El Gobierno de Pedro Sánchez comenzó con afanes regeneradores y transformadores, a pesar de su condición minoritaria y lo endeble de los acuerdos políticos que permitieron su llegada al poder. Uno de los temas donde las promesas fueron más agresivas es el energético.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, planteó una agenda que expertos calificaron de “shock” para transformar a la economía española en ejemplo de compatibilidad con los objetivos más ambiciosos que se persiguen en la Unión Europea en relación con el combate contra los efectos del cambio climático.
Son dos los objetivos medulares de la jurista madrileña que ahora concentra las competencias de Ecología y Energía: aprobar antes que termine la legislatura una Ley de Transición Energética que favorezca el uso masivo de energías renovables, y la elaboración de un plan que transforme la matriz de consumo en España en un plazo que culmina en 2030.
Los problemas han comenzado a aparecer. El primero es obvio: la obtención de recursos para semejante tarea que, entre otras cosas, impactará los indicadores de crecimiento y empleo.
La propia Ribera ha dicho que su plancostará, en una primera estimación, entre 70.000 y 80.000 millones de euros.
La funcionaria cree que puede llevar un esbozo de esa gran transformación a la vigésima cuarta Conferencia de las Partes (COP24), que se realizará este diciembre en la ciudad polaca de Katowice; sin embargo, los representantes del sector eléctrico en el país, por ejemplo, dicen que no ven claro ningún planteamiento concreto sobre esta estrategia.
Las prioridades
La administración socialista se plantea acelerar la “descarbonización” de España y, en rigor, no es un objetivo injustificado, pues en general se ha hecho poco en esta materia en los últimos 10 años, como lo evidencia el primer Barómetro de Transición Energética, realizado por el centro de
investigación especializado en el sector, Economics for Energy.
Un dato muy relevante es que desde 2010, las emisiones de CO2 en España son superiores a las de EEUU, medidas en relación con sus Productos Internos Brutos, lo que deja en evidencia que, en el caso español, ha habido un retroceso de una década, según los expertos que produjeron este reporte.
El abordaje de un proceso de transición ecológica en el uso de la energía es un postulado que se venía manejando durante la administración del ex presidente Mariano Rajoy, pero lo cierto es que el gobierno del Partido Popular (PP) no avanzó suficientemente, porque, de acuerdo con el reporte de Economics for Energy, no tuvo la voluntad política para vencer las resistencias de algunos sectores.
¿Y cuál es el Plan?
Una de las críticas que se le formulan a la ministra Ribera es que sus proyectos se concretan en anuncios que, aparentemente, no están respaldados por planes bien cocinados. Un claro ejemplo fue su ya célebre declaración sobre los “días contados” que tiene el uso del diésel y también el “impuesto al sol” o el Real Decreto RD 900/2015.
La propia funcionaria tuvo que aclarar que la idea en el caso del Diésel, no es prohibir el uso de forma abrupta, sino de generar nuevos incentivos para que se deje de utilizar, cosa que ya está ocurriendo, según sus propias palabras.
La ministra Ribera dijo: “No se trata de subvencionar la compra de un coche de lujo hiperlimpio sino de asegurar que el conjunto del parque avanza en la buena dirección. Probablemente, para hacer eso, no baste con una partida que subvencione la compra de un determinado modelo: habrá que pensar en el impuesto de matriculación, el tipo de coches que se producen, facilitar la sustitución del parque más profesional…”
En todo caso, nadie puede esperar que en una legislatura que se termina en 2020, en el mejor escenario para Sánchez, se hagan cambios profundos, pero de Ribera se esperan movimientos estratégicos más complejos.
Un tema relevante es la fiscalidad del sector automotor. La adopción de un nuevo protocolo de medición de las emisiones de CO2 de vehículos nuevos plantea el debate sobre si los impuestos de matriculación deben ser revisados. La idea de Ribera apunta a elevar la presión tributaria para acelerar la descontaminación, pero ello implica duras negociaciones.
En la UE hay preocupación sobre el compromiso de España con el control del cambio climático. De hecho, según el más reciente informe presentado a Bruselas, correspondiente a 2017, la administraciónRajoy asumía que las emisiones totales delpaís serán de 353,7 millones de toneladasequivalentes de CO2 en 2040.
Esta estimación supone un incremento de 18 millones de toneladas equivalentes en comparación con las emisiones españolas de 2015, lo que implica una admisión de que el país será incapaz –en teoría- de reducir sus niveles de contaminación en los próximos 25 años.
El órdago nuclear
Mientras el consumidor español enfrenta crecientes costes de acceso a la energía, especialmente la eléctrica, el ministeriopretende avanzar en unaestrategiaacelerada que genera incertidumbresobre los impactos sociales. Por ejemplo,Ribera insiste en una aplicación sinmatices del plan programático para elcierre de las centrales nucleares y, almismo tiempo, terminar también con las
centrales a carbón.
El problema es que, según un reporte de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en España se generaron 262.665 millones de kWh en 2017, de los cuales la fuente nuclear aportó 21,2%, la eólica el 18,3% y el carbón el 17,2%, lo que significa que 38,4% de la electricidad consumida en el país provino de las dos fuentes que el gobierno pretende suprimir aceleradamente.
El proyecto pendiente de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTYE), y su complementario Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 contemplan el “progresivo cierre de instalaciones contaminantes, con una “transición justa” que proteja a los trabajadores de sectores afectados por la transición”.
Ribera insiste en que las 15 centrales de carbón que operan en España también deben cerrar, porque, entre otras cosas, solo ocho han adaptado tecnologías para seguir funcionando después de 2020.
Respecto a la futura LCCTYE, la funcionaria ha señalado que debe recoger puntos fundamentales como la reducción de 20% de las emisiones para 2030 y en 90% para 2050, comparados por los niveles de 1990, un objetivo que todo el sector energético ve, a lo menos, complicado.
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