En su informe final sobre el juicio del procés, la Fiscalía determinó que durante el 1-O se produjo un golpe de Estado con uso de la violencia.
El organismo expuso ante el Tribunal Supremo las razones para dictar una sentencia condenatoria a los independentistas catalanes encausados por rebelión.
Según Zaragoza se impuso la violencia
Javier Zaragoza, primero de los cuatro de la Fiscalía en intervenir en la presentación del informe, sostuvo que lo ocurrido en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, fue “la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales».
Precisó: «El objeto de este juicio, la razón por la que están siendo juzgados los acusados, nada tiene que ver con criminalización de la disidencia política. La razón es, ni más ni menos, haber intentado liquidar la Constitución española de 1978. Es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos. Y utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesaria».
El acusador de la Fiscalía hizo hincapié en que ninguno de los procesados ha querido asumir responsabilidades. Y que todos, dijo, gestaron «un sanedrín» para conformar «el estado mayor del procés«.
Indicó que para la Fiscalía, en el desarrollo del juicio existen tres pilares que vertebran la rebelión y que facilitaron la celebración del referéndum del 1-O. En primer lugar el parlamentario el cual brindó la cobertura necesaria para llevarlo a cabo. Luego el pilar ejecutivo, en el que la Generalitat fue la maquinaria. Y en tercer plano el pilar de las asociaciones civiles, que aseguró que lo dinamizaron Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
El fiscal sostiene que el ex vicepresidente Oriol Junqueras es un «experto en sofismas». Para él reclamó 25 años de prisión. Esgrimió que el encausado protagonizó «un ejercicio de cinismo sin precedentes», al haber acusado al Estado de no querer dialogar. Y Lo acusó de ser «uno de los más importantes promotores de estos hechos delictivos y el motor principal de la rebelión».
Fiscalía acusa a Joaquim Forn por actitud delictiva
Seguidamente aludió al exconsejero de Interior Joaquim Forn. Declaró: «Él conocía perfectamente esto. Avanzar en el referéndum era una actitud delictiva desde el principio al final. Estuvo informado de todo». Y apuntó que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, fue la persona que transmitió la información a los rebeldes.
«En apariencia acataban la orden judicial, pero en la práctica incumplían el uso de la fuerza para hacer cumplir la legalidad», añadió Zaragoza.
En relación con los incidentes del 20 de septiembre en las inmediaciones de la Consejería de Economía, el representante de la Fiscalía aseguró que se produjo «un estado de excepción de facto”.
«Lo excepcional es que hubiera una manifestación para parar a la Guardia Civil. Lo anormal es que hubiera 40 mil personas. Y que dos señores se convirtieron en los dueños del orden público en Barcelona», expresó en referencia a Cuixart y Sànchez.
Moreno: cinco asuntos clave para el encausamiento
Seguidamente se pronunció el también representante de la Fiscalía Jaime Moreno, quien abordó cinco asuntos que los consideró son clavé para el desarrollo del juicio.
«Si hubo violencia, si fue suficiente para el delito de rebelión, si hubo nexo causal entre esa violencia y la finalidad de la declaración de independencia, si los acusados tuvieron conocimiento de que se producirían enfrentamientos y si se sirvieron o instrumentalizaron esa violencia».
Para el delegado de la Fiscalía, al valorarse estas respuestas se ratifica la acusación de rebelión con la que se llegó al juicio del procés.
Moreno resaltó que durante los sucesos hubo 93 agentes lesionados, lo que refleja que «fue claramente una conducta violenta». Y que los responsables fueron los acusados, que no desconvocaron el referéndum pese al aviso de los Mossos de que ocurrirían enfrentamientos.
Madrigal asegura que hubo malversación criminal
Durante la presentación de la Fiscalía al Supremo intervino seguidamente la jurista Consuelo Madrigal, quien se avocó al análisis del delito de malversación que atribuye a nueve de los doce acusados.
«Así es como actúan las organizaciones criminales. Y les resulta muy sencillo hacerlo cuando ocupan las más altas responsabilidades en una comunidad autónoma», subrayó.
Como «maniobras de encubrimientos» calificó la fiscal las actividades que utilizó el Govern para financiar el referéndum. «Todas ellas de esa organización criminal. La contratación del referéndum se hizo de forma irregular», apuntó.
Cuantificó en cerca de tres millones de euros el desvío de fondos para financiar el 1-O. Llamó la atención sobre el hecho de que la Generalitat fue «perjudicada» y no esté personada en este juicio. Según la Fiscalía, esto revela «la evidencia escandalosa del control de los acusados sobre la Administración catalana».
Y según Cadena hubo levantamiento e insurrección
Finalmente habló el fiscal Fidel Cadena, para quien «la Constitución ha sido horadada, vejada y humillada desde el principio hasta el final».
Pronunció: «Este procés es un proceso continuado y permanente en el tiempo. Hubo un levantamiento, una insurrección contra los pilares de los cimientos del estado democrático».
A su modo de ver, el uso de la violencia fue clave durante el 1-O. “No solo el utilizar energía física para crear una situación determinada implica el empleo de fuerza. También el mantenerse, resistiendo, en una determinada situación previamente creada, que solo podría ser modificada por el empleo de otra energía física en sentido contrario, se subsume bajo el concepto natural de fuerza”, puntualizó.
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