Plantarle cara al odio

Por Iñigo Aduriz
05/03/2017

El triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, a las que se presentó con un discurso claramente xenófobo, incitó a colectivos racistas a ejercer su intolerancia y en los días posteriores a los comicios las agresiones a ciudadanos hispanos o musulmanes se multiplicaron en las calles de EEUU. Lo mismo sucedió en Reino Unido con el Brexit. El hecho de que la salida de la Unión Europea se situara como la opción favorita impulsó a los atacantes a agredir a extranjeros, solo por el hecho de haber nacido en otro lugar o hablar otra lengua. Muchos españoles fueron víctimas de esta ola xenófoba que se extiende por Europa, que reprime a los miles de refugiados que llegan cada día al continente y que amenaza especialmente a países como Francia, que este año celebra elecciones presidenciales en las que la ultraderecha de Marine Le Pen podría tener opciones.

Los movimientos populistas, que viven un auge a nivel mundial y que se basan en la generalización, la estigmatización y la división social para tratar de sumar apoyos, son el mejor caldo de cultivo para el odio. Su mensaje se multiplica, además, por el efecto viral de internet y el anonimato de las redes sociales. Pero en la intolerancia no hay únicamente motivaciones racistas. Por ser como son o por pensar como piensan, miles de personas reciben amenazas e insultos o son brutalmente agredidas por todo el mundo cada día. Las víctimas propiciatorias de quienes se niegan a convivir en una sociedad diversa y plural son también heterogéneas: miembros del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), mendigos, discapacitados, creyentes de una u otra religión, personas de una franja de edad, de un color de pelo, que hablan una u otra lengua, que son de una región o país determinado o que defienden unas creencias políticas concretas.

Los delitos de odio constituyen una lacra global y se refieren a actos penales motivados por la intolerancia. “A la víctima se le selecciona por alguna característica que el infractor rechaza y la agresión se produce por lo que es la persona agredida y no por lo que hace”, apunta Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. La situación se agrava dado que el agresor, con su ataque, “no solo inflige un daño directo a la víctima sino que le manda un mensaje advirtiéndole de que puede sufrir más agresiones porque no puede dejar de ser como es. Un negro no puede dejar de ser negro y una persona de una orientación sexual no va cambiar a otra”, cita como ejemplo. Además, con su ataque, el agresor advierte a los semejantes del agredido, lo cual produce “una ruptura de la armonía social”.

Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) insiste en que “los delitos de odio no agreden solamente a la víctima puntual sino que afectan a todo el colectivo que puede representar esa víctima a juicio del agresor. Les atacan por ser diferentes”, señala. Y el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, insiste en que “la terminología se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación”. “Cualquier persona puede ser víctima, con independencia de que pertenezca al grupo al que va dirigida la hostilidad o prejuicio”, añade el Ejecutivo, que distribuye un tríptico con información al respecto.

Solo en España se producen cada año más de un millar de delitos de odio. Los últimos datos que manejan Interior y la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE), correspondientes al año 2015, reflejan que los hechos de este tipo que se pusieron en conocimiento de la Policía fueron 1.328, un 3,3% más que el año anterior. Los más numerosos (505) tuvieron una motivación xenófoba. Le siguieron los ideológicos (308), los relacionados con la discapacidad de la víctima (226), la orientación o identidad sexual (169), la creencia religiosa (70), la discriminación por género (24), la aporofobia –rechazo a las personas sin recursos o pobres– (17) y el antisemitismo (9). Los tipos de delitos van desde lesiones, amenazas o injurias al abuso sexual o a otros tipos de tratos degradantes. 

Los colectivos afectados destacan que las cifras reales no se corresponden con las oficiales. “Hasta el 90% de los casos de racismo que tienen lugar no se denuncia, entre otras razones porque para ello se tiene que acudir a la Policía, un cuerpo que en muchas ocasiones nos discrimina a la hora de pedirnos los papeles solo por nuestro color de piel”, explica Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid. El medio millar de actos racistas contabilizados corresponden, a su juicio, a no más del 10% de los datos reales. Cita decenas de ejemplos, como el de una empresa en la que un trabajador negro era el único al que pagaban diez días más tarde que al resto. Él mismo ha sufrido los ataques xenófobos en más de una ocasión. El pasado septiembre, le amenazaron de muerte a través de las redes sociales tras denunciar la celebración de una concentración de tinte ultraderechista en el centro de Madrid. Le llamaron “simio” y llegaron a subastar su “caza”.

También desconfía de los datos oficiales Jesús Generelo, de la FELGTB. Por un lado, porque explica que “el 80% de los ataques no se registra”. Por otro, porque para incluirlo en la estadística oficial la denuncia debe ser tramitada por la autoridad policial. “Y estamos cansados de ver cómo agresiones que se producen claramente a causa de la orientación sexual de las víctimas se contabilizan como ataques normales porque los policías no las entienden así en el atestado y, por tanto, los jueces tampoco”, lamenta. Por eso reivindica una mayor formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del personal judicial, que les permita reconocer este tipo de delitos y actuar en consecuencia.

