Más de 340 firmas de exministros, expresidentes autonómicos, embajadores, juristas y catedráticos del país suscribieron un manifiesto con miras a restituir la “tolerancia y la conciliación democrática”. Emplazaron al Gobierno a no desatender a los principios de legalidad en consonancia con el respeto a la figura del rey Felipe VI.
Esta diversidad de personalidades, de corrientes políticas adversas, como el PP y el PSOE, lograron ponerse de acuerdo en torno a un texto, cuyo fin es aquietar las aguas turbulentas del debate en las filas del Ejecutivo. Apelaron a que el Gobierno de coalición “ponga fin a las discrepancias internas». A la vez, a que “evite las divergencias públicas, realizadas por algunos de sus miembros contra la jefatura del Estado”.
Atentos al acontecer político e institucional de España y sus “preocupantes relaciones”, este amplio grupo decidió hacer un llamamiento de atención a todos, Gobierno, oposición y ciudadanía, con el propósito de retomar la vía de la “concordia y el respeto constitucional».
El manifiesto estuvo impulsado por Marcelino Oreja, José Luis Corcuera, Soledad Becerril, Ignacio Camuñas y Jesús Sancho. Así como por Jaime Rodríguez-Arana, Fernando Sanz Alonso, Javier Rupérez Rubio, José María Martínez-Val Peñalosa, Pedro Bofill, Juan Van-Halen.
También participaron Teresa Freixes Sanjuan, Jordi Casas i Bedós, Alejandro Cercas, Elena Faba, Rafael Martínez-Campillo García, José Antonio de Yturriaga, Eugenio Nasarre, entre otros.
La comunicación mencionó los desafíos del Gobierno y la sociedad en superar la pandemia de la COVID-19 y sus fuertes consecuencias. Exigieron, por tanto, a todos los poderes del Estado un «urgente y firme compromiso» para coordinar las administraciones y sus recursos, particularmente los sanitarios. De igual forma, para que deje a un lado sus intereses políticos y electorales.
Exigen al Gobierno respeto hacia el rey
Los firmantes pusieron un acento especial en la figura del rey Felipe VI, para lo cual piden al Gobierno que se reserve las desavenencias en el manejo del Estado y sus instituciones fundamentales.
Además, en el crítico documento hicieron hincapié en algunas manifestaciones que “vulneran gravemente la voluntad del pueblo español al aprobar la monarquía parlamentaria como forma política”.
El manifiesto insistió en emplazar al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y a los poderes públicos, al “respeto al rey Felipe VI como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser facilitadas”.
Esta es una clara alusión a los hechos ocurridos el 25 de septiembre. Fue entonces cuando el Ejecutivo omitió la invitación al rey al acto anual más importante del Poder Judicial en Barcelona. El desaire conllevó un inédito enfrentamiento entre varios ministros del Gobierno y la Corona.
Quienes suscribieron el documento precisaron que excluir al rey de los actos institucionales “es una forma de proceder que va en contra de los propios actos del Gobierno”. En consecuencia, reclamaron el apego a los principios del Estado social y democrático de derecho.
Instan al Gobierno «a que actúe de manera firme y terminante contra los comportamientos» que, desde determinadas instituciones autonómicas, siguen intentando «desestabilizar la democracia». Y con ello, «erosionan el sistema autonómico y la unidad de la nación española».
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