Una sorpresiva decisión de la cámara baja del parlamento suizo echa por tierra el fallo climático obtenido por un grupo de mujeres jubiladas y, casi todas abuelas. Esa instancia rechazó una decisión judicial que ordena a Suiza hacer más para combatir el calentamiento global. Una medida que podría alentar a otros a resistir la influencia de los tribunales internacionales en estas causas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo emitió una sentencia sin precedentes. En abril señaló que Berna había violado los derechos humanos de un grupo de mujeres mayores suizas, las KlimaSeniorinnen, al no abordar el cambio climático.
El TEDH consideró una violación del artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) por parte de las autoridades suizas al no proteger a sus ciudadanos de la crisis del clima y sus consecuencias.
La cámara baja decidió seguir los pasos de la cámara alta. Y aprobó una moción no vinculante con 111 votos a favor y 72 en contra, criticando el «activismo judicial» del tribunal. Argumentó que no había razón para tomar más medidas porque Suiza ya estaba haciendo lo suficiente.
Los legisladores denunciaron la «interferencia» del tribunal en la democracia suiza y uno calificó el fallo de Estrasburgo de «erróneo» ante la observación de varias mujeres mayores que llevaron el caso a ese tribunal.
Jean-Luc Addor, uno de los diputados del derechista Partido Popular Suizo (SVP), el partido más grande del parlamento, pareció burlarse de las mujeres. Al criticarlas por presentar un caso «porque son demasiado calientes en el verano», reseñó Reuters. Se refería al argumento de las ‘abuelas’ de que los esfuerzos del gobierno son inadecuados para combatir el cambio climático y las ponían en riesgo de morir durante las olas de calor.
Parlamento suizo es crítico al fallo climático
De un plumazo la cámara baja del parlamento suizo frustró la labor de concienciación minuciosa que adelanta KlimaSeniorinnen o Mujeres Mayores para la Protección del Clima. Una organización integrada por más de 2.500 jubiladas -de 65 a 80 años- preocupadas por el cambio climático y decididas a actuar para cambiar el curso de los acontecimientos. Su valentía y rigor en sus actuaciones les ha valido el respaldo de vecinos, instituciones y activistas climáticos.
En 2020 denunciaron al Estado suizo por no hacer lo suficiente para “cuidar de ellas” y dejarlas a expensas del impacto del calentamiento del planeta. En específico las olas de calor que tanto afectaron su salud.
Los parlamentarios suizos aprobaron, tras un amplio debate, una declaración crítica frente a la sentencia del Tribunal Europeo. Reconocieron su valor y la importancia de sus sentencias en materia de derechos humanos. Sin embargo enfatizaron que Suiza ha respetado todos sus compromisos internacionales en materia climática.
En ese sentido, el órgano legislativo pidió al Ejecutivo suizo que exponga a los demás Estados miembros del Consejo Europeo los esfuerzos y las medidas concretas que se están tomando en el país, recogió EFE-Climática. Estos Estados reconocen la competencia del TEDH.
Según un reciente sondeo, la mayoría de los suizos (56%) cree que no se debe aplicar la sentencia del Tribunal Europeo porque la cuestión climática es un tema que no corresponde a ese alto juzgado.
La encuesta también revela que el rechazo a la sentencia está muy polarizado. Solo el 5% de los partidarios de la ultranacionalista Unión Democrática del Centro (UDC) ―el partido con mayor presencia en el Parlamento― quiere que se aplique la sentencia. Mientras que el porcentaje salta al 76 % para los simpatizantes del partido de Los Verdes.
Terrible y vergonzosa posición
La decisión del parlamento suizo de contrariar el fallo climático del Tribunal Europeo ha traído inconformidad y estupor tanto en KlimaSeniorinnen como en analistas. La votación se produce días después de que la extrema derecha obtuviera avances considerables en las elecciones de la Unión Europea
«Esto es terrible desde la perspectiva del Estado de derecho», afirmó Corina Heri, investigadora de derecho de la Universidad de Zúrich, y agregó que «todo el sistema se desmoronaría» si muchos estados comenzaran a elegir qué sentencias cumplirían.
Rosmarie Wydler-Wälti, copresidenta de KlimaSeniorinnen, señaló que estaba consternada por la declaración del parlamento y que no era digna de un Estado de derecho. “La declaración es una traición a nosotras, las mujeres mayores, y a todos aquellos que sufren las consecuencias reales del calentamiento global hoy y en el futuro”.
Un estudio realizado por médicos y científicos del clima encontró que 60% de las muertes por olas de calor en Suiza en el verano de 2022 fueron el resultado del cambio climático y que las mujeres mayores resultaron las más afectadas.
«Es realmente vergonzoso lo que acaba de pasar», comentó Stefanie Brander, de 68 años, después de la votación, con la voz temblorosa de ira. «Es un insulto y una falta de respeto a nuestros derechos que fueron confirmados por un tribunal internacional».
Afuera del parlamento, un pequeño grupo de manifestantes climáticos estaba sentado sosteniendo carteles que decían «traicionado», «conmocionado» y «alarmado».
Isabela Keuschnigg, investigadora jurídica de la London School of Economics, indicó que si el gobierno se niega a implementar el fallo, podría «sentar un precedente preocupante, socavando el papel de la supervisión legal en la gobernanza democrática».
Grave precedente
Si se formalizara una posición de esa envergadura no tendría precedentes en el Consejo de Europa, destacó Keuschnigg. Pero también sería evidencia de un retroceso político contra la acción climática internacional, especialmente después de los amplios avances de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo de este mes.
Suiza, que no forma parte de la UE, celebrará en noviembre el 50º aniversario de su ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La convención lo compromete legalmente a implementar las sentencias del tribunal. Evelyne Schmid, profesora de derecho internacional en la Universidad de Lausana, resaltó que los estados pequeños como Suiza tienen un interés particular en respetar los tratados internacionales y que la declaración de los políticos pondrá al gobierno federal en una posición difícil.
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