En las imágenes difundidas por los medios se ven hileras de personas esperando su turno para la vacunación. Paradas o en sillas bien alineadas y, en casi todas las regiones del planeta. El detalle está en ese “casi”, que se hace hasta la fecha, mayoritario y aplastante. El acceso a las vacunas dista mucho de la equidad que han exigido organismos mundiales y voces razonablemente escuchadas, como las del Papa Francisco.
Por los momentos, las naciones más aventajadas por su solidez económica y por financiar las investigaciones y en ensayos científicos de sus laboratorios, han recibido las dosis esperadas. De hecho, los habitantes de los países ricos y de ingresos medios han recibido cerca del 90% de las vacunas entregadas hasta ahora.
El resto de países, que son la mayoría, está a la espera de ayudas, de exoneración de pagos y de la solidaridad de los poderosos. Algunos piensan que será en 2022 y años siguientes que reciban las dosis.
Naciones Unidas, FAO, OMS, Amnistía Internacional, Global Justice Now y Oxfam, entre otras organizaciones, piden equlibrio en la distribución de las vacunas. Exigen además, que los gobiernos occidentales utilicen facultades poco aplicadas, para forzar a las empresas a compartir su experticia, publicar las fórmulas de las vacunas y redoblar su fabricación.
La entrega de vacunas hasta la fecha no es nada equitativa, con países de ingresos más altos que persiguen acuerdos de compra anticipada de vacunas candidatas con una velocidad que rivaliza con el acaparamiento de artículos de papel por parte de los hogares al principio de la pandemia, pero con consecuencias más nefastas.
El limitado acceso de los más pobres a las vacunas
El Centro de Innovación en Salud Global de Duke maneja datos sobre la inequidad existente entre los países en el acceso a las vacunas.
Señala que Canadá lideró el grupo de naciones al ordenar dosis suficientes para vacunar al 434% de su población. El Reino Unido no se quedó atrás, con dosis suficientes para el 364% de su población. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos cuentan con tratamientos para vacunar al 233% y al 200% de sus poblaciones, respectivamente.
Si bien tener los recursos para capturar una parte significativa del mercado era clave, esa no era la única forma de pasar al frente de la línea. Gobiernos como el de EE UU que invirtieron en investigación de vacunas pudieron reservar las compras de dosis de los fabricantes en los que estaban invirtiendo. Otros países negociaron acuerdos de fabricación, que ayudaron a India y Brasil a reservar dosis. Y Perú, que ha soportado una gran carga de casos y muertes, se ofreció a servir como un sitio de ensayos clínicos para acercarse a esos tratamientos.
A finales de abril, 6.200 millones de las actuales 8.900 millones de dosis compradas a nivel mundial se han destinado a países de ingresos altos y medianos altos.
Entretanto, Covax, una iniciativa internacional para asegurar dosis a 92 países de ingresos bajos y medianos, ha comprado solo 1.100 millones de dosis. Si sumamos las compras directas de 1.500 millones de dosis realizadas por las mismas naciones, está claro que solo se podría llegar a una pequeña fracción de la población de estos países. Muy por debajo de lo que se necesitaría para frenar la propagación y frustrar el desarrollo de nuevas variantes de la COVID-19.
La comunidad internacional despierta y EE UU acepta liberarla
Estados Unidos anunció la semana pasada que estaba a favor de levantar las patentes de las vacunas para ampliar su acceso. Una medida excepcional en un momento en que los países pobres carecen de las preciadas dosis, claves para frenar la pandemia.
«Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la COVID-19 exigen medidas extraordinarias», dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.
«El gobierno cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual”, añadió. “Pero para detener esta pandemia, apoya el levantamiento» de las patentes. Asimismo indicó que Washington estaba participando «activamente» en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sin embargo, las patentes están sobre todo en manos de los laboratorios estadounidenses, que se oponen a su eliminación porque, según ellos, esto les privaría de una ganancia financiera necesaria para compensar sus costosas innovaciones.
Mientras, la Unión Europea mantiene su posición de diálogo, pero asegura que es un proceso complejo que no avista una solución a corto plazo. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a EE UU exportar los componentes de la vacuna.
Respeto a los derechos humanos
Aministía Internacional mantiene la campaña “un pinchazo justo: acceso universal al diagnóstico, tratamiento y vacuna de la COVID-19”.
Sostiene la organización que los estados están obligados a garantizar que las vacunas estén disponibles, sean accesibles y asequibles y de buena calidad para todos sin discriminación. Las empresas farmacéuticas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y ampliar el acceso a los medicamentos para todos.
En mayo de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano decisorio de la OMS, reconoció “la función de la inmunización extensiva contra la COVID-19 como bien de salud pública mundial”. De igual forma, el secretario general de ONU añadió que debía ser accesible para todas las personas. Desde entonces, 140 figuras públicas, expertas y expertos mundiales se han sumado a un llamamiento mundial en favor de una vacuna universal que se ponga “a disposición de todas las personas, en todos los países, de forma gratuita.
En ese sentido, Greenpeace advierte que aunque no es una organización humanitaria, está sensible con las penurias que ha traído esta pandemia. Entonces ideó la campaña GreenpeaceSigueContigo. Está dirigida “a tejer colaboraciones desde la humildad pero también desde la responsabilidad social”. Emprende tres acciones: respaldar la intervención humanitaria, reforzar la seguridad y fortalecer la comunidad.
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