La OSCE lleva varios años ofertando a las distintos cuerpos policiales el programa TAHCLE (Entrenamiento contra los crímenes de odio para el refuerzo legal –Training against Hate Crimes for Law Enforcement , por sus siglas en inglés–) fundamentalmente enfocado a la formación, que tiene como objetivo concienciar a los mandos y agentes sobre este tipo de ataques y cómo se pueden detectar. En España es la Policía Local de Valencia la única que, por el momento, se ha acogido a este protocolo. Eduardo Russu, inspector del cuerpo que en diciembre fue premiado por la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, recalca la importancia de “sensibilizar y concienciar” a los policías sobre el “papel” que tienen que asumir en la lucha contra este tipo de agresiones. “Es necesaria una respuesta rápida y contundente”, apunta, antes de remarcar que lo importante es que los agentes se den cuenta de que “ciertas actitudes tienen más importancia de la que creemos”. Se refiere a “pintadas que contengan frases discriminatorias, prejuicios etc.” “Debemos investigar más allá para que puedan iniciarse diligencias de prevención”. Tras recibir la formación en mayo, ahora es él el encargado de instruir a sus compañeros: “Todo esto nos permite darnos cuenta de que la sociedad es más diversa de lo que creemos”, remacha.

Como sucede con  las redes sociales, la concienciación de las administraciones va en aumento. Así, en diciembre, la Comunidad de Madrid iniciaba la tramitación del proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que si finalmente ve la luz se convertirá en la primera norma que aborda esta situación de forma específica en todo el Estado y que contempla sanciones de hasta 45.000 euros. El Gobierno central también ha anunciado que en esta legislatura se creará una oficina para luchar contra estos delitos, que recabará información y analizará las medidas necesarias para atajarlos.

La desprotección

Organizaciones que llevan años denunciando esta problemática recalcan la necesidad de ir más allá. Desde el Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra recuerda que, actualmente, la legislación sí contempla el racismo o la homofobia como agravantes a la hora de penar ciertos delitos, pero lamenta que “se dejan numerosas características desprotegidas”. Cita, como ejemplo, el caso del asesinato del hincha de la Real Sociedad Aitor Zabaleta por parte de los ultras del Atlético de Madrid, en 1998, al considerar que hubo una circunstancia agravante “en el origen territorial de la víctima”, o los casos de “catalanofobia e hispanofobia” que se dan en los últimos años, que podrían constituir delitos de odio por cuestiones culturales o lingüísticas. “Estas situaciones están formuladas en la legislación penal desde el año 1995 y es necesario revisarlas”, indica.

Su idea es que se aprueben normativas que superen los instrumentos legales actuales, que a su juicio son “deficitarios”. Propone una legislación similar a la dirigida a luchar por la igualdad y plantea la necesidad de poner en marcha una norma contra la discriminación que desarrolle la protección de todos los colectivos, además de una “ley integral contra los delitos de odio” que se centre al ámbito penal y que aborde castigos, políticas de prevención y demás aspectos jurídicos y criminológicos”. Además de esta legislación general, las distintas asociaciones reclaman leyes específicas para luchar contra las discriminaciones que les afectan. Jesús Generelo recalca por ello la importancia de aprobar también una normativa “contra la LGTBfobia” para hacer frente a aquellos que atacan la visibilización del colectivo. SOS Racismo pide, por su parte, “una ley integral” contra la xenofobia. “El racismo provoca que la gente te agreda e incluso te mate por tu color de piel. Que algo que tú no puedas cambiar pueda ser un motivo para que te puedan matar exige una protección extra”, defiende su presidente, Moha Gerehou.

Los expertos consultados coinciden en alertar sobre el hecho de que uno de los grandes riesgos continúa estando en la red, donde existe aún un vacío legal también en el caso de los delitos de odio. En internet y, sobre todo, en las redes sociales, prolifera y se multiplica el discurso del odio, que se suele escudar en el anonimato que facilitan este tipo de vías de comunicación. El debate sigue versando en torno a dónde se establece la línea roja entre protección frente a la discriminación y libertad de expresión.

Como recordaba recientemente el periodista Archie Bland, en un artículo publicado por The Guardian, “para muchas personas –particularmente mujeres y miembros de minorías– la vida online está sometida a todo tipo de abusos brutales y anónimos”. E invitaba a los lectores que creyeran que la libertad en las redes debía estar por encima de cualquier normativa, a que reflexionaran: “Si una estricta legislación [sobre el contenido de las redes] es demasiado para usted, pregúntese lo siguiente: ¿es su preocupación sobre la libertad de expresión aplicable al mundo real? Si alguien se dirige a desconocidos en un bar en el que usted se encuentra y se pone a gritar frases discriminatorias y abusivas que usted rechaza y condena, ¿debería, en cambio, ese agresor estar protegido en la red? ¿O es que a una parte de usted le gusta la idea de un internet desrregulado como el lejano oeste?”. Será tarea de las administraciones y, sobre todo, del conjunto de los ciudadanos, tomarse en serio este debate para que este tipo de actitudes dejen de tener cabida, también, en el ciberespacio.