Luis De Jesús | @Luisdejesus_
Las fotos de un grupo de influencers y socialités sobre el tepuy Kusari de Canaima disfrutando de un esplendoroso atardecer mientras agitaban tragos y lucían trajes de gala y calzando zapatos deportivos, volvieron a encender las alarmas. Los parques nacionales de Venezuela corren el peligro de sufrir daños irreversibles.
Las prácticas que vulneran los ecosistemas están establecidas en el Plan de Ordenamientos de Uso de Parques Nacionales. Las autoridades deben evitarlas, pero no hace. Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología; Carlos Peláez, miembro de la ONG Provita, y el guía turístico Jonás Alvarado advierten del impacto profundo que causan las actividades irresponsables en Canaima, el Ávila, el archipiélago de Los Roques y Morrocoy. Las prácticas corrosivas estén ocurriendo con más frecuencia de lo que se comparte en redes sociales.
Normas según cada parque
El biólogo y ecólogo Carlos Peláez, de la organización Provita, explica que las características de cada parque determinan qué actividades están permitidas para los visitantes. «Se basa en los estudios de un ecosistema particular y de su capacidad de soportar un numero determinado de turistas y recuperarse satisfactoriamente», explicó.
Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, agregó que las áreas protegidas en Venezuela —monumentos naturales, parques nacionales, refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre— cubren el 26% del país y han sido decretadas por su biodiversidad, relevancia ecológica y poseer bellezas escénicas
«Todas las actividades que se realizan fuera de las permitidas degradan los ecosistemas y disminuyen la resiliencia que puedan tener ante fenómenos naturales como tormentas, incremento de la temperatura, intensificación de las lluvias, o ante eventos antrópicos como derrames petroleros, incendios, contaminación», expresó.
Inparques y su presupuesto absurdo
Morón afirmó que el Instituto Nacional de Parques no recibe un presupuesto acorde con su responsabilidad y ha incidido en su capacidad de monitorear y de controlar lo que ocurre. Con la mengua del presupuesto, que calificó de absurdo, hay menos personal calificado y carece del equipo para cumplir su labor.
«La institucionalidad ambiental del país incide en un manejo errático que responde a decisiones políticas y no técnicoambientales. No cabe duda de que los ilícitos ambientales son mayores que los reflejados en las redes, encuestas cualitativas y la percepción general de los ciudadanos», expresó.
La responsabilidad de las prácticas no permitidas en zonas protegidas es del Estado, que no cuenta con una política ambiental congruente y por enfocarse en el extractivismo, enfatizó Morón.
Los responsables
Indicó que Inparques y el Ministerio de Ecosocialismo son los responsables de hacer cumplir las leyes. El primero tiene jurisdicción en los parques y monumentos naturales, mientas que el segundo en los refugios, reservas y santuarios de fauna silvestre.
Considera que es urgente que las áreas protegidas cuenten con un presupuesto suficiente, personal capacitado y entrenado, además de un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso y planes de gestión.
Peláez afirmó que el Estado venezolano incumple sus funciones en cuanto a la conservación y la soberanía del territorio venezolano. «Lo que ocurre al sur del Orinoco -tala masiva de árboles y explotación ilegal de recursos naturales y minerales- es una consecuencia del Arco Minero del Orinoco que ha fomentado para obtener recursos al cualquier precio.
Sostuvo que los ciudadanos tienen la responsabilidad de documentar y educar, sobre la preservación del medioambiente y la biodiversidad, pero corren el riesgo de convertirse en enemigos del Estado. «La ciudadanía tiene que comenzar por documentar y educar. ¿Por qué no digo defender lo suyo? Porque en este momento defender lo suyo significa enfrentarse a grupos violentos», advirtió Peláez.
Siempre habrá un impacto
Las actividades turísticas siempre tendrán un impacto en el ambiente, pero explicó que la idea del turismo sostenible es que el daño sea lo suficientemente pequeño como para que el ecosistema siga funcionando. «Al incumplir las normas se vulneran los ecosistemas. En el caso de la fiesta, por ejemplo, se hizo un claro en la vegetación para que los invitados estuvieran ahí; esos son claros que no se recuperan porque la deforestación sobre los tepuyes es prácticamente imposible de recuperar», apuntó.
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología manifestó que es fundamental que se retomen los programas de educación ambiental y sensibilización. También recomienda crear una cultura que favorezca la conservación de las áreas naturales a través de la valorización, arraigo y disfrute armonioso con la naturaleza mediante paseos dirigidos en las áreas protegidas. Todas las personas están en el deber de informarse para no incurrir en ilícitos ambientales.
