Por lanzar aguas residuales sin depurar a mares y ríos, España ha pagado hasta ahora más de 32,7 millones de euros. El millonario monto abonado hasta ahora se suma a la factura que impuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como sanción fija por incumplimientos en julio de 2018.
La multa fija se impuso entonces por el vertido de aguas residuales en 17 aglomeraciones urbanas. No obstante, para el momento que se emite la sanción ocho aglomeraciones ya estaban dentro del cumplimiento de la directiva europea. Pero otras nueve incumplían la norma que España debe acatar sobre la depuración de aguas residuales en vigor en territorio de la Unión desde 1991.
La UE confirma hoy lo que Greenpeace lleva años denunciando: la contaminación por aguas residuales, el factor que más afecta a la calidad de las aguas españolas. Una asignatura pendiente x la que han condenado a España a una multa millonaria https://t.co/8NhIPUirMe pic.twitter.com/qTNqjIR4KQ
— Greenpeace España (@greenpeace_esp) July 25, 2018
España viola directiva medioambiental europea sobre aguas residuales
Justo cuando se emitió la sanción para España, Greenpeace hizo un análisis de las nueve localidades incluidas en la multa: Isla Cristina y Matalascañas en Huelva, Barbate y Tarifa en Cádiz, Nerja y Coín en Málaga, Valle de Güímar en Tenerife y Gijón en Asturias.
En el análisis se parte del problema sustancial en este asunto: las plantas depuradoras de aguas residuales, que no funcionan bien, no están bien diseñadas o no son suficientes frente al exagerado crecimiento de la población, especialmente en verano, cuando millones de turistas llegan a estas aglomeraciones urbanas.
El análisis sostiene que entre las causas que generan el gran problema de aguas residuales en España se encuentra en la falta de mantenimiento de las instalaciones de las depuradoras y en la poca inversión en infraestructura. A este panorama se suma una serie de puntos de vertidos ilegales que no se sabe exactamente cuáles son ni dónde están.
La Directiva 91/271/CEE de la UE establece normas para recoger, tratar y verter las aguas residuales. Los países de Unión Europea están obligados a recoger y tratar las aguas residuales en poblaciones con una densidad mayor a 2.000 habitantes. Además, deben aplicar un tratamiento secundario a estas aguas.
Si la población es superior 10.000 personas y están en áreas sensibles se debe aplicar un tratamiento más avanzado. Las nueve localidades en España señaladas por la multa superan los 2.000 habitantes hasta llegar a 271.843 habitantes en Gijón. Si a esto le sumamos los turistas en el verano ¿cuál es la capacidad de depuración de cada planta?
Trasladar pagos a municipios y ayuntamientos
Hasta ahora es la mayor multa en la historia de España. El Gobierno ha considerado trasladar el pago de los numerosos millones de euros a las comunidades y ayuntamientos. El Ministerio para la Transición Ecológica argumenta que el manejo de las aguas residuales es competencia de los municipios.
Desde el momento de la multa hasta ahora solo se han solucionado los problemas de la planta depuradora de Tarifa, que en 2018 requería ampliación y obras de mejora. Una investigación apuntaba que los niveles de contaminación de la planta superaban los límites fijados hasta 26 veces. Una macrocausa abierta por delitos ambientales, de acuerdo con Greenpeace.
En la causa eran investigadas diez personas, tres de las cuales eran los alcaldes de los municipios Arafo, Candelaria y Güímar, todos responsables de la gestión de la planta depuradora del Valle de Güímar. Ahora, la pregunta sería, ¿cuando se habla de que es la única planta depuradora que ha solucionado los problemas causantes de la multa se refieren a estos problemas de ampliación, mejora y delitos ambientales?
Desde el Gobierno se examinan 3.500 medidas de saneamiento y depuración. Además tiene previsto realizar 86 obras de depuración hasta 2023 con una inversión millonaria.
En materia de aguas residuales a España le queda tela para cortar y muchos millones que desembolsar sea en mejoras o en pago de multas.
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