Plantando cara al ‘fracking’

Por Lola Delgado | Fotografía: Czuko Williams
5/11/2015

n Las Merindades, al norte de Burgos, la vida hasta hace unos pocos años transcurría tranquila y pausada. Y la de Janett Ortiz, una joven ganadera de 35 años, con pocos sobresaltos más allá de los que pueden dar una finca de tres hectáreas y media en Santa Cruz de Andino y dos hijos pequeños. Ella llevaba tiempo escuchando la palabra fracking y había salido a la calle, como tantos cientos de ciudadanos de la zona, para tratar de erradicarla del vocabulario de una de las áreas más bellas de España.

Pero el 14 de mayo de 2014 su vida dio un giro totalmente inesperado. El cartero llamó a su puerta y le llevó uno de los peores mensajes que había recibido en los últimos años. Lo firmaba una abogada, María Fernández López. Era la primera vez que Janett veía escrito ese nombre. Le instaba a ponerse en contacto con su despacho para hablar de su finca, “la cual pudiera estar sujeta a un expediente de expropiación forzosa, siendo intención de mi cliente tratar de evitar el mismo y alcanzar un acuerdo con usted que le pueda resultar favorable”, decía la carta.

¿Pero, quién era su cliente? ¿Y cuál el motivo por el que la finca familiar, el pan de sus hijos, podía ser objeto de expropiación? “Yo me quería morir. Me dieron 15 días para pensármelo y me ofrecieron entre 5.000 y 6.000 euros por hectárea, cuando yo había pagado 10.000 hacía ya 13 años —cuenta Janett—. Pero ni siquiera se trataba de dinero, sino de entender qué estaba pasando…”

La ganadera empezó a investigar, a preguntar, a tratar de averiguar quién y por qué querían arrebatarle a la fuerza su finca. Le habían dado 15 días para pensárselo y el terror a perderlo todo estaba a punto de ganarle la partida. Pronto supo la verdad. Detrás de aquella amenaza estaba BNK Petroleum, una de las empresas que ha impulsado el fracking en España y que está centrada en la adquisión, exploración y producción de petróleo y gas. Junto a ella, San Leon Energy, Heyco y Montero Energy Corporation forman la plataforma Shale Gas España, que nació en 2012 para aglutinar a las compañías expertas en la exploración y desarrollo de shale gas (conocido también como gas de lutita o gas pizarra).

Janett concluyó que lo mejor era difundir aquello, que la gente supiera lo que le había ocurrido, y tal vez así aquella empresa se echaría atrás. Efectivamente, el poder de la calle, de la sociedad, de la potente plataforma antifracking de Las Merindades, la guerra que miles de personas le han declarado a esta práctica para la obtención de gas fueron más fuertes que BNK y sus maneras poco ortodoxas de hacerse con los terrenos ajenos. Desde entonces, y gracias al revuelo, Janett no ha vuelto a saber de ellos.

La palabra fracking empezó a hacerse popular en España hace cinco años. Fue entonces cuando aparecieron las primeras noticias sobre esta forma de extraer gas que ya llevaba muchos años practicándose en países como EEUU. Pero ¿en qué consiste exactamente? Dicho de forma coloquial, se trata de una técnica para extraer gas natural de debajo de la tierra mediante la realización de cientos de pozos que ocupan grandes áreas para inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico que ayuda a extraerlo.

El procedimiento requiere miles de metros cúbicos de agua para cada pozo, según Greenpeace, y conlleva un impacto ambiental que podría llevar a la contaminación de aguas subterráneas, atmosférica, acústica o la emisión de gases de efecto invernadero. Puede provocar sismicidad allí donde se practica si no se toman las medidas adecuadas, según un estudio realizado el pasado año por la revista Science. Los autores del informe reclamaban la no utilización de esta técnica en zonas de riesgo.

“Oímos hablar de fracking por primera vez en 2010 en Cantabria. Fue el primer lugar donde aparecieron los rumores de que se habían solicitado permisos para los sondeos. Y, de repente, nos dimos cuenta de que ya estaban funcionado”. Aitor Urresti es uno de los grandes luchadores contra esta técnica. Ingeniero industrial, fue candidato a la lehendakaritza en las elecciones al Parlamento Vasco y es miembro de la comisión ejecutiva federal de Equo, además de su representante en la Asamblea Antifracking de Bilbao. Como muchos otros, ha luchado con uñas y dientes para parar los sondeos donde se habían empezado a llevar a cabo y evitar su puesta en marcha allí donde se habían solicitado: Navarra, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, el norte de Burgos…

La presión ciudadana, la guerra sin tregua de una sociedad que veía cómo sus aguas podrían contaminarse y cómo sus cultivos o sus animales corrían peligro de muerte ha hecho que la burbuja de gas del fracking se vaya desinflando con el paso de los meses en España. Y ha sido, no gracias a decisiones políticas, sino al movimiento ciudadano, del trabajo casa por casa que han hecho las plataformas y las ONG pero, sobre todo, a las gentes de a pie con sus movilizaciones, sus firmas y sus singulares campañas para llamar la atención del mundo. Y vaya si lo han conseguido.