“No hay transparencia”
El director de Educación de la ONG Provita criticó que no haya transparencia en el manejo de los parques nacionales. Señaló que ha habido actividades permisadas por el Instituto Nacional de Parques, como las carreras de bicicleta en el Ávila, y otras que no han tenido los permisos, pero las autoridades responsables no han prestado atención a los daños causados
En el caso del Kusari, dijo que se supo de la fiesta por el «descuido» de algunas personas que estuvieron involucradas, que publicaron un flyer o postearon una foto. Aunque después el Ministerio Público, a cargo de Tarek William Saab, designó fiscales para que investigaran los posibles daños causados en el Kusari, Morón duda que realmente se hagan las averiguaciones.
Expresó que las instituciones deben ser transparentes y promover el libre acceso a los datos para que todos conozcan el estado de conservación de las áreas. Recomienda trabajar con las universidades para contar con la mejor evidencia y promover la ciencia ciudadana para vincular a los usuarios con el conocimiento y protección de los espacios naturales.
¿Efecto de la “recuperación” económica?
Se especula que debido a la exasperación por captar divisas, en medio de la agobiante crisis económica, el régimen de Nicolás Maduro ha permitido desmanes en los parques nacionales. «El mal llamado crecimiento económico, que no es más que una liquidez de efectivo sin un origen claro, no es justificación para una construcción o actividad ilícita que atenta contra los recursos de las generaciones presentes y futuras», afirmó..
Contó que cuando ha salido de campo las vías no tienen la afluencia de vehículos de años anteriores y el problema de la gasolina fuera de Caracas es grave. Agregó que las posadas y los hoteles no han recuperado los picos de huéspedes de años previos a la inflación de 2011.
«Son más las posadas cerradas o deterioradas que las nuevas construcciones. Las crisis económicas inciden en uso directo de la diversidad biológica. Eso se ve reflejado sobre todo en las clases más vulnerables: búsqueda de leña por falta de gas, cacería al no poder adquirir la cesta básica, comercio ilegal de especies para ingresos monetarios. Si eres una empresa o un empresario con dinero para invertir, no puedes pensar a corto plazo porque lo que hoy dañas no te generará dinero en 10 o 20 años. Destruiste el paisaje, agotaste el recurso. ¿Por qué construir ilegalmente o realizar actividades contrarias a la ley en el 20% de territorio que tiene una mayor relevancia ecológica? Es un comportamiento que responde a la ignorancia, la opulencia y la irresponsabilidad de una clasecon apoyo en el gobierno», explicó.
Destrozos al sur del Orinoco
Peláez afirmó que las actividades que vulneran los ecosistemas en los parques nacionales no tienen que ver con el desarrollo de la actividad turística ni económica. Si ese fuese el caso se acatarían, pues están establecidas para que el turismo permanezca en el tiempo y crezca. «Si no se están acatando las normas, entonces tiene que ver con el ejercicio del poder de ciertas personas. En lugar de garantizar la protección y armonizar la actividad económica con la conservación de estos espacios, se están desvalorizando las reglas que protegen esas zonas extremadamente diversas.», añadió.
Provita ha documentado los destrozos al sur del Orinoco generados por la explotación ilegal y desproporcionada del oro y otros minerales. Desde la ONG intentan evitar tragedias ambientales: documentan, denuncian y trabajan para que las autoridades cumplan su trabajo.
«Uno de los lemas de Provita es trabajar con todos. Aparte de documentar, de denunciar en el sentido de publicar lo que documenta, media para que las autoridades cumplan sus funciones», expresó Peláez.
Subrayó que la violencia que se registra al sur del Orinoco es responsabilidad del Estado que ha desmantelado las instituciones y el Estado de derecho.
Reducción de proyectos de investigación
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología advirtió que la dificultad en obtener los permisos, la asfixia presupuestaria de las universidades y la incertidumbre en el acceso a los servicios públicos han reducido radicalmente los proyectos de investigación en las áreas protegidas.
«Son pocos los proyectos que han podido continuar o iniciar. Lo que sabemos es que la minería ha destruido más de 3.000 hectáreas de parques y monumentos al sur del Orinoco. La deforestación y los focos de incendios han aumentado en los últimos 20 años, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Hemos perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque», expuso.
Roraima, uno de los más solicitados
El fotógrafo y guía turístico Jonás Alvarado dijo que el tepuy Roraima es uno de los más solicitados por los visitantes en el Parque Nacional Canaima y advirtió que tendrá un impacto negativo. Es un ecosistema muy frágil. «Hay una rana, por ejemplo, que solamente existe allí. Las personas las agarran y muchos no saben eso. Son cosas que empeorarán a medida de que suban más personas al tepuy».
