ya en delitos de odio.

Los tópicos

“Lo anticatalán y lo antiespañol pueden capilarizar socialmente y concretarse en cada uno de los ámbitos sociales, lo cual es muy peligroso en el ámbito educativo y vecinal, y si se llega a dar en el ámbito laboral con políticas excluyentes la situación sería muy preocupante”, remarca. Y por eso deja claro que no comparte la posición de la Generalitat cuando llega a plantear una independencia unilateral: “Se podría agravar la situación de odio y de estigmatización y lo más preocupante que le podría suceder a Cataluña es que avanzara ese ambiente.

En la Europa de las grandes guerras había siempre un clima de intolerancia que crecía, una victimización identitaria de las partes y una normalización de la violencia”. Al entender que las dos primeras condiciones ya se dan en Cataluña, Ibarra insiste en que “no se puede aceptar el más mínimo atisbo de violencia”, escenificado en un delito de odio, porque podría desencadenar un conflicto.

El papel de las redes

En este sentido advierte del papel de las redes sociales donde “el discurso de odio que alienta el enfrentamiento entre España y Cataluña está lanzadísimo” y llegan a producirse agresiones. “Es la parte más incontrolada de lo que está sucediendo en los últimos años y, si no se pone freno a esos discursos, nos pueden hacer mucho daño en el futuro”, señala el máximo responsable del Movimiento contra la Intolerancia que conoció de cerca el clima de odio que se vivió en el País Vasco mientras ETA mataba.

Con el fin de lograr la cohesión social Ibarra apuesta por buscar la concordia, “que implica resolver las contradicciones sin elementos de discordia irreparables”, y la tolerancia,” que supone respetar al diferente”. “No volvamos a periodos antiguos de confrontaciones belicistas, que las ha habido muchas en España por culpa de la intolerancia. Es necesario levantar foros por la concordia y la tolerancia donde la gente hable y comparta cultura. Ante la globalización y el nacionalismo se echa en falta una tercera vía que es la del universalismo, con una ciudadanía que ponga sentido común al conflicto”, remarca.

Frente a la confrontación y la crispación política de los últimos meses, solo el entendimiento mutuo construido a través del diálogo y la negociación podrá garantizar un futuro próspero y promoverá el desarrollo social y económico tal y como lo ha hecho en los últimos años.