“Duele la tierra, duele cómo muere, duele cómo la entierran, duele cómo la rompen con soterrada fuerza. Duele que la humillen de torticera manera, duele que la revienten, la expriman y la quiebren, que veneno le inyecten, que veneno se vuelva…Yo aquí no quiero fracking porque Las Merindades quiero que ni duelan ni se mueran”.

El poema Duele la tierra acaba de obtener el tercer premio en la cuarta edición de las Justas Poéticas Castellanas de Villarcayo, en la provincia de Burgos. Al principio puede resultar curioso que un poema con esta temática gane un premio de poesía, pero en Las Merindades el fracking está demasiado presente. Su autor es José Casado, vicealcalde de Villarcayo, un pueblo poco acostumbrado a salir a la calle a pedir cosas hasta que los ciudadanos descubrieron que hay proyectos para hacer dos pozos cerca del pueblo, otros dos en Medina de Pomar y dos más en la merindad de Cuesta Urria. Y hablamos en presente porque los proyectos son los únicos en España que aún están abiertos.

“La extensión de esta zona tiene el tamaño de la provincia de Vizcaya, pero no llega a 25.000 habitantes”, explica este alcalde de Podemos para argumentar uno de los motivos por los que las licencias para llevar a cabo sondeos siguen su curso. Al fin y al cabo, la presión social podría “contenerse” por el escaso número de habitantes. Pero BNK no sabe con quién se la juega… Los apoyos son muchos. En Villarcayo, de momento, la alcaldesa del PP María de las Merecedes Alzola, que llevaba 22 años en el ayuntamiento y que se negó en tres ocasiones a declarar el municipio libre de fracking, fue desbancada en las pasadas elecciones municipales.

Se trata, básicamente, de una cuestión de competencias que hace que las explotaciones sean inviables en otras partes de España, especialmente desde las últimas elecciones autonómicas. Mientras que las competencias en temas energéticos son del Estado, todo lo referente a la salud de las personas y a la ordenación del territorio pertenece a las comunidades autónomas.

La técnica del fracking, a la que el gobierno del PP no se ha opuesto nunca, no es que esté prohibida, pero las leyes de las comunidades la limitan tanto que en la práctica acaba resultando inviable. Y todo, gracias a la presión social que, eso sí, no acaba de tener un efecto contundente en una comunidad gobernada por los populares. Y eso que la lucha contra la también denominada fractura hidráulica está presente incluso en un concurso de pintxos que cada año se celebra en el Valle de Mena. Este año, el pintxo temático estaba dedicado al fracking. O en la pasada romería de Mozuelos de Sedano, cuando más de 400 personas formaron las palabras ‘Fracking no’ justo donde está proyectado uno de los 12 pozos por la empresa BNK. A pesar de que Shale Gas confía en que a finales de 2016 se empiecen a ejecutar los primeros pozos en Burgos.

En la actualidad hay 70 licencias de investigación concedidas y otras 70 pendientes de otorgamiento. Eso sí, para ello BNK tiene que resolver todo el proceso administrativo primero y, lo más importante, saltar por encima de la oposición y la fuerza del pueblo. Porque la gente no para ni va a parar. Y quienes consiguieron erradicarlo de su comunidad (tal vez sólo temporalmente) no han dejado de apoyar a los últimos, a esos burgaleses que aún no han conseguido que la ley regional diga “no” al fracking.

Las plataformas de Cantabria, de Euskadi, de Cataluña, de Castellón, de Andalucía, de Aragón y del Campo de Montiel no se rinden, a pesar de que los proyectos en sus comunidades se han parado gracias a su lucha. Y se ve también en la fracampada de la localidad alavesa de Subijana, donde se reunieron varios centenares de personas en la edición del pasado mes de julio. “Lo único que ha servido, sirve y servirá es la presión popular. Con el caso del fracking todos nos hemos dado cuenta del gran poder social y hemos visto que la línea de participación es muy diferente a la de otras luchas sociales, porque aquí los grandes activistas han sido personas mayores, niños y jóvenes, mientras que en otras luchas parecidas nos hemos encontrado, sobre todo, a militantes ecologistas”, dice Txarli García, uno de los organizadores de este encuentro internacional sobre fracking y otros asuntos relacionados con el uso de energías renovables.

La posibilidad de realizar prospecciones y explotaciones de gas utilizando la técnica del fracking se incluyó en España en la ley de hidrocarburos en octubre de 2003. Esta ley se modificó en mayo de 2015 para incluir, entre otros, una serie de impuestos que deben pagar las empresas extractoras de gas. La modificación define más claramente la técnica como una “extracción no convencional de gas”. Tanto el PSOE como casi toda la oposición presentaron enmiendas para prohibirla, a pesar de que fue Patxi López quien más defendió esta práctica después de un viaje a Texas en 2011.

Pero el tira y afloja entre el Gobierno y las comunidades parece que está empezando a dar como vencedoras a las autonomías que se han manifestado en contra. O al menos, eso empieza a notarse en el campo entre tanto guirigay político en torno a este tipo de extracción de gas.