Dijo que los guías y las empresas responsables de los recorridos deben cumplir los reglamentos y hacérselos llegar a cada turista. Sin embargo, afirmó que esas medidas deben reforzarse para que esos lugares puedan disfrutarse por mucho más tiempo, con mayor responsabilidad y sin que tenga tanto impacto del ser humano.
«Simplemente hay que enfocarnos en saber qué lugar vamos a visitar y conocer lo delicado que es a cualquier tipo de cambio. Cualquier desecho que puedas botar contamina el agua o el suelo», manifestó.
Alvarado explicó que en Canaima los indígenas se rigen por sus propias leyes y los habitantes originarios de estas zonas deben acatarlas.
Patrimonio de la Humanidad destruido
Expresó también que el Estado venezolano debe esforzarse mucho más para conservar las áreas protegidas. Recordó que el Parque Nacional Canaima es Patrimonio de la Humanidad, y que así como le otorgaron ese título, también se lo pueden quitar al ver que estos espacios indígenas, ancestrales, están siendo administrados de una manera irresponsable.
Alvarado indicó que 90% de los tepuyes que hay en Canaima no han sido estudiados y que aún falta por descubrir animales y plantas. Añadió que en Venezuela hay más de 115 tepuyes y no todos se pueden visitar. Otro de los más conocidos es en Kukenán. Las aguas más limpias que existen en el planeta están por esas formaciones.
Daños irreversibles en Los Roques
Una investigación de Armando.Info, firmada por la periodista María Antonieta Segovia, reveló que un grupo de empresarios ha levantado ocho excéntricas construcciones en Los Roques, con la venia del Instituto Nacional de Parques y el Ministerio de Turismo. Afirmó que las concesiones se saltan toda la normativa dispuesta para proteger los enclaves naturales más vulnerables de Venezuela.
Aseguró que varios locales se han aprovechado de la situación para invadir algunas zonas de Cayo Pirata y que a otros les han ofrecido viviendas en la isla Gran Roque, pese a que ya alcanzó su capacidad máxima de carga. «Vienen barcos de la Armada con camiones cargados de materiales para (la construcción de) las casas ilegales», manifestó la fuente.
Las concesiones ¿suspendidas?
Las concesiones de actividades comerciales, recreacionales, turísticas y de servicios en el archipiélago estuvieron suspendidas desde el año 2004 por un decreto publicado en la Gaceta Oficial 37.917, hasta el 15 de abril de 2014.
Un reportaje de la Alianza Rebelde Investiga señala que el parque ya alcanzó su máxima capacidad de carga y no cuenta con el mantenimiento adecuado de sus fuentes de energía y recursos. «El colapso de sus servicios públicos ha potenciado el impacto sobre el ambiente. La basura, que debería ser transportada a tierra firme, solo se colecta y se quema en Gran Roque; las aguas servidas se vierten en una ‘laguna de oxidación’ que con frecuencia se desborda y hace que los líquidos terminen en el mar», describe la investigación, que firman Lorena Meléndez, Nadeska Noriega y María Josefa Maya.
Jonás Alvarado dijo a este diario que las construcciones están acabando los ecosistemas que albergan Los Roques: los arrecifes de corales, más de 90 tipos de aves y cientos de especies marinas, entre las que se encuentran tortugas en peligro de extinción. «Es bastante grave lo que se está viviendo”, opinó.
El cerro Ávila y Morrocoy
Las advertencias se extienden a otros parques nacionales de Venezuela. En el cerro Ávila se ha denunciado que las autoridades han sido permisivas con las actividades de motocross y ciclismo, además de la tala de árboles por la escasez de gas doméstico y las construcciones ilegales.
En Morrocoy ha habido un aumento del número de lanchas para el traslado de turistas, además de los derrames petroleros que con frecuencia afectan la costa venezolana.
«Los animales que hacen vida en la montaña comienzan a irse. Se sienten amenazados. Esto no puede permitirse. Lo están haciendo ver como si fuese una manera correcta y mientras siga pasando, el desgaste del suelo será mayor hasta el punto ser un daño irreparable», expuso el guía turístico.
«El uso de tantas lanchas es grave. Está acabando con muchos arrecifes y mucha vida marina. Acelera la pérdida de los arrecifes y la muerte de los corales. Es uno problema totalmente ignorado. Se repite los fines de semanas y no hay control alguno de Inparques», agregó.
Publicado en El Nacional
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