En el último Consejo de Ministros de mayo, el Gobierno aprobó el ingreso mínimo vital (IMV), como una ayuda para los hogares más vulnerables. El beneficio económico llegaría a unos 850.000 hogares. A la vuelta de tres meses de vigencia, la prestación solo ha alcanzado a llegar a alrededor de 80.000 hogares, mucho menos menos del 10%.
El proyecto social, tal vez el más importante de la coalición PSOE-Unidas Podemos, se ha quedado sumergido y bloqueado en las trabas burocráticas y solicitudes fallidas por parte de las familias. Hoy su avance es reducido.
La nueva figura se suma al sistema de protección social y su aporte será de manera permanente. Según la disposición, el IMV cubrirá la diferencia entre los ingresos familiares (incluidos salarios) y el umbral fijado para los hogares de bajos recursos, denominado «renta garantizada». Además, la propuesta estaba dirigida a sustraer de la pobreza extrema a 1,3 millones de personas.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social informó que desde el 15 de junio, ha recibido casi 750.000 solicitudes de la prestación. Una cifra equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo. Pero al 20 de agosto, solo se han reconocido las peticiones de más de 80.000 hogares.
También indicó que “un 7,5% del total de las solicitudes se ha recibido por duplicado. Aparte, cerca de un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento han llegado con la documentación incompleta. Gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento, lo que implica que la entidad comunique al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida. Hasta la fecha, entre las revisadas hay más de 25.800 solicitudes pendientes de documentación”.
Por otro lado, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes. Más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema.
IMV o el colapso de ayuda a los vulnerables
Organizaciones políticas y sociales han levantado su voz de protesta y reclamo ante lo que han catalogado como “ineficiencia oficial” al implementar el IMV.
La nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, introdujo una solicitud de comparecencia para que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá explique el porqué del «colapso» de la ayuda.
“Lo llamaron escudo social y es un colador por su ineficacia. No se está cobrando. Exigimos explicaciones. ¿Solo les importaba la propaganda del Consejo de Ministros? Con los más vulnerables no se juega”, dijo.
Entretanto, Jaime de Olano, diputado de los populares cuestionó la actuación del gobierno en torno al IMV. “Se les llenó la boca hablando de justicia social, de dignidad y de derechos. Aseguraron que el 26 de junio, más de 250.000 ciudadanos lo tendrían en sus cuentas ingresado. Y al día de hoy, solo un 1% lo ha cobrado. Ni es mínimo ni es ingreso ni es vital. Solo propaganda”.
Ante las dificultades que encuentran los solicitantes está la tecnología. “No se puede dar por hecho que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a un ordenador. A conexión de Internet, a escanear documentos, así como las competencias necesarias para aportar toda la información”, señaló Ana Abril.
La coordinadora de incidencia política y comunicación de Cáritas Española destacó que “es fundamental abreviar y simplificar los trámites. Que haya un acuerdo entre ayuntamientos y comunidades autónomas para que sea posible solicitarlo de la forma más sencilla posible y presencial”.
Ajustes en la tramitación
El ministro José Luis Escrivá, señaló que para realizar una exhaustiva evaluación del IMV habrá que esperar a finales de septiembre. Ese es el plazo “que inicialmente nos dimos” y por ello se estableció que quien solicite la prestación hasta el 15 de septiembre tendrá efectos retroactivos en su cobro al 1 de junio, si cumple los requisitos.
Al respecto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, comentó que “nadie come de forma retroactiva”.
Escrivá sostuvo que como resultado de los trabajos iniciales se ha reconocido ya la prestación a más de 80.000 hogares. Esto supone una nómina, si tenemos en cuenta la que pagaremos ahora en septiembre, de 120 millones de euros en 3 meses.
“Nadie come de forma retroactiva”
Pepe Álvarez, secretario general de UGT
El instituto desplegó diferentes iniciativas para mejorar el proceso de tramitación. Desarrolló un protocolo de intercambio de información con las comunidades autónomas para el traspaso de datos de las solicitudes resueltas.
Asimismo, habilitó un procedimiento de cruce masivo de datos con la Agencia Tributaria. Y, llegó a acuerdos con cerca de 150 ayuntamientos para que estos aporten directamente la información referida al padrón municipal necesaria para tramitar el IMV.
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