“El fracking nunca se hará en España. Lo hemos mantenido y lo mantendremos. Somos líderes en energías renovables y no necesitamos esto”. Las palabras de Julio Barea, geólogo y responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España son contundentes. Él mismo se encargó de presentar en mayo del pasado año en el Congreso un documento de firmas en el que participaron 20 partidos (excepto el PP) que se comprometieron a prohibir el fracking si llegaban al gobierno. “Normalmente, los permisos van muy despacio y hay yacimientos que afectan a dos comunidades autónomas, por lo que en ese caso se complican”, explica Barea, que admite que en muchas comunidades la movilización les ha pasado por delante a los movimientos ecologistas: “Ha sido una lucha de ganaderos, de agricultores y de gente de la calle”.

Precisamente el pasado 9 de septiembre todos esos partidos ratificaron su compromiso de prohibir esta técnica y paralizar cualquier proyecto de investigación o explotación de hidrocarburos no convencionales autorizados. PP, PNV, UPyD y CiU siguen sin estar en la lista de firmantes.

Más de 200 colectivos sociales se sumaron a la iniciativa StopFracking2015 con el objetivo de detener el avance de la fractura hidráulica en toda España. Esta iniciativa, impulsada por un total de 27 plataformas antifracking, ha sido respaldada por numerosos grupos sociales de diferentes ámbitos sensibilizados con esta causa. El mismo día de la firma tuvo lugar una concentración en la puerta del Ministerio de Agricultura.

Si Barea afirma que el fracking nunca se llevará a cabo, David Alameda, director general de Shale Gas España, opina todo lo contrario: “Sin duda, habrá fracking en España. A lo mejor nosotros, la industria, no hemos comunicado bien lo que queríamos y por eso está habiendo esta respuesta social. Como ingeniero de minas, yo certifico que mucha de la información que se ha dado a estas plataformas antifracking es falsa. Desde luego, la reacción social que está habiendo es coherente con lo que les cuentan, con un trabajo muy bueno que se ha hecho de desinformación a la sociedad. Y lo cierto es que todo esto ha acabado politizándose demasiado”.

Yolanda Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Apicultores de Burgos y propietaria de más de 600 colmenas en Las Merindades, está muy contenta cuando ve lo que se ha conseguido socialmente: “Si algo bueno ha hecho esto ha sido que nos ha unido a todos. Primero, nos hemos informado muchísimo, hemos traído a muchos expertos y hemos ido casa por casa contando a la gente lo que esos expertos nos han dicho. Ha habido manifestaciones, tractoradas, stands de información en las fiestas de los pueblos, pancartas en los ayuntamientos y en las fincas. El tema está muy presente. Y seguiremos luchando hasta que tengamos la certeza de que las empresas se han ido de aquí”.

Los catalanes lo consiguieron. Han logrado que el Tribunal Constitucional avale cautelarmente la prohibición que la comunidad dictó contra el fracking. Y es que, a pesar de los más de medio centenar de permisos concedidos para llevar a cabo prospecciones en más de siete comunidades, lo cierto es que los problemas y las limitaciones que cada una de ellas ofrecen a la hora de aplicar las leyes de su región, lo hacen complicado para las empresas. Mientras tanto, el Gobierno ya ha anunciado su intención de recurrir la ley del País Vasco que frena el fracking. Ésta fue aprobada por el parlamento autónomo en junio y pone trabas a la práctica de la fractura hidráulica. La ley vasca no lo prohíbe de manera genérica, sino que establece algunas trabas importantes que el Gobierno no considera adecuadas.

“Aquí nadie esperaba una reacción popular tan fuerte como la que ha habido. La clase política ha subestimado la sabiduría del pueblo, pero yo he estado en lugares dando conferencias donde la gente controlaba mucho este asunto. Y he tenido llenos absolutos. A la población el tema le interesa. Los políticos nos llaman ecologetas y perroflautas a quienes estamos en contra de esto, pero no lo somos. Es una lucha que va más allá”, confiesa Antonio Aretxabala, geólogo, profesor de la Universidad de Navarra y uno de los expertos que más ha llevado su mensaje antrifracking por España, no sólo a través de su blog, sino de sus charlas y conferencias desmontando que el fracking sea rentable y fácil de obtener, ya que el gasto energético que supone la extracción de gas es enorme. No hay agricultor ni ganadero de las zonas afectadas que no sepa quién es Aretxabala.

La fractura hidráulica no ha sido una fractura social en absoluto. Todo lo contrario. Ha servido para unir a muchos pueblos, para evidenciar que la lucha social muchas veces da resultados. La ley no lo ha prohibido definitivamente en todos lados, pero sí ha hecho que muchas personas recuperen el aliento por no ver en peligro sus tierras, sus cultivos y sus animales. La fractura hidráulica ha unido más a la gente y, sobre todo, ha evidenciado que la fuerza de los pueblos es a veces mucho más enérgica y poderosa que la de las grandes empresas.