El gobierno de coalición elevó considerablemente su plantilla, a contracorriente de la crisis económica que deja la pandemia. En 2020 aumentó en 6,2% el número de trabajadores públicos en España.
En el año que recién finalizó se perdieron más de 360.000 empleos y quedaron 755.000 personas en ERTE. Pero en el sector público, la nómina se abultó durante la severa crisis sanitaria, tras miles de contrataciones.
Las Administraciones Públicas clasifican a su personal de dos formas. Los empleados públicos afiliados a la Seguridad Social y los que no están dados de alta porque pertenecen a alguna de las tres mutualidades existentes. Como la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas).
El número de afiliados a la Seguridad Social en las administraciones públicas se elevó en 159.680 personas. De esta forma el total de empleados públicos dados de alta se ubicó en 2.727.047 trabajadores, según los datos de afiliación a la Seguridad Social.
Si le agregamos a esa cifra, 984.867 mutualistas de Muface y los 360.050 titulares de Isfas. Así como los 58.253 titulares de Mugeju, el número total de empleados públicos alcanza los 4 millones en España. El incremento del número de empleados públicos contrasta con la caída del empleo privado, del 3,08%.
Más trabajadores públicos y menos en el sector privado
La mayor parte de las contrataciones en 2020 se han producido en la administración autonómica, que ha incorporado a 141.512 trabajadores (9,34%). Entre personal de las comunidades, sanidad, servicios sociales, educación, justicia, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles.
Mientras tanto, la administración estatal contrató a 8.196 trabajadores públicos (2,34%), que se distribuyen entre ministerios y las Cortes Generales. También en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado. Igualmente en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, fundaciones y sociedades mercantiles.
Asimismo, la administración local sumó a 9.970 (1,42%), entre ayuntamientos, cabildos, consejos, diputaciones. Organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles.
Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, La Rioja y País Vasco fueron las que más incrementaron el número de trabajadores públicos en toda España.
La comunidad foral contaba con 34.404 funcionarios en 2010 y ahora 38.547 en enero de este año. En Cataluña, por ejemplo, los empleados públicos son 6,5% más, en total 324.411. Asimismo, en la comunidad valenciana el aumento es de 2,4%. Y en Baleares, hay 1.478 empleados públicos más que en 2010 (2,66%) y en La Rioja, 534 más (3,24%). El resto de regiones han visto reducir el número de empleados públicos en la última década.
El ingreso mínimo vital se quedó en el camino
La política de ayuda a los más vulnerables, liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias, se ha quedado en el camino. El ingreso mínimo vital estaba ideado para ayudar a 850.000 hogares en España antes finales de 2020 o inicios de 2021 a más tardar.
El Ministerio de Inclusión y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han reconocido a casi 160.000 familias, después de sortear problemas burocráticos que han retrasado el beneficio. De esta manera, la prestación llegó en diciembre a unas 460.000 personas, es decir, a solo el 54% de las personas que lo requieren.
La causa principal por la que se deniegan las solicitudes tiene que ver con que los demandantes tienen más renta o patrimonio, -inclusive las dos cosas- que las requeridas para beneficiarse de esta ayuda. La segunda razón más común es el incumplimiento de lo exigido en materia de unidad de convivencia.
El ministro José Luis Escrivá señaló que en enero evaluará el diseño de estos requisitos. No descartó modificar alguno si fuera necesario para llegar a más gente. En cualquier caso insta a los que deniegan las solicitudes a que acudan a las rentas autonómicas. Pero estas, a veces, son incompatibles con la sola solicitud del IMV.
Entretanto, se eleva la plantilla de trabajadores públicos en España y queda pendiente el pago del ingreso mínimo a los más vulnerables.
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