Una polémica medioambiental, económica y legislativa

El “decretazo de Andalucía” es el nombre con el que los medios de comunicación identificaron la modificación de 21 leyes y seis decretos por la vía de la urgencia, que impactan la actividad económica de la región, especialmente los sectores de medioambiente, comercio y urbanismo.

Para principios de abril numerosas organizaciones no gubernamentales defensoras del medioambiente reaccionaban al Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía. La calificaban como un auténtico despropósito y retroceso a las garantías medioambientales de las normas andaluzas, advertían, además, que constituía un “peligroso precedente” para las otras comunidades autónomas.

La modificación del conjunto de leyes y normas fue impulsada por la Junta de Andalucía, que el 2 de abril convalidó el decreto ley a través de la Diputación Permanente con votos del PP, Ciudadanos y Vox. Lo que dejó fuera a los partidos de oposición. La reacción de las organizaciones medioambientales fue apoyar la propuesta del PSOE-A y de Adelante Andalucía de presentar un recurso de amparo contra el decreto ante el Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista de los partidos de oposición, se trata de modificaciones que eliminan controles y garantías jurídicas. Mientras que para el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos elimina muchas trabas que la carga burocrática administrativa impone a las actividades económicas.

El decreto ley ha sumado rechazos. Sindicatos, consumidores, pymes y expertos en derecho lamentan el contenido del texto que modifica específicamente 21 leyes, 6 decretos, 10 normas legales y 100 trámites en la región andaluza. El argumento para todas estas modificaciones se explica ampliamente en el texto original. Pero su justificación descansa sobre los efectos nocivos en la economía mundial y específicamente, en la economía española y andaluza, de la incertidumbre derivada del Brexit, la desaceleración económica en 2020 y de la pandemia de la COVID-19.

Desde la perspectiva de la Junta andaluza, el conjunto de modificaciones de las leyes y normas es imprescindible y urgente para salir de la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19. La crítica de quienes se oponen a la ejecución de las modificaciones se basa en que el Parlamento andaluz convalidó el decreto ley en pleno estado de alarma y con una Cámara limitada en sus funciones.

La bendita ralentización

La pandemia de la COVID-19 echó por tierra las esperanzas de que la economía mundial mejorara o al menos se mantuviera estable en 2020. Los miedos y las advertencias desde el FMI, la ONU o el Banco Mundial son una noticia diaria desde que China decretó el confinamiento y detuvo la mayor parte de su aparato productivo.

La tan esperada recuperación económica de la crisis de 2008-2009 iba lenta, pero iba. A pesar del Brexit, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, de las tensiones en el mundo petrolero y de la crisis climática había un horizonte promisorio de recuperación en la zona euro. Hoy ese horizonte se desploma por el peso de la pandemia y el futuro es completamente incierto.

Los gobiernos del planeta se debaten entre levantar las medidas de confinamiento y reactivar la maquinaria económica o mantenerlas para atajar el brote viral. En España, el peligro inminente del desplome de la economía es una amenaza sin precedentes para el empleo. De hecho, el texto del polémico decreto estima que la ralentización económica en Andalucía podría impedir la creación de 35.000 empleos con la posibilidad de que la cifra se eleve a niveles de destrucción de empleo neto.

La crisis medioambiental mundial

En la otra cara de la moneda está la vapuleada y nunca bien ponderada naturaleza. Para comienzos de febrero, el confinamiento en China había reducido las emisiones de CO2 en un 25% o más. Mientras que en distintas capitales del mundo la vida silvestre aparecía tímidamente en las calles abandonadas por el ser humano.

Por ejemplo, las consecuencias del confinamiento en las calles de Barcelona, dejaban a un jabalí suelto por la Balmes. En Venecia, las aguas de los canales sorpresivamente se hacían más claras. La pandemia tuvo un efecto inesperadamente positivo en la naturaleza.

El temor es que cuando se levante el confinamiento, la reanudación de la actividad económica sea tan brutal para compensar los efectos de la crisis sanitaria en la economía que se acelere el cambio climático con la consecuente pérdida de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, la explotación de los suelos y la mala gestión del agua dulce.

Andalucía

El “decretazo de Andalucía” no es un episodio aislado de la vida política española. Sin duda, en la búsqueda de una salida rápida ante la debacle económica podrían implementarse leyes y normas que echen por tierra muchos avances de la región en materia medioambiental, lo que iría en dirección contraria al proyecto de la España global de ser puntera en la transición hacia una economía respetuosa con la naturaleza.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten del peligro de reeditar en Andalucía el modelo económico de la burbuja especulativa que condujo a España a la crisis de 2009. Además, de reducir las competencias de los ayuntamientos en la defensa y conservación de la naturaleza, los cambios legislativos y normativos causarían significativos daños ambientales y territoriales al fomentar la especulación urbanística y socavar los sectores que busca salvar: la economía y la sociedad.

El decreto ley pone la tramitación y aprobación de urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales en manos de la comunidad autónoma. Es decir, que la Junta de Andalucía podría autorizar la construcción de una estructura de tipo turístico o industrial en suelo no urbanizable.

En la misma línea elimina la necesidad de un Plan Especial Medioambiental para proyectos de minas o canteras. Ahora, con el “decretazo”, los proyectos relacionados con la minería solo deben presentar un informe que requiere menos plazos y una evaluación menos estricta. Cualquier proyecto puede ser aprobado si la Junta lo considera necesario.

El decreto ley elimina la obligación de las urbanizaciones ilegales –que se pretendan legalizar– de construir una red de alcantarillado y de aguas residuales –olvidando la vecina experiencia del Mar Menor–; elimina la necesidad de calcular la huella de carbono en productos y servicios; modifica la Ley del Sector Público de Andalucía y abre las puertas a la privatización del patrimonio agrario público de la región y modifica el reglamento aplicable a los suelos contaminados, que los puede dejar como están.

Las modificaciones también tocan a otros sectores como permitir que empresas privadas gestionen emisoras municipales o que aumente el número de días festivos en los que algunos comercios pueden abrir.

Lo más confuso es que el decreto ley justifica las modificaciones sobre la base de la crisis económica generada por la pandemia, cuando es un trabajo que se viene haciendo desde hace más de un año. Además, de haberse consultado con el sector empresarial y no con los sindicatos. Desde la central sindical CCOO-A dicen que las modificaciones no atienden las necesidades de trabajadores, consumidores ni usuarios.

La actual crisis sanitaria, social, política, económica y hasta psicológica que desató la pandemia de la COVID-19 merece soluciones más inteligentes y solidarias. En modo alguno, se cuestiona la iniciativa de la Junta de Andalucía de intentar atajar el golpe a la economía regional, pero ¿no sería mejor conciliar con el objetivo de recuperar en esta única y preciosa oportunidad todo lo que se ha perdido?

Una de las lecciones de la pandemia es la necesidad imperiosa, prioritaria y urgente de conciliar y acordar. La propagación de la COVID-19 deja más que sentado que el mundo está hiperconectado, por lo que hacer honor a esa conexión puede guiar a soluciones inteligentes y solidarias que incluyan al contrario, léase organizaciones medioambientales, sindicatos y partidos de oposición. Establecer un decreto ley a través de la Diputación Permanente sin dar opción al otro de participar va a contracorriente de lo que la sociedad española en su conjunto demuestra y reclama: acuerdos y pluralidad.

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