Mientras miles de latinoamericanos todavía celebran el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos al no suspender el programa migratorio DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), el presidente Donald Trump advirtió que seguirá adelante contra ese mecanismo que protege de la deportación a unas 700.000 personas que arribaron al país de manera ilegal cuando eran niños y les otorga la posibilidad de trabajar legalmente.
Desde su llegada a la presidencia, Trump la ha enfilado contra el programa que en forma ejecutiva creó la administración del expresidente demócrata Barack Obama, en 2012. El procedimiento fue criticado en su oportunidad por distintos sectores y líderes conscientes de que difícilmente el Congreso le habría dado luz verde, con las dos cámaras en manos de los republicanos. El entonces fiscal general Jeff Sessions anunció en septiembre de 2017 la rescisión del programa, una medida que quedó en el aire la espera de la resolución de la Corte, que llegó casi tres años después.
El Supremo en su fallo no fue contra el DACA sino contra el procedimiento. Los jueces ratificaron la decisión de ilegalidad de tribunales inferiores a lo ocurrido en 2017 y calificaron de “arbitrario y caprichoso” el intento del Departamento de Justicia de anular DACA. Pero este hecho dejó las puertas abiertas para una próxima apelación que ya el mandatario dijo que hará.
«La Corte Suprema nos pidió que volviéramos a presentar el DACA. No se perdió ni se ganó nada. Ellos ‘golpearon’, al igual que en un juego de fútbol (donde esperamos que representen nuestra gran bandera estadounidense). En breve enviaremos documentos mejorados para cumplir adecuadamente con el fallo y la solicitud de ayer de la Corte Suprema», escribió Trump en Twitter.
DACA y el peso político de una decisión
Desde su creación en el año 2012, DACA ha sido uno de los programas mejor valorados por la ciudadanía, incluso entre los republicanos. Concede a los beneficiarios, conocidos como “dreamers” (soñadores) un permiso de trabajo que deben renovar cada dos años, aunque no constituye un camino a la plena ciudadanía.
Entre los requisitos para optar al programa están los siguientes:
- Haber entrado en EE.UU. antes de cumplir los 16 años y antes de 2007
- Estar escolarizados o licenciados del Ejército
- Tener menos de 31 años el 15 de junio de 2012
- No haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional
De acuerdo al Gobierno, más del 90% de los beneficiados tienen empleo, 45% estudia y según defensores del DACA 30.000 trabajan dentro del sistema sanitario, algo fundamental en tiempos de la COVID-19.
«Me siento sorprendida y aliviada al mismo tiempo. Honestamente, no pensaba que iban a decidir sobre el caso hoy y no pensé que fallarían a nuestro favor. Siento que la pandemia ayudó… Algo bueno salió de esto. Creo que les hizo darse cuenta un poco más de que no podían terminar con el programa porque hay mucha gente que trabaja en medicina», dijo a la BBC Jennifer Rubio, enfermera de 24 años nacida en México.
La lucha de los “dreamers” sigue
En plena campaña para su reelección, la decisión del Supremo será un tema que agitará el debate político, donde en los últimos meses se sumaron la gestión del Ejecutivo a la crisis que ha ocasionado la pandemia del SARS-CoV-2, que convirtió a los Estados Unidos en el país con mayor número de infectados y de fallecidos. Y la del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, que por casi nueve minutos colocó en el cuello su rodilla hasta asfixiar al hombre de 46 años.
Los defensores de los “dreamers” saben que, tal como lo indicó Trump, la lucha sigue.
«Por un día descansamos. Mañana nos tenemos que levantar sabiendo que el camino es largo«, dijo Sindy Benavides, directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
La decisión 5-4 de la corte sobre la supuesta “ilegalidad” planteada por la administración de Trump se alcanzó con los votos a favor del presidente de la Corte John Robert y de los magistrados Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Los cinco votaron en la semana por proteger los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales en el lugar de trabajo.
Tanto los “dreamers” como las organizaciones que le representan esperan que más pronto que tarde, el Congreso adopte una reforma migratoria que ofrezca una solución permanente al estatus legal de unos 13.000.000 de inmigrantes ilegales que se estima viven en los Estados Unidos.
«La decisión de hoy se debe reconocer como lo que es: un esfuerzo por evitar una decisión políticamente controvertida pero legalmente correcta», escribió el juez conservador Clarence Thomas.
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