Por Cambio16
23/02/2018
El plantón a Torrent fue el cierre con telón ultrarrápido de la semana política. Su patinazo en el discurso al hablar de ‘presos políticos’ ante la cúpula judicial y el ministro Catalá motivó a la cúpula judicial catalana (entre ellos, el Fiscal Jefe de Cataluña y el Presidente del TSJC) a abandonar la sala.
Como resultado las redes estallaron en opiniones tan variopintas como lo es nuestra sociedad. Pero una cosa es cierta. Se opine lo que se opine, se ha vuelto una obligación visualizar el disenso frente a discursos como el que llevó a los juristas a darle el plantón a Torrent. Posiciones más contemporizadoras no hacen sino prolongar la «disonancia cognitiva» política de muchos. Más cuando la idea de los «presos políticos» cuenta con un débil, casi nulo, reconocimiento internacional.
Política y victimismo
En una semana como la que culmina, donde la réplica del «método Puigdemont» de Anna Gabriel fue la punta de lanza de la agenda, el plantón a Torrent no puede sino ser más que interpretado como lo que realmente representa. Una respuesta al sempiterno victimismo. Ese de quienes han querido imponer y subvertir una Constitución y un sistema utilizando para ello los cargos e instituciones públicas dispuestos por ellas. Y con todo y ello nadie les ha prohibido ocuparlos.
Roger Torrent puede hablar de presos políticos en sus actos de partido. Pero ponerse delante de integrantes del poder judicial a insinuar que prevarican es distinto. Es un atentado al respeto a las instituciones públicas. A las que él mismo pertenece.
Tanto el caso de Anna Gabriel y el plantón a Torrent han traído cuestionamientos sobre la libertad de expresión. En una sociedad democrática, preocuparse y debatir sobre los derechos es un acto legítimo. Lo que no es legítimo es la farsa política.
El plantón a Torrent y la expresión
En el caso de Anna Gabriel, que la dirigente de la CUP pretenda que el Consejo de Derechos Humanos determine que España incumple el Convenio Europeo de Derechos Humanos luego de ser una de las figuras clave del golpe separatista catalán no es menos que absurdo.
Y más cuando, para hacerlo, hizo uso de todos los derechos que el convenio le confiere a todos los ciudadanos. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9), libertad de expresión (art. 10) o prohibición de discriminación (art 14). Es la prueba que cualquier idea puede ser expresada y ejercida. Incluso las que quieren acabar con el sistema que le asegura sus derechos.
Después de la Ley de Amnistía del 77, los derechos para el ejercicio de la acción política han sido respetados. Pero muchos de los que reivindican su condición de «preso político» lo hacen tras ser acusados de graves delitos de violencia o contra la legalidad vigente. Por ello, el plantón de Torrent es exactamente lo que le dijo la decana del Colegio de la Abogacía, Eugènia Gay, al oído. «No era la idea, la has liado, muchas gracias